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En un fallo en respuesta a una demanda, el Consejo de Estado instó al Gobierno Nacional para que solicite un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a los ataques de las Farc contra la población civil.
Además, la decisión ordena abrir investigaciones para aclarar lo sucedido y hallas a los responsables del hecho, que según el documento, incluyen tanto al Estado Colombiano como a sus organismos de seguridad.
«El Consejo de Estado exhortó al Gobierno Nacional a que pida un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ha ocasionado el grupo insurgente Farc» señala un comunicado del alto Tribunal.
El Consejo de Estado recalcó que es obligación de la Policía proteger a los pobladores del territorio nacional, exceptuando que se demuestre que hubo culpa de la víctima, de un tercero, o fuerza mayor que impidieron ejercer ese importante deber.
La decisión se produce tras una millonaria indemnización que ordena pagar a la Policía por un atentado guerrillero sucedido el 11 de enero del 2000 en Puerres (Nariño), fecha en la cual fue destruida una vivienda junto a la estación de Policía de esa localidad y que en consecuencia, afectó a la familia que se encontraba allí.
En ese sentido, el alto Tribunal hallo responsable a la Policía, que por su parte deberá pagar $227 millones por perjuicios morales y materiales a la familia.
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