¿Quién pagará la seguridad?

Se sabe, además, que decenas de empresas se están apresurando, con la ayuda y bajo la presión de funcionarios públicos, a firmar contratos de “estabilidad” que también las eximan de pagar los impuestos al patrimonio después de 2010. El atractivo de estos contratos se elevó después de que el propio Gobierno dijo que iba a ser necesario acometer una nueva reforma tributaria para conseguir recursos para la seguridad. Así las cosas, es seguro que otro grupo de grandes empresas del país ya estará vacunado contra los nuevos tributos al final de este año.

En la reforma tributaria de 2006 se estableció el principio de que el impuesto al patrimonio debían pagarlo únicamente las personas y las entidades con mayor patrimonio. Así lo manifestaron el Presidente y los ministros. Plantearon que ya las tierras, fábricas y los demás activos se habían valorizado como consecuencia de la política del presidente Uribe, y que sólo los grandes negocios debían pagar este impuesto. Nadie más. Insistieron en que el impuesto al patrimonio era una forma de retribuir al Estado el beneficio de la seguridad, por medio del pago de un pequeño porcentaje de la plusvalía generada por esa política.

Las cosas, al parecer, se ven diferentes en 2009. Al tiempo que el Gobierno se apresura a blindar a unas cuantas grandes empresas de nuevos tributos al patrimonio, ahora dice que hay que volver permanente un impuesto a la seguridad. La pregunta obvia es: si el Gobierno está eximiendo a algunos contribuyentes del impacto de las reformas tributarias, ¿quién va a pagar el nuevo impuesto?

El Ministro de Hacienda se apresuró a decir que no debe elevarse el IVA para extender a todos los colombianos el costo de la política de seguridad. Insiste en que se debe renovar el impuesto al patrimonio. ¿A quién tiene en la mira?

Si el impuesto ya no podrá gravar a todas aquellas empresas que han firmado o que van a firmar los contratos de estabilidad, se va a golpear a todos los colombianos cuyo patrimonio supere el mínimo arbitrario que fije el Congreso. Es decir, se va a golpear a las medianas empresas y a las pocas grandes firmas que por cualquier razón no se vacunaron por medio de los contratos.

Parecería que la confianza inversionista que ofrece el Gobierno no es para todos los colombianos. Y que la estabilidad tributaria tampoco es un beneficio general. Ellas cobijan sólo a unos pocos. Es una confianza selectiva, que se obtiene por medio de invitación. Es una estabilidad para pