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El Ministerio de Trabajo resultó ser una de las carteras más estratégicas para el presidente Petro. En su despacho se gestaron dos de las tres reformas que pedaleó el Gobierno en el Congreso. De las cuales, una fue aprobada y está siendo reglamentada (la laboral), mientras que la otra (la pensional) obtuvo el aval legislativo y está a la espera de la revisión final por parte de la Corte Constitucional.
Bajo el liderazgo de Antonio Sanguino, el ministerio también ha impulsado acciones menos visibles en otras administraciones, pero alineadas con el discurso de Petro: un respaldo constante al sindicalismo, el protagonismo del salario mínimo vital y un uso más activo de las inspecciones laborales, entre otras.
Detrás de la gestión de Sanguino también hay numerosos críticos, quienes advierten que estas medidas pueden tener efectos adversos en la economía, como el encarecimiento de la contratación, presiones inflacionarias, recortes de personal y desincentivos a la formalidad.
Los expertos señalan que aún es muy temprano para ver el impacto que, en 2026, han generado apuestas ambiciosas como el salario vital. Pero bajo la lupa del ministro, las cifras dicen que los ajustes que se han hecho han sido los necesarios. En entrevista con El Espectador, Sanguino también contó lo que se viene para los meses que le restan al gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuál es su análisis sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el inicio del año?
Los que han anunciado catástrofes se han quedado con los crespos hechos. Cada vez que el Gobierno toma decisiones como esta o presenta proyectos como la reforma laboral, surgen voces que pronostican colapsos económicos, aumento del desempleo o inflación desbordada. Nada de eso ha ocurrido.
Según cifras del DANE, la inflación en enero fue de 5,35 %, apenas ligeramente superior al cierre del año anterior (5,10 %) y similar a la de enero de 2025 (5,22 %). En febrero, la inflación fue del 5,29 %, lo que demuestra que el salario vital no es inflacionario.
La inflación depende más de factores como el costo de alimentos, insumos, transporte, aranceles y las tasas de interés del Banco de la República, que encarecen el crédito.
En cuanto al desempleo, también se mantiene estable o en caída, con tasas que estánentre las más bajas del siglo. El crecimiento económico fue del 2,6%, superior al promedio de la OCDE (1,7 %). La informalidad también ha disminuido: pasó del 58% en 2022 al 55,3% en 2026.
Sumado a esto, cada vez se generan más empleos formales que informales. Esto nos hace sentir optimistas sobre el desempeño económico, especialmente porque el incremento del 23% en el salario mínimo genera una demanda agregada importante de COP 830.000 millones al mes, cerca de COP 10 billones al año, lo que se convierte en un consumo multiplicador.
¿Qué cree que pasará con la revisión del Consejo de Estado sobre este decreto?
Creo que el Consejo de Estado deberá tener en cuenta estas cifras positivas, ya que adoptó una decisión inusual al solicitar la expedición de un decreto provisional y suspender uno que ya estaba vigente. El único antecedente en esta materia se remonta a 2017, a partir de una demanda presentada en 2015, cuyo pronunciamiento se produjo cuando ya no tenía efectos prácticos.
En este caso, la actuación fue acelerada, pues en apenas 40 días desde la entrada en vigor del salario mínimo vital se adoptó una medida cautelar. No obstante, confío en que, en su evaluación de fondo, se consideren los efectos positivos que esta medida ha tenido sobre la economía y el conjunto del mercado laboral.
Sería desafortunado un pronunciamiento del Consejo de Estado en medio de una coyuntura electoral con un asunto tan sensible para los colombianos. No creo que vuelvan a repetir la equivocación que cometieron hace varias semanas
¿En qué va el paquete de alivios para las MIPYMES que anunció hace unas semanas junto al ministro de Hacienda?
Estamos preparando un decreto y evaluando su pertinencia en el marco de la emergencia económica. Teníamos preparada esa decisión para la primera emergencia económica que fue suspendida por la Corte Constitucional. Se incluían tasas diferenciales en impuestos, especialmente en renta, ya que no es equitativo que una MIPYME pague lo mismo que una gran empresa.
Además, junto al Ministerio de Comercio tenemos listas líneas de crédito adicionales para estas empresas y lanzaremos el programa Crea Empleo, que otorgará subsidios de hasta el 30% por cada salario mínimo para MIPYMES que contraten población vulnerable, particularmente población en condición de discapacidad, mujeres víctimas de la violencia y jóvenes que buscan un primer empleo.
