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La Oficina de la ONU contra la droga y el delito (UNODC) entregó su informe mundial sobre trata de personas de 2022. En dialogo con El Espectador, Rocío Uron, coordinadora del proyecto contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, habla sobre las claves del capítulo colombiano en el documento. Los casos en general han disminuido, pero porque la pandemia hizo más dificil la identificación de los fenómenos de trata de personas. Asimismo, la Oficina invita a las autoridades y a la industria hotelera a combatir el turismo sexual, que se concentra en Medellín y Cartagena.
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Según los datos del reporte mundial, vemos que hay 24 condenas por explotación sexual y seis por trabajos forzados. ¿Cómo está Colombia con respecto a otros países de la región?
Está pasando un fenómeno muy curioso. En América del Sur se han venido identificando más casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso, comparado con lo que ocurre en Colombia. En nuestro país, solo el 15% de los casos son por trabajo forzoso. El resto son por explotación sexual. Esa es una dinámica que, en el mundo, de hecho, está cambiando. Este año por primera vez, como se lee en el reporte mundial, se identificaron más casos de trata por trabajo forzoso que por explotación sexual.
Hay un reto para Colombia y es fortalecer la capacidad de identificar, investigar y judicializar casos de trata de personas por trabajo forzoso y continuar identificando casos por explotación sexual u otras formas de explotación. Esto está relacionado con la capacidad de las autoridades para identificar casos en escenarios que no sean públicos, como los bares o las calles. También las autoridades podrían abordar el ciberespacio y las redes sociales, que es un lugar que se identificó con la llegada de la pandemia.
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Hablando de ello, Colombia sigue siendo una región apetecida para el turismo sexual, pero este año las denuncias están especialmente enfocadas en Medellín, ¿qué ha visto la Oficina con respecto a ello?
Colombia siempre ha tenido dos zonas en el país que están identificadas por explotación sexual en el marco de viajes y turismo, que es por un lado Cartagena y por el otro Medellín. Lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, con el departamento de Antioquia, es un proceso de formación con jóvenes y adolescentes de instituciones educativas. Le damos a conocer a los jóvenes los riesgos que tienen, porque pueden fácilmente caer en menos de organizaciones criminales. Y con los operadores de turismo, con el fin de darles a conocer que hay una normativa que judicializar a quienes favorecen esa situación.
En cuanto a la trata de personas con fines de mendicidad solo hay reporte por cinco condenas, sin embargo, cada día vemos esta situación en las calles…
Se debe a varios elementos. Uno de ellos es la naturalización de la situación. Digamos que es normal, entre comillas, ver a las personas pidiendo limosna y no se considera que puede ser víctima de trata de personas. Esa naturalización está tanto en la gente del común como en las autoridades. Por otro lado, hay una línea muy delgada entre la mendicidad propia y la mendicidad ajena. Eso le dificulta mucho a las autoridades definir cuándo hay trata de personas y cuando hay mendicidad propia, que no está penalizada y no es un delito.
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¿Es decir que habría un vacío legal?
El problema está en la identificación. Tendrían las autoridades cada vez que indagar en cada persona pidiendo limosna y saber cuál es su situación para saber si es propia y ajena. Eso es bastante complejo y es un tema muy naturalizado. Y aquí se ha fortalecido la persecución de la trata de personas por explotación sexual, sin embargo, las otras formas de explotación siguen invisibilizadas. Es un reto también para el Estado colombiano.
Colombia sigue siendo ese puente hacia Norteamérica por el Darién y San Andrés, ¿que vieron en el último año?
Colombia tiene una posición geográfica estratégica. Nos convertimos en un paso obligado para los migrantes, no solo de Latinoamérica, sino los transcontinentales. Por nuestro país pasan migrantes de Bangladesh, de India, de Sri Lanka, con destino a Norteamérica, ya sea por el Daríen o por San Andrés. Colombia no estaba preparada para una ola migratoria de esa magnitud y por eso la respuesta institucional se queda corta. No es un tema que solo ocurre en Colombia, está pasando en toda Latinoamérica. Nunca en la historia se había tenido un flujo migratorio como el que se ha venido presentando en los últimos cinco años aproximadamente.
