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El gobierno ha desestimado en el pasado las acusaciones de la organización y ha sido crítico con sus acciones. Armando Valladares, secretario general de Human Rights que tiene sede en Nueva York, aseguró en una rueda de prensa que “una prueba de que la libertad de expresión está en riesgo” es el caso de la gobernadora de la provincia de Sucumbíos, Guadalupe Llori, que permanece detenida tras protestas violentas en la Amazonia hace más de un año y también está acusada de supuestos actos de corrupción.
Por ese caso, Human Rights denunció al gobierno del presidente Rafael Correa ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, “pidiéndole que active el procedimiento de acción urgente y ordene al gobierno la liberación inmediata de la prisionera política Guadalupe Llori”.
El gobierno ha negado cualquier tipo de persecución a la funcionaria. Valladares también anticipó investigaciones por denuncias recibidas relacionadas a “maltrato a los periodistas, por la falta de respeto” por parte del gobierno y también de estudiantes universitarios que recientemente se enfrentaron con partidarios del gobierno y que protestaban contra el proyecto de nueva Constitución que será sometido a referendo a fin de mes.
Recientemente, el presidente Correa se refirió a Human Rights diciendo que “están defendiendo a los ricos, a los pillos (ladrones) de este país, así que no sean tan sinvergüenzas”.
Aleksander Boyd, vicepresidente de Human Rights, aclaró en la rueda de prensa que “nosotros no tenemos ninguna posición ideológica, nuestra posición es sencillamente la de defensa de los derechos humanos”.
Durante el anuncio de apertura de la oficina de la organización en Ecuador estuvieron presentes el ex vicepresidente Blasco Peñaherrera, y estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil que denunciaron hace poco agresiones por parte de oficialistas la presencia de Correa en ese centro educativo.
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