Para el mes de abril estaríamos abriendo esta convocatoria.
Hemos notado una mayor frecuencia en las inspecciones laborales ¿En qué es lo que más están fallando las empresas?
El país se está dando cuenta que el ministerio tenía una competencia que seguramente no se estaba usando con el suficiente potencial. Siempre hay conflictos laborales. En nuestro observatorio de la conflictividad sociolaboral registramos 1.000 conflictos laborales al año en Colombia.
Este es un país que tiene un mundo del trabajo donde hay violaciones a las normas laborales, una vulnerabilidad en relación con riesgos laborales, o con la seguridad y la salud en el trabajo.
También han surgido nuevos retos relacionados con el cambio tecnológico, climático y normativos, como la propia reforma laboral y los convenios con la OIT que son ratificados por el Congreso. Por ello, expedimos una nueva reglamentación de inspección laboral. Expedimos una resolución que modifica los manuales de inspección e incorpora una metodología que agrupa quejas y permite intervenciones simultáneas en distintas regiones.
Además, priorizamos el diálogo social por encima de las sanciones, pues nos interesa más promover la instalación de mesas de concertación que permitan resolver los problemas identificados en el mundo laboral, antes que centrarnos en la imposición de multas.
Más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales ¿Cómo atacar de una forma más agresiva este malestar?
Sobre la informalidad, es un problema estructural que no depende únicamente de la reforma laboral, ni del Gobierno del Cambio. Es un fenómeno crónico de nuestro aparato productivo. Se combate principalmente con crecimiento económico, porque eso permite que se generen más empleos formales.
Lo segundo es que la informalidad no solo se supera con un contrato laboral formal. También se puede reducir garantizando una base de protección social para ese trabajador informal o por cuenta propia. Estamos avanzando en programas para trabajadores específicos, recicladores, artistas y trabajadores de la economía popular, garantizando acceso a salud, pensión y riesgos laborales, como está establecido en la reforma laboral.
Tercero, estamos reglamentando las acciones que emprenderemos para que se formalicen sectores de trabajadores que constituyen una parte importante de la fuerza laboral. Ya formalizamos 410.000 aprendices del SENA, aspiramos a formalizar 440.000 trabajadores de plataformas, 60.000 madres comunitarias y cerca de 500.000 trabajadoras domésticas. En el sector rural, donde la informalidad alcanza el 83%, también avanzaremos en la formalización.
¿Cómo funcionarán estas bases de protección social?
Se financiarán con recursos del Ministerio del Trabajo y con aportes de los trabajadores al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), también con los programas de subsidio a la pensión.
El trabajador aporta una parte. Por ejemplo, en el caso de quienes han cotizado hasta 300 semanas, si tienen más de 40 años y se encuentran en la informalidad, el Ministerio del Trabajo subsidia un porcentaje importante para que puedan seguir cotizando y así asegurar su pensión al final de su vida laboral.
¿Qué esperamos del Ministerio de Trabajo en la recta final del Gobierno Petro?
Buscamos dejar en marcha la reforma laboral, que sea un legado que no quede en letra muerta y que sea irreversible. Esperamos que la Corte Constitucional destrabe la reforma pensional para que empiece a entrar en vigor. También fortalecer el empleo en las MIPYMES y consolidar la inspección laboral.
¿Qué debería mantener el próximo ministro o ministra de trabajo?
Los legados que recibe el próximo ministerio se deberán cuidar y garantizar.
El próximo ministro o ministra deberá garantizar la continuidad de estos procesos, especialmente el enfoque de salario mínimo vital y el impulso al Estatuto del Trabajo, que esperamos radicar, con el presidente Petro, el 20 de julio. A quien entre a liderar esta cartera laboral le tocará, con el nuevo Congreso, que ese estatuto se discuta, trámite y tenga una resultado exitoso.
Este Estatuto es una deuda histórica desde 1991. Por eso es que también decimos que se necesita una constituyente, porque si el Congreso no es capaz de cumplir con esa promesa, pues necesitamos un escenario distinto para que se haga.
El actual Código Sustantivo del Trabajo es de 1949 y requiere una actualización profunda frente a retos como la inteligencia artificial y el cambio climático.
Se necesita hacerle una cirugía profunda al Código Sustantivo del Trabajo y esa cirugía se llama Estatuto del Trabajo.
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