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En una conferencia en Bruselas, los expertos han hablado ante representantes de más de 70 multinacionales de los peligros del uso de esas sustancias, entre las que figuran retardantes de fuego con bromo para evitar incendios en los circuitos o plásticos que se acumulan en el medio natural y en los tejidos de los seres vivos.
Fuentes del Secretariado Internacional de Químicos (ChemSec), una de las organizaciones que participó en el acto, explicaron que se trata de químicos que figuran una amplísima gama de productos cotidianos.
Algunas empresas, como el fabricante textil sueco Hennes and Mauritz (H&M) o el consorcio de telefonía sueco-japonés Sony Ericsson, han comenzado a sustituir las sustancias nocivas por otras alternativas, lo que les sitúa por delante de sus competidores, explicaron fuentes de la citada organización.
El objetivo de la lista de sustancias es llamar la atención sobre las mismas para que la Agencia Europea de Sustancias Químicas, con sede en Helsinki, obligue a su sustitución, señalaron por otra parte fuentes del Instituto Sindical español de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).
También pretende informar a la industria de aquellas sustancias que a corto plazo serán previsiblemente prohibidas, para que pueda comenzar a anticipar esos cambios e informar a los consumidores, según la misma fuente.
El pasado junio comenzó a funcionar la Agencia Europea de Sustancias Químicas, con sede en Helsinki, que tiene como misión registrar, evaluar y autorizar -o, en su caso, prohibir- la utilización de sustancias químicas de forma uniforme en todo el territorio de la UE.
Para ello aplica la nueva legislación europea de productos químicos, conocida como el reglamento REACH.
Esta normativa establece un sistema único para medir la peligrosidad de unas 30 mil sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano, como los cosméticos, los tejidos sintéticos y las latas de conserva.
La normativa establece que las sustancias de toxicidad probada sólo obtendrán autorización si no existen alternativas menos nocivas y por un periodo máximo de cinco años, al objeto de incentivar el desarrollo de sustitutivos.
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