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El impulso del gobierno del presidente Gustavo Petro por atenuar la producción de combustibles fósiles y la extracción de minerales no se detiene. Ahora levanta ampollas en el sector minero con la decisión de no renovar la delegación minera de Antioquia, único departamento del país que contaba con este beneficio. El asunto es legal, pero controvertido. Para algunos analistas, tiene más de política que de argumentos técnicos.
“Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia”, anunció en la red social X el mandatario de los colombianos.
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Tras el anuncio, varias fueron las críticas que cayeron sobre la administración Petro. Desde la gobernación de Antioquia señalan que la delegatura minera, “le ha permitido (al departamento) ejercer como autoridad en los campos de titulación y fiscalización”. Destacan que este departamento es el mayor productor de oro de Colombia, con exportaciones mineras que superan los US$2.800 millones y “un enorme potencial por desarrollar”.
“La pérdida de la delegación minera no solo impactará negativamente en la generación de empleo y la atracción de inversiones, sino que también podría tener consecuencias desfavorables para el desarrollo de infraestructuras y servicios esenciales en la región”, señaló Eva Cristina Manotas, decana (e) de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín.
Mientras tanto, el exministro de Hacienda del gobierno pasado, José Manuel Restrepo, calificó la decisión de “equivocada” y frena la descentralización que tanto reclaman desde las regiones. “Antioquia ha demostrado de sobra su capacidad para administrar titulación, formalización y fiscalización, con avances muy importantes como ser el primer departamento minero de oro de Colombia”, afirmó en la red social X.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) mostró preocupación por esta movida y destacó la tradición minera de Antioquia: el 3 % de su PIB es minero, el 67 % de las exportaciones proviene de la actividad extractiva y el año pasado se destinaron $89.813 millones a proyectos de inversión social beneficiando a más de 534.000 familias en la región.
La importancia de la actividad extractiva de Antioquia radica en que concentra cuatro proyectos mineros estratégicos para el departamento y el país: Buriticá, Gramalote, Quebradona y el desarrollo del Bajo Cauca antioqueño.
Sesgo ideológico
“La medida tomada por el gobierno central es injustificada y tiene un sesgo ideológico inaceptable y dañino”, remarcó el exministro de minas, Juan Camilo Restrepo. En la red social X manifestó: “Es una medida centralizadora con sesgo ideológico no explicado pero evidente: alegando el deseo de proteger a la pequeña minería lo que revela es el propósito de traerse para las fauces de la burocracia bogotana una institución que funciona satisfactoriamente a través de la secretaría departamental de asuntos mineros”.
Efectivamente, el presidente Petro señaló que la decisión de eliminar la delegatura minera a Antioquia busca recobrar “nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.
La Agencia Nacional Minera (ANM) señaló en un comunicado que esta entidad estatal, como ente rector de la actividad minera en el país, “reasumirá a partir del primero de enero de 2024, las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a la Gobernación de Antioquia”. La decisión del gobierno del presidente Petro no está por fuera de la ley, ni es improcedente, vale aclarar.
Sin embargo, para el exministro Juan Camilo Restrepo, “la verdadera descentralización no consiste en hacer reuniones tontorronas con los gobernadores y alcaldesa amigos en la casa de Nariño. Es ante todo una actitud consecuente con la constitución del 91 que rompió las amarras centralista de la carta de 1886, pero que aparentemente este gobierno quisiera volver a reimplantar”.
Por su parte, el gobernador electo, Andrés Julián Rendón, se unió al coro de rechazo a la medida y, en entrevista con este diario, aseguró que “es una retaliación más de las varias que ya ha tomado Petro contra Antioquia”. Y agregó: “Petro está empecinado en concentrar más poder, diciendo que las regiones que son incapaces, que no son competentes para hacer funciones que demandan un gran conocimiento del territorio. Pero, en todo caso, esa es la razón por la que esa decisión del gobierno Petro es altamente inconveniente y le pone un freno de mano al desarrollo regional en un tema tan clave para Antioquia como es el minero”.
En respuesta al gobernador electo, Petro denunció que en Antioquia la minería “ha quedado en buena parte dominada por grupos armados”.
Sin embargo, de acuerdo con cifras de la ACM, en Antioquia se ha logrado 40 % de la formalización de mineros del país. “Desde el sector minero esperamos que con esta decisión no se afecten los principios constitucionales de la función administrativa: imparcialidad, celeridad, eficiencia y economía, entre otros”, dijo el gremio. La asociación también le pidió a la Agencia Nacional de Minería hacer un proceso de transición en el menor tiempo posible y en el que no se afecten los trámites que están en curso por parte de otros solicitantes del país.
Nueva visión de la minería
La estatal ANM reiteró que con la retoma de la delegatura minera “busca irrigar en el territorio nacional la nueva visión de la minería del actual gobierno, conservar un enfoque único en las diferentes entidades territoriales, y llevar integralmente la oferta interinstitucional del Estado a un departamento afectado por graves problemas de informalidad, ilegalidad y criminalidad, así como manifiestas expresiones de conflictividad social-ambiental alrededor de esta actividad económica”.
Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, explicó que la decisión fue de carácter técnico y que las delegaciones se venían otorgando desde 2013, cuando se creó la agencia. Aunque anteriormente lo hacía el Ministerio de Minas y Energía.
Por eso, sostiene que ese permiso tenía una vocación de permanencia, lo que va en contra vía de una sentencia de la Corte Constitucional que señala que no se pueden delegar funciones de manera permanente en las entidades territoriales.
Pardo resaltó que la delegación sí puede ser transitoria, pero para que sea permanente se necesita una ley orgánica que le transfiera a una función de una entidad del orden nacional, a una territorial.
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El gobierno afirmó que “la contratación y titulación minera no será interrumpida” en la región. Continuará “la evaluación de las más de 1.500 propuestas en trámite, para lo cual fortalecerá su equipo técnico (minero y ambiental) y jurídico”, según la ANM.
Además informó que en enero de 2024 presentará los criterios establecidos para la elaboración del programa de relacionamiento con el territorio, previo al otorgamiento de contratos de concesión, y “pondrá en marcha las audiencias públicas mineras a nivel nacional, que incluirá el departamento de Antioquia”.
Finalmente, desde la facultad de Minería de la universidad Nacional piden “un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno, la industria minera y las comunidades locales para encontrar soluciones que equilibren el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y el bienestar de la población”.
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