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Para que haya una deportación, se necesitan al menos dos países: uno para enviar a los deportados y otro para recibirlos. Normalmente, el país receptor acepta readmitir a sus propios ciudadanos; sin embargo, el gobierno de Donald Trump está ideando otras opciones.
Estados Unidos ha enviado a cientos de deportados, de los que la mayoría parecen ser venezolanos, a El Salvador, donde están recluidos en una prisión de máxima seguridad famosa por su brutalidad. Estados Unidos ha enviado a migrantes de Asia, Medio Oriente y África a Panamá y Costa Rica, incluyendo a familias con niños pequeños.
El gobierno de Trump también está iniciando conversaciones con el gobierno de Ruanda para enviar deportados a este país de África central, y este mes Estados Unidos hizo planes para enviar migrantes laosianos, vietnamitas y filipinos a Libia, antes de echarse atrás debido a una orden judicial. (Representantes de los gobiernos enfrentados de Libia han negado haber llegado a ningún acuerdo para aceptar deportados de Estados Unidos).
La ampliación del programa de deportación a terceros países del gobierno de Trump parece tener dos objetivos al servicio de su meta general de expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos, incluyendo tanto los migrantes indocumentados como los que tienen estatus legal pero son considerados indeseables por el gobierno.
El primero parece en gran medida táctico: crea un proceso para expulsar a los migrantes cuyos países de origen no los quieren de vuelta. Venezuela, por ejemplo, solo acepta esporádicamente vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos.
El segundo objetivo, al parecer, es estratégico: convencer a los migrantes, documentados o no, de que permanecer en Estados Unidos es tan arriesgado que deberían “autodeportarse”, para no terminar en una prisión brutal. Es una campaña diseñada para disuadir.
Desde una perspectiva más amplia, hay otra forma de ver estas deportaciones: al establecer acuerdos de deportación con terceros países y afirmar que están protegidos de la revisión o supervisión judicial, el gobierno está intentando crear un sistema de detención global subcontratado en el que, en términos prácticos, no existe el derecho al debido proceso, dirigido en su mayoría por gobiernos autoritarios que intentan ganarse el favor del presidente Trump.
Trump y sus aliados han planteado las políticas de deportación del gobierno como algo necesario para la seguridad nacional. Él ha puesto en duda el derecho al debido proceso, garantizado en la Constitución estadounidense para ciudadanos y no ciudadanos por igual, si obstaculiza su campaña de deportación masiva.
Un trato duro en terceros países
Ruanda y Libia llevan años posicionándose como soluciones a los problemas migratorios de las naciones más ricas.
En 2022, Ruanda aceptó recibir a solicitantes de asilo procedentes del Reino Unido a cambio de cientos de millones de libras. Entre 2014 y 2017, aceptó a miles de solicitantes de asilo eritreos y sudaneses procedentes de Israel. Libia también ha obtenido considerables ayudas y otras concesiones de los países europeos a cambio de ayudar a impedir que los migrantes lleguen a suelo europeo.
Pero esos planes no han salido bien porque hay una enorme cantidad de pruebas que demuestran que Ruanda y Libia no son destinos seguros para los solicitantes de asilo ni para otros migrantes. La legislación estadounidense prohíbe deportar a personas a países donde es probable que sufran persecución o tortura.
El plan británico para Ruanda se vino abajo después de que un tribunal declarara que violaba el derecho internacional humanitario, que prohíbe enviar refugiados a países donde sufrirían persecución. Ruanda tiene un historial de persecución de opositores políticos dentro y fuera del país, y sus tribunales habían rechazado todas las solicitudes de asilo de personas que huían de zonas en conflicto, señaló el tribunal.
El tribunal británico consideró también que los refugiados enviados a Ruanda corrían el riesgo de ser deportados de nuevo a otros países donde tampoco podía garantizarse su seguridad. La Corte Suprema israelí detuvo las expulsiones a Ruanda tras llegar a una conclusión similar en 2018.
Los abusos extremos de Libia contra los migrantes también están bien documentados. En un informe de 2021, Amnistía Internacional dijo que los centros de detención de migrantes del país eran un “infierno” en el que prisioneros adultos y niños eran sometidos a violencia sexual y otras formas de abusos. Y en febrero de este año, se encontraron en Libia dos fosas comunes con al menos 93 cadáveres de migrantes, lo que generó llamados a la Unión Europea para que congelara la financiación de la migración destinada a las fuerzas de seguridad del país.
Para el gobierno de Trump, la dureza con que se trata a los detenidos podría ser más una característica que un error.
En videos llamativos, El Salvador se ha jactado de las condiciones humillantes y deshumanizadoras en que mantiene a los presos. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien visitó el mes pasado el enorme Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como CECOT, hizo una observación similar.
“Recorrí el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los criminales extranjeros ilegales: VÁYANSE YA. Si no se van, los perseguiremos, los detendremos y podrían terminar en esta prisión de El Salvador”, dijo en una publicación.
El abismo legal
La teoría del Estado dual describe un tipo de autoritarismo en el que un gobierno mantiene un sistema jurídico aparentemente normal, al tiempo que crea una zona en la que las personas carecen de derechos reales y pueden ser objeto de violencia y coacción sin restricciones. Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, describió esto como un “abismo legal”.
El peor sufrimiento recae sobre quien cae en ese abismo, pero afecta a todos los que viven bajo un sistema así. Un gobierno que puede empujar a la gente al abismo es, en esencia, un gobierno sin restricciones. Y la amenaza de ser empujado al abismo puede hacer que las libertades sean inciertas y condicionales.
En la mayoría de los Estados duales, el abismo legal lo dirige el gobierno dentro de su propio territorio. Pero El Salvador, que también es un Estado dual, parece haber ofrecido su abismo legal a Estados Unidos por contrato, encarcelando a los deportados en el CECOT, una infame prisión donde se mantiene a las personas en condiciones brutales, aisladas de todo contacto con el mundo exterior y con escasas perspectivas de liberación.
El gobierno de Trump ha argumentado que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre esas deportaciones ni sobre los derechos de los deportados enviados a El Salvador.
La situación en Ruanda es menos clara. Si los deportados estadounidenses recibieran el mismo trato que los de Israel y el Reino Unido, no serían encarcelados ni detenidos. Pero las decisiones de los tribunales superiores israelí y británico muestran que hay motivos para creer que sus derechos podrían ser violados de otras formas y que tendrían poco acceso a las garantías procesales si el gobierno los encarcelara a instancias del gobierno de Trump.
Y Libia parece especialmente proclive a convertirse en otro abismo jurídico subcontratado si llega a ser destino de los deportados estadounidenses. Libia es un Estado débil y devastado por la guerra, no uno dual, donde un gobierno reconocido por las Naciones Unidas en Trípoli gobierna el oeste del país, y otro en Bengasi, dirigido por el caudillo Jalifa Hafter, controla el este.
Durante años, Libia ha mantenido una red de centros de detención en los que los migrantes no pueden recurrir al debido proceso, y no existen límites funcionales a la violencia a la que se somete a los detenidos, niños incluidos. Los grupos de derechos humanos han calificado las condiciones de “horribles” y “deplorables”, y les preocupa que, si Estados Unidos envía gente ahí, los detenidos no tengan derechos ni forma de escapar.
Así va nuestro cubrimiento sobre migración:
Ciudadanía por nacimiento en debate: La Corte Suprema de EE. UU. está evaluando la constitucionalidad de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Esta medida ha generado protestas y un intenso debate legal sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Programa de “autodeportación” voluntaria: La administración Trump ha implementado un programa que ofrece US$1.000 y vuelos gratuitos a migrantes indocumentados que opten por regresar voluntariamente a sus países de origen. El objetivo es reducir los costos asociados con arrestos y deportaciones forzadas.
Críticas al nuevo papa por su postura migratoria: Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, ha calificado al papa León XIV como “la peor opción” para los católicos que apoyan el movimiento MAGA, debido a su enfoque progresista y su alineación con las políticas migratorias más inclusivas de su predecesor, el papa Francisco.
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