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Aprueban en primer debate proyecto de ley que sanciona pasajeros agresivos

La propuesta se había planteado anteriormente en el Congreso, sin embargo, no había prosperado.

Y aunque Avianca informó que va a reubicar a los pasajeros en orden de llegada y de acuerdo con el espacio en sus aviones, hay viajeros que están esperando hace horas una solución.
Pasajeros agresivos podrían enfrentar sanciones económicas y penales.
Foto: Óscar Pérez

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La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que endurece las sanciones contra los llamados pasajeros disruptivos, aquellos que protagonizan conductas violentas, irrespetuosas o agresivas en aeropuertos y a bordo de aeronaves. La iniciativa, reiteradamente solicitada por los trabajadores del sector, es un avance para enfrentar una problemática que, según el gremio, viene en aumento tanto en Colombia como a nivel internacional.

“Los trabajadores de la industria aérea celebramos este importante paso que constituye un proceso hacia la dirección correcta, con el fin de garantizar entornos seguros y libres de violencia en el sector aéreo; tanto para los pasajeros como para quienes prestan sus servicios como auxiliares de vuelo y personal en tierra”, afirmó Carlos Roncancio, asesor legal del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia (Sintratac).

De acuerdo con estadísticas del sector, los principales afectados por estas conductas son los miembros de la tripulación, quienes reportan agresiones físicas y afectaciones psicológicas por parte de pasajeros que, con actos hostiles, ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los trabajadores. El sindicato ha reiterado en múltiples ocasiones que la falta de herramientas legales ha dificultado la protección tanto del personal de vuelo como de los pasajeros.

El proyecto de ley, que ahora deberá surtir nuevos debates en el Congreso, busca sancionar de manera los actos de violencia, agresión o irrespeto en aeropuertos o vuelos, en el que se incluyen desde multas hasta medidas penales.

Las sanciones se aplicarían de acuerdo a la gravedad de la infracción, como dicta el documento, en que se proponen multas “hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, suspensión, restricciones temporales al servicio de transporte aéreo, cancelación de licencias, matrículas o registros; suspensión de la utilización de bienes o servicios; suspensión o cancelación de permisos o cualquier autorización expedida por esta autoridad”, indica el proyecto.

El avance legislativo fue recibido como un triunfo por el sindicato, que insiste en la necesidad de que el Congreso y el Gobierno Nacional acompañen la iniciativa hasta su aprobación definitiva. “Valoramos el compromiso demostrado por los congresistas que integran la Comisión Séptima y hacemos un llamado respetuoso, pero enfático a esa corporación en pleno y al Gobierno Nacional para que acompañen esta iniciativa hasta su aprobación definitiva, en defensa del trabajo digno y seguro, y de la integridad de todos los actores que intervienen en la prestación del servicio público de transporte aéreo”, puntualizó Roncancio.

El gremio recordó que esta no es la primera vez que se intenta avanzar en una legislación de este tipo, pero que en ocasiones anteriores los esfuerzos no prosperaron. Ahora, con un contexto de mayor visibilidad y respaldo, confían en que la iniciativa pueda superar todos los debates y convertirse en ley.

 

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