Si bien la migración no es un delito, ¿qué fenómenos está permitiendo Colombia que sí podría ser delito?
Más que esté permitiendo, es que se están presentando. En el marco de la migración, por ejemplo, es muy frecuente como recursos para la supervivencia, sobre todo en el Darién, la explotación sexual y la trata de personas. Muchas mujeres terminan en una situación de prostitución con el fin de conseguir recursos o comida, o lo que le permita continuar su viaje. Eso es aprovechado por grupos criminales o delincuencia organizada o cualquier persona tratante.
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Por ejemplo, si hay alguien que a los migrantes les ofrece trabajo en una finca para ganarse lo que les hace falta para poder continuar la ruta, pues claramente se presenta una situación de explotación. Las personas terminan aceptando con tal de continuar el proceso de migración. Son muchos los delitos a los cuales pueden enfrentarse. El reto ahí de las autoridades es cómo mitigar esa situación y como garantizar los derechos de las personas que transitan por Colombia a otros países.
Vamos al tema del cambio climático que se menciona el reporte, ¿podría darme ejemplos de cómo termina incidiendo en la trata de personas?
Vamos al ejemplo de una persona que vive cerca a la rivera de un rio y este se desborda. Quedan destruidas su casa y sus cultivos. Ese núcleo familiar queda expuesto y en una situación de pobreza, por lo cual, generalmente lo que buscan esas personas es reubicarse en otras zonas que les permitan seguir con su proyecto de vida. ¿Qué pasa luego? Incrementa la vulnerabilidad que tienen. Al llegar al destino, no cuentan con los mecanismos necesarios porque no tiene recursos, alojamiento o dinero para suplir sus necesidades básicas.
Esa situación de pobreza lleva a que las personas estén en un riesgo mayor de ser víctimas de trata de personas. Por ejemplo, al llegar a una ciudad sin recursos, pueden aceptar cualquier tipo de trabajos que le ofrezcan. Las mujeres y las niñas tienen un riesgo más alto de ser víctimas de explotación sexual por prostitución. ¿Por qué es importante para Colombia? Según el último informe que se hizo en 2017 sobre el cambio climático, tiene un riesgo en el 100% de los municipios del país. En todos se puede presentar un desastre natural relacionado con el cambio climático.
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Es decir, es muy alta la posibilidad de que las personas cambien de lugar o queden en pobreza, debido a un desastre natural. Esas personas claramente tienen un riesgo mucho más alto de terminar siendo víctimas de explotación sexual o de trabajos forzosos. El año pasado, alrededor de medio millón de personas en Colombia se vieron afectadas por algún desastre natural relacionadas con el cambio climático. De ellas, alrededor de 150.000 tuvieron que migrar de sus lugares de origen porque quedaron sin vivienda o sin posibilidades de manutención. Están en riesgo de ser explotadas de alguna forma.
Los casos de trata de personas venían subiendo desde 2017. Sin embargo, aunque las cifras son superiores a los 160 expedientes anuales, el último reporte muestra una disminución en la estadística. ¿Qué sucedió?
El informe menciona básicamente tres cosas por las cuales se han disminuido el número de casos identificados y por ende investigados y judicializados. Una de ellas fue la pandemia, que claramente dificultó las autoridades de la identificación de casos. La segunda situación es que, debido a ese aislamiento, las finalidades de explotación pasaron a realizarse en lugares privados. Mientras antes las víctimas eran explotadas en bares o prostíbulos, a raíz de la pandemia lo que ocurrió fue que las personas fueron violentada sen apartamentos o apartahoteles. Por último, por la dificultad que tenían las autoridades para hacer los operativos y los allanamientos requeridos para identificar y rescatar a las víctimas.
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