Por una financiación de la política pública y transparente

Colombia no es ajena a esta situación.  En primer lugar, por el altísimo costo de las campañas políticas. Se dice, por ejemplo, que una campaña para Senado puede costar alrededor de dos mil millones de pesos y una para el Concejo de Bogotá cerca de quinientos mil millones. En segundo lugar, por la injerencia de dineros provenientes de actores y de actividades ilegales en la política, que por este medio buscan cooptar instancias de poder a nivel local, regional y nacional.  Y en tercer lugar, por la frecuente utilización de la financiación privada como un mecanismo para incidir en la toma de decisiones públicas (léanse contratos y concesiones)  para beneficio propio. Si bien ha habido avances en el marco normativo sobre la financiación de las campañas y de la política, y también propuestas populares, pero no por ello necesariamente eficaces, como por ejemplo la prohibición de la financiación privada, aún persisten vacíos que impiden la transparencia y la equidad en el financiamiento, y sobre todo, controlar la presencia de la ilegalidad en la política. Algunos de estos vacíos se pueden subsanar con nuevas leyes, pero otros, que tienen que ver con prácticas y costumbres políticas, sólo pueden modificarse con la voluntad y el compromiso de los principales actores de la política: candidatos y partidos políticos, financiadores privados, funcionarios del Estado, medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía.

Para comenzar a superar estos obstáculos, y así la ley no lo exija, ¿por qué todos los precandidatos presidenciales no asumen el compromiso público de dar a conocer desde ya los mecanismos de recolección y el origen de los recursos de sus campañas y sus gastos?  Y ¿por qué las personas y las empresas que los están financiando, incluyendo a los medios de comunicación, no hacen igualmente públicos sus aportes en dinero y en especie a los aspirantes? De esta manera estarían marcando un precedente importante y contribuyendo a combatir la cultura del secreto que tanto daño le hace a la política y que incide en que cada vez más ciudadanos la asocien con corrupción.

Y estarían demostrando que las promesas de cambiar la forma de hacer política, tan en boga entre todos los precandidatos presidenciales, los que ya se lanzaron y los que aún no lo han hecho, son más que buenas intenciones. Y un paso muy importante para que la ciudadanía en general y el sector privado en particular asuman un papel más activo en la vigilancia de la financiación electoral y denuncien la corrupción política. Sería una demostración de responsabilidad social pública.