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Desde antes de que algunos páramos se convirtieran en Parques Nacionales Naturales, Zonas de Reserva Forestal o tuvieran alguna protección especial, hay comunidades que los habitaban, los cuidaban, usaban la tierra y adelantaban actividades de subsistencia.
Con la Ley 2 de 1959 se crearon las primeras siete Reservas Forestales, que dieron pistas para la consolidación de los primeros Parques Nacionales Naturales (PNN) del país. Uno de ellos fue el páramo de Chingaza, en donde se creó en 1977 el Parque Nacional Natural Chingaza. El cambio no solo fue de nombre, significó transformaciones en el uso de las tierras y múltiples restricciones para los habitantes de la zona.
Por ejemplo, se prohibieron las actividades agropecuarias y mineras. Es decir, las comunidades no podían tener ganado dentro del área protegida ni continuar con sus cultivos de papa o cebolla. Esto afectó directamente su economía y sus formas tradicionales de vida, pero benefició los procesos de conservación del páramo. (Puede leer: Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)
“A la gente que tenía su ganado y lo subía al páramo, que era una forma tradicional de engorde para después bajarlo y venderlo, se lo prohibieron. Y a los predios que quedaron dentro de las zonas protegidas llegaron los funcionarios a sacarles los animales”, dice Óscar Raigozo, un habitante del municipio de Choachí (Cundinamarca) y exguardaparques de Chingaza.
Raigozo, quien también es sabedor de la zona, recuerda que muchas familias tuvieron que abandonar sus tierras porque no podían hacer agricultura o ganadería en sus predios. También señala que, aunque hoy reconocen por qué es importante la conservación de estos ecosistemas y entienden que los funcionarios en 1977 solo estaban cumpliendo una norma, en ese momento hubo un mal manejo y múltiples afectaciones a la comunidad.
“Conservar significa preservar, restaurar, usar de manera sostenible, disfrutar y conocer. En el país aún tenemos una mirada muy preservacionista, en donde la naturaleza está por un lado y las personas por otro. Estamos en un proceso de entender que las culturas son fundamentales para poder garantizar la conservación de la biodiversidad. Un ejemplo de ello es la Ley 1930 de 2018, que reduce, pero no elimina las restricciones que había sobre las actividades agropecuarias”, menciona Visnu Posada Molina, asesor en territorios rurales de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad Ean. (Puede interesarle: ¿Se embolató la ley que buscaba proteger las cavernas colombianas?)
Algunas cifras claves sobre los páramos de Colombia
Los páramos están bajo diferentes formas de conservación. En principio son ecosistemas estratégicos que requieren una protección especial, lo que significa restricciones en el desarrollo de actividades como la minería. También son parte de 21 PNN y 13 Parques Naturales Regionales bajo figuras que reducen las actividades agropecuarias. Por otro lado, el 40 % de los páramos forman parte de Zonas de Reserva Forestal, de los cuales el 44 % tienen límites productivos.
Al mismo tiempo, están incluidos en dos Reservas de Biósfera (Cinturón Andino y la Sierra Nevada de Santa Marta), tres sitios humedales de Ramsar (Sistema Lacustre de Chingaza, Complejo de Humedales Laguna de Otún y la laguna de Cocha) y 25 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), aseguran un grupo de investigadores en Páramos Colombia, biodiversidad y gestión, un libro que compila los resultados de investigación del Instituto Humboldt. (También puede leer: Detectives ambientales: científicos y jóvenes chocoanos tras el ADN del golfo de Tribugá)
Además, hay 31 resguardos indígenas, dos Zonas de Reserva Campesina y seis Territorios de Comunidades Negras, que tienen páramos en sus jurisdicciones y que operan como figuras de gestión comunitaria con componentes ambientales. Esto quiere decir que hay múltiples actores en el manejo de los páramos.
Los 36 Complejos de Páramos de Colombia, con sus particularidades, acarrean múltiples disputas socioambientales, como el problema de la tenencia de la tierra, el asesinato de líderes ambientales (611 líderes hasta 2021 en todo Colombia, según Indepaz), la falta de funcionarios en las áreas protegidas por amenazas, la inequidad en el campo (5,17 millones de personas vivieron en condición de pobreza en zonas rurales en 2020, según el DANE) y los enfrentamientos con las comunidades por las restricciones que se imponen en estas áreas, concluyen los investigadores que se consultaron para la producción de esta nota.
En los páramos, según el Instituto Humboldt, el 70 % de la población está en situación de pobreza y el 50 % solo cuenta con estudios de básica primaria.
Para Raigozo, el sabedor de Chingaza, el grado de conservación, por lo menos de ese territorio, se debe al buen manejo que han tenido los directivos del Parque y a las comunidades. Sin embargo, el problema persiste en lo que hay debajo del páramo. “Pueden mostrar en fotos las áreas protegidas mejor conservadas, pero las comunidades que quieren conservar y se dedican a eso, ¿qué pasa con ellas?”, menciona. (Le puede interesar: Científicos piden protección de los páramos en Boyacá)
Raigozo se refiere a la falta de recursos. Hoy se sabe que solo el 24 % de los recursos mínimos obligatorios han sido invertidos en la conservación de cuencas, que exige la Ley 99 de 1992, que obliga a las entidades territoriales a invertir el 1 % de sus ingresos corrientes. Por otro lado, de los proyectos del sector de hidrocarburos que captan agua de fuentes naturales solo se ejecutaron el 4,8 % del total estimado que deben invertir en la recuperación, preservación y conservación de estos ecosistemas, explica el Instituto Humboldt.
Además, según, Paula Ungar, una investigadora independiente que lleva 10 años trabajando en páramos, existen otros problemas que están asociados a presiones económicas de cadenas productivas a escalas regionales y nacionales. “En las altas montañas está el asunto del arrendamiento de tierra para cultivos de papa o cebolla a gran escala. Hay que entender que con frecuencia eso resulta más rentable para los habitantes locales que los sistemas tradicionales o los sistemas sostenibles, con mayor diversidad de producción. Es un panorama más complejo que gente que hace las cosas bien o mal en el nivel local”, explica.
También está el problema de la delimitación de las zonas, que en ocasiones son líneas rectas en un mapa, que Posada Molina, dice, son un “complique” de ubicar y entorpece las gestiones administrativas, porque no hay límites precisos.
“A veces los conflictos, porque un campesino mató a un animal o prendió candela, se reducen a que es ignorante, y no se contempla la idea de que la persona esté reclamando un derecho o algo mínimo en contraprestación de lo que ha hecho durante muchos años, que es dejar sus predios, ofrecerlos y tener la intención de conservarlos aun sabiendo que no se puede beneficiar directamente, sino que es para un colectivo”, opina Raigozo. (Puede leer: Fotos: así es el Golfo de Tribugá, una joya ambiental en Colombia)
A pesar del panorama, hay mecanismos para prevenir y transformar los conflictos socioambientales. Ungar asegura que están la Ley 1930 de 2018, que promueve el manejo colaborativo de los páramos; las Zonas de Reserva Campesina, que reducen la ampliación de la frontera agrícola y la desigualdad en el campo, y el Acuerdo de Escazú, el cual aún no ha sido ratificado por el país.
La Ley 1930 o la Ley de Páramos modifica la Ley 1753 de 2015, en la que regía una restricción absoluta de las actividades agropecuarias en los páramos. A partir de 2018 se aminoraron las restricciones para una gestión integral en estos ecosistemas. Es decir, se permite la agricultura de bajo impacto con medidas de conservación y la condición de preservar la biodiversidad de la zona.
La importancia de los páramos
Estos ecosistemas son característicos de los Andes del norte y están presentes en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
“Son ríos voladores”, anotan en el libro del Instituto Humboldt. ¿La razón? En los páramos de los Andes del norte nacen ríos como el Putumayo. En su travesía se convierte en vapor de agua que proviene de la selva amazónica, se condensa y luego se libera en la lluvia.
Gracias a las cuencas de los páramos se regula y provee el 70 % del recurso hídrico del país. También se benefician 16 ciudades principales y más de 16 millones de personas. Por ejemplo, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Neiva y Armenia se abastecen 100 % gracias a estos ecosistemas. (Puede interesarle: Galería: Las mejores fotos de la biodiversidad submarina de Colombia)
Además, es el hogar de 4.000 especies de plantas vasculares (aquellas que tienen tallo y flor), de las cuales el 31 % (734) son endémicas de la zona. Habitan 154 especies de aves, 90 de anfibios y 70 de mamíferos. Este ecosistema es el hogar de especies como el ojo de anteojos (Apirus pinchaque), la danta de montaña (Apirus pinchaque), el puma (Puma concolor) y el cóndor de los Andes (Vultur gryphus).
“En las comunidades ya sabemos por qué debemos conservar y que hay que cuidar las especies. Ahora, hay que llevar conocimiento que genere bienestar en el campo. Los municipios más alejados y las ciudades deberían estudiar más sobre páramos. Saber que gracias a un páramo y la labor de los campesinos y las instituciones que conservan estos territorios toman agua”, explica Raigozo.
Lo que falta para la conservación de estos ecosistemas
Lo primero que señala Diana Morales, investigadora del Instituto Humboldt, es que se debe continuar con los procesos de conservación junto con los conocimiento locales y la inclusión de las comunidades en las estrategias de gestión ambiental. “Lo importante es conocer los procesos de gobernanza que tienen las comunidades que cuidan los ecosistemas. Además del cuidado de los páramos, aportan al conocimiento histórico de por qué y cómo llegaron allí, que muchas veces ha sido por desplazamiento forzado. Si comprendemos esas dinámicas socioecológicas en los ecosistemas, entendemos que no están ahí porque quieren, sino que los acompaña un proceso que no se puede ignorar”, añade.
Morales, al igual que Posada Molina, Ungar y Raigozo, coinciden en que la clave para el buen manejo de los páramos está en el trabajo conjunto con las comunidades que históricamente han habitado los territorios.
“No podemos olvidar que son las comunidades mismas las que muchas veces hacen conservación y diseñan e implementan las iniciativas, contra viento y marea y exponiéndose a los actores armados”, añade Ungar.
Otro asunto que vale la pena resaltar, es que las autoridades ambientales, como Parques Nacionales; las científicas, como el Instituto Humboldt (entre muchas otras), y las comunidades, no se han cansado de buscar mecanismos para conservar y subsistir al mismo tiempo. Una tarea titánica en medio del contexto sociopolítico del país. (También puede leer: La lideresa que lucha porque el Chocó no se “ahogue” en el mercurio)
Es claro que las autoridades ambientales y las comunidades quieren conservar porque es necesario y se está haciendo por un bien común, asevera Raigozo. Gracias a la conservación de los páramos se protegen los recursos hídricos del país, la fauna y la flora endémicas.
Para Posada Molina, lo fundamental está en comprender lo que significa conservar. “Significa, entre otros, usar de manera sostenible. Lo que se busca es reducir el impacto de la ganadería, cambiar las posturas extensivas por intensivas y hacer cambios pequeños en la agricultura. Además, las formas de producción ancestrales son importantes por tener un entendimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas. Es decir, lo ambiental es una relación que se construye entre los ecosistemas y las culturas, cada uno se modifica entre sí. Por eso el paramuno es paramuno porque aprendió a vivir con el páramo”, concluye.
Por Juan Pablo Correa
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