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Las consecuencias del paro de transportadores aumentan en Bogotá y Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó este miércoles que millones de litros de leche se han perdido y que Corabastos recibió un 41 % menos de alimentos. Además, el suministro de combustible se redujo un 25 %, escasea el oxígeno en algunos hospitales y 70.000 estudiantes de colegios públicos dejaron de recibir clases. “Si sigue este paro no podremos permanecer pasivos viendo cómo se afectan los intereses de la mayoría. Lo que procede es desbloquear con el apoyo de la Fuerza Pública”, anunció Rey.
Este panorama departamental se replica en la capital. Si bien la mayoría de bloqueos se mantuvieron en los accesos a la ciudad, esta vez se extendieron a vías principales por cuenta de los motociclistas y taxistas, que se unieron al paro. “Salí desde las 6:00 a.m. de Soacha y no he podido llegar a mi trabajo. Es terrible, porque ayer también llegué tarde a mi casa, luego de caminar desde el Portal del Sur. Esto nos perjudica a todos”, lamentó Katherine Fajardo, quien trabaja para un cementerio del norte de Bogotá.
Según Transmilenio, al cierre de esta edición, más de 1.400.000 personas resultaron afectadas por la suspensión de 53 rutas troncales y del SITP. En cuánto a aseo, la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, indicó que hubo una reducción en la cantidad de residuos y de camiones que ingresaron al relleno Doña Juana y que por ahora se tomaron medidas excepcionales, como sobrecargar los camiones y priorizar los residuos ordinarios.
En Corabastos también sintieron los efectos de la protesta, pues llegaron 936 vehículos (443 menos respecto al 3 de septiembre) e ingresaron 6.398 toneladas (3.794 menos que el día anterior). “Llegan menos alimentos de los Llanos, Santander y Boyacá, como plátano, pepino, zanahoria, cebolla larga, mazorca, etc. Nuestra recomendación es usar productos sustitutos”, dijo Juan José Ramírez, jefe jurídico de Corabastos. Si bien de momento no hay alerta por desabastecimiento, pues hay reservas para 20 días, comerciantes como Marío Rodríguez tuvieron que tomar medidas. “Por las vueltas que deben dar los camioneros, el plátano llega en malas condiciones. Estamos en cosecha y debería estar barato, pero se ha incrementado casi un 80 %”, afirmó.
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Este panorama, por la inconformidad de los transportadores ante el incremento del acpm, afecta la canasta familiar, como lo señala Esteban Nina, profesor de ciencia política de la U. Javeriana, quien destacó el mayor golpe lo sienten los hogares con ingresos más bajos. “El DPS debería tener un plan de contingencia”. Por su parte, Adrián Garlati, director de la carrera de economía en la U. Javeriana, sugiere que el incremento del ACPM debería ser gradual. “El precio afecta en el corto plazo la canasta familiar, pero en algún momento se estabiliza”, instó Garlati.
¿Quién debe frenar el bloqueo?
Mientras en las calles crece el inconformismo, la Fiscalía anunció indagación por 36 bloqueos en vías públicas de Bogotá y otros corredores del país, por poner en riesgo “la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos”. Y aunque la fuerza pública sigue sin intervenir, el Distrito ha mediado con personal de diálogo para habilitar el paso de personas de especial protección, ambulancias y rutas escolares, entre otras.
Pero, ¿hasta qué punto los bloqueos pasan a ser delito? ¿Cuál es el cálculo político del alcalde Galán, que sigue sin ordenar acciones para recuperar las vías? Son las preguntas que han lanzado concejales de la oposición, como Heidy Sánchez han lanzado. “En otros contextos, un bloqueo al transporte público ha implicado hasta la desafortunada intervención de la fuerza pública. No obstante, en este caso el alcalde pareciera estar ayudando a que no haya operación normal”, dijo.
Los cuestionamientos llegan luego de que el Alcalde publicó un video reclamando al Gobierno Nacional. “Nos dicen que evaluemos donde intervenir y luego dicen que mejor no, porque afecta la mesa de negociación. Tiene que ser una instrucción nacional y sin mensajes contradictorios”, dijo Galán.
Ante esto, Manuel González, profesor de Relaciones Internacionales de la U Javeriana, señaló que, contrario a lo que han sugerido algunos contradictores, con su pasividad el alcalde no estaría desconociendo el Acuerdo 079 del Concejo, que lo pone como primera autoridad de Policía del Distrito. El docente explicó que el Código Nacional de Seguridad ordena que los gobernadores y alcaldes deben seguir las instrucciones del presidente para restablecer el orden público en sus jurisdicciones. “Es por eso que los reclamos del alcalde Galán están dentro de la ley, porque el paro camionero afecta a todo el país. Allí, justamente, el escenario de negociación que lleva a cabo el Gobierno con los líderes de la protesta supone un límite político a las acciones de carácter coercitivas”.
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En esto coincide Pablo Sanabria, profesor de la Universidad de la Eafit e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. “Es irreal pensar que un gobernante local lo haga, porque es un problema más del orden nacional. Ahí también lo que uno ve es prudencia o una estrategia de no meterse en una pelea en la que no tiene potestad. De llegar a hacerlo, sería políticamente costoso”.
De esta manera, algunos expertos coinciden que el Gobierno Nacional deberá evaluar si prioriza el diálogo por encima de los bloqueos. Por ahora, el paro continúa, mientras las agremiaciones de camioneros definen su propuesta de aumento gradual, el Ministerio de Transporte congela los demás incrementos en el galón del diesel y miles de ciudadanos siguen sintiendo los efectos en la compra de alimentos, el transporte, el aseo, la salud y la educación.
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Por María Angélica García Puerto
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