Futuro de Petro en el Consejo de Estado

Gustavo Petro sigue en jaque. Sabe que esta semana la justicia lo podría dejar de nuevo por fuera del cargo. Volvió al Palacio Liévano el 22 de abril (después de haber estado un mes por fuera), gracias a una tutela que presentó un ciudadano y que falló la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión le ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituirlo en menos de 48 horas, al considerar que se debieron acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado al alcalde, el 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos.

Pero esta semana habrá decisiones judiciales en las altas cortes alrededor de su caso que definirán los alcances de las últimas movidas de quienes lo quieren fuera del cargo y de quienes quieren que termine su período como alcalde mayor de Bogotá. El Consejo de Estado tiene cinco días hábiles para determinar si le otorga medidas cautelares al mandatario, mientras se pronuncia de fondo sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que él interpuso, y cuya respuesta puede demorarse más.

El tema le tocó por sorteo al magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve. El mismo que ha argumentando que al alcalde se le vulneró el debido proceso con el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años. Él fue uno de los que salvó su voto cuando en la misma corporación revocó las 23 tutelas que inicialmente habían suspendido los efectos de la destitución.

Por eso los petristas ven con esperanza que Arenas sea el encargado de otorgar o no las medidas cautelares a Petro, porque de ser así se suspendería la sanción hasta decidir sobre la nulidad, y aseguraría, al menos en los tiempos jurídicos, que finalice como alcalde. Sin embargo, Arenas también estudia un concepto de la Procuraduría frente a la solicitud de medidas cautelares, radicado el pasado 2 de mayo. El documento señala que no existen méritos para concederlas porque al alcalde se le habría respetado el debido proceso y resuelto todos los recursos interpuestos.

En ese fuerte pulso, de llegar a perder, Petro quedaría a la deriva de otra decisión judicial que pronto deberá resolver la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, encargada de revocar o no el fallo de tutela que lo devolvió al puesto.

Una sentencia que impugnó el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente Juan Manuel Santos. El Ministerio Público radicó su apelación el 25 de abril, argumentando que el fallo de primera instancia indujo a un error al presidente, porque interpretó de forma indebida e incorrecta el marco jurídico alrededor de las medidas cautelares que otorgó la CIDH.

Además, porque las medidas se le reconocieron a Petro y no a sus electores, razón por la cual el promotor de la tutela carecería de legitimidad para solicitar el cumplimiento de las medidas a favor del alcalde. En esa misma orilla, la Presidencia mantuvo el argumento con el que hizo efectiva la destitución de la Procuraduría: las medidas cautelares de la CIDH no son vinculantes. En este escenario, también por reparto, el estudio de las apelaciones le correspondió al magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien desde el pasado martes cuenta con 20 días para definir si confirma o revoca la tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, debido a la trascendencia del caso, podría tardar menos.

En caso de que se deje en firme la tutela, poco importaría la suerte de los demás procesos que cursan en la justicia colombiana. Las medidas cautelares de la CIDH se mantendrían hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (superior de la Comisión) decida de fondo sobre la demanda interpuesta por Petro ante el Sistema Interamericano. Esto a no ser que exista antes una decisión de fondo en la justicia colombiana que tumbe la destitución del Ministerio Público, como la nulidad que pide Petro.

El Espectador consultó fuentes en este alto tribunal que sostienen que la Corte Suprema acogería los argumentos de las impugnaciones presentadas por Santos y Ordóñez y, por lo mismo, revocaría el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Por lo pronto, este enredo jurídico, cada vez con menos salidas, podría dejar una vez más por fuera del Palacio Liévano a Gustavo Petro. Sobre todo si esta semana el Consejo de Estado no le otorga las medidas cautelares. En ese apocalíptico escenario para la administración de la ciudad, probablemente reasumiría como alcaldesa encargada la secretaría de Hábitat, María Mercedes Maldonado.

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@Natal1aH