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El máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA) viajará a Bolivia junto con el secretario de Asuntos Políticos del organismo interamericano, Dante Caputo, quien ha desempeñado en los últimos meses un papel muy activo en la mediación del conflicto.
La crisis política en el país andino ha sido abordada además en varias ocasiones en el Consejo Permanente de la OEA, en sesiones en las que han participado el canciller boliviano, David Choquehuanca, y otros ministros del Gobierno del presidente Evo Morales.
El organismo internacional considera que el hecho de que el Ejecutivo boliviano y los opositores autonomistas hayan decidido iniciar finalmente un proceso de diálogo nacional para tratar de superar la crisis política “supone un acercamiento manifiesto” de las partes en conflicto.
La mesa de diálogo quedará instalada después de que la crisis en Bolivia se agravara en las últimas semanas por una ola de protestas y violencia en varias regiones del país y forzara una cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) celebrada con urgencia en Santiago de Chile.
La detención del Gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, hizo temer un nuevo recrudecimiento de la tensión, pero el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas -uno de los más duros opositores a Morales-, y su colega tarijeño, Mario Cossío, han decidido firmar el preacuerdo que sienta las bases para empezar a dialogar.
Las conversaciones entre el Gobierno y sus opositores autonomistas se iban a iniciar mañana en la ciudad de Cochabamba (centro) pero el presidente boliviano ha planteado a los prefectos opositores iniciarlas este miércoles.
Dependiendo de cuándo se inicie finalmente el diálogo, Insulza podría verse obligado a cambiar sus planes de viaje, pero en principio prevé llegar este jueves a Bolivia, según la OEA.
El Gobierno y la oposición abordarán el reparto de la renta petrolera, y cómo compatibilizar la nueva Constitución impulsada por Morales con los estatutos autonómicos aprobados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En el proceso mediarán representantes de la Unión Europea (UE), la Iglesia Católica, Unasur, la OEA y la ONU.
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