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Luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel y máximo líder del Clan del Golfo, el director de la Policía se refirió a la importante determinación del alto tribunal. El general Jorge Luis Vargas señaló que, luego de la decisión de la alta corte, será cuestión de días para que el Gobierno colombiano coordine con las autoridades de los Estados Unidos para entregar a este capo del narcotráfico.
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Además de los tres indictments (escritos de acusación) que tiene ante la justicia de los Estados Unidos, Otoniel tenía varios procesos en Colombia. El propio general Vargas hizo un repaso del historial criminal del líder del Clan del Golfo, hoy detenido en los calabozos de la Dijín en Bogotá. El Espectador conoció detalles de algunos de los casos por los que ya está siendo procesado o ya fue condenado en los estrados judiciales.
Uno de los hechos por los que está siendo procesado Otoniel es por el paro armado que ordenó el 31 de marzo y el 1° de abril de 2016, a los pocos días que alias el Negro Sarley, uno de sus hombres de confianza, muriera durante un operativo de la fuerza pública. Durante esos dos días, instalaciones de la Policía fueron atacadas por el grupo criminal y también fueron asesinados un capitán del Ejército, Andrés Lugo López, (que iba de civil) y su esposa, doble homicidio que también le fue imputado por parte de la Fiscalía en 2021.
Ese mismo año la Fiscalía le imputó a Otoniel el asesinato del líder social Jose Yimmer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú e integrante del movimiento Marcha Patriótica. Este líder, que promovía y hacía pedagogía sobre la sustitución de cultivos ilícitos en la región, fue asesinado en octubre de 2017. El jefe de sicarios de Otoniel en Carepa, Adrián Manco Higuita, alias “Camilo” está siendo procesado por este crimen y ya cumple una condena de 18 años de prisión por el asesinato de un comerciante en ese municipio del Urabá antioqueño.
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Otros de los crímenes que se le endilgan formalmente ante los estrados judiciales fue el desplazamiento forzado de un cantante de música popular que había sido contactado por el Clan del Golfo para que cantara durante las fiestas de final de año de 2012. En ese momento fue muerto en combate alias Giovanni, hermano de Otoniel, quien para ese momento era el principal líder de la estructura criminal sucesora del paramilitarismo. Para Otoniel y sus hombres, quien había entregado información de la ubicación de los hombres del Clan del Golfo había sido el artista.
Una de las condenas que pesa contra Otoniel es por el delito de reclutamiento forzado, pero no se conoce mayor detalle de ese proceso por el que fue condenado en 2015. De la que si se tienen detalles, y fue de 40 años de prisión, es por la masacre de Mapiripán, gestada en el Urabá pero ejecutada en ese municipio del Meta, en julio de 1997. Según el testimonio de varios paramilitares que participaron en los asesinatos el líder del Clan del Golfo y alias el Cura tenían las listas de las personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla de las Farc en Mapiripán y que terminaron asesinadas o desaparecidas.
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Por ahora, Otoniel tendrá que afrontar las acusaciones norteamericanas. La justicia de Estados Unidos considera que desde 2002 hasta 2021, alias Otoniel envío toneladas de cocaína a México y otros países de Centroamericana y que luego eran enviadas a EE.UU. Para ello, se habría apoyado con socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. En nuestro país, acusa la Corte de Nueva York, “empleaba ‘sicarios’ o asesinos a sueldo, quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados”.
Alias Otoniel hizo todo lo posible por quedarse en Colombia. No solo estuvo entregado su verdad del conflicto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también pidió a la justicia transicional frenar su extradición. Sin embargo, la Corte Suprema dio luz verde y señaló que la Corte no puede dejar de considerar la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional”, explicó la Corte Suprema.
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Por David Escobar Moreno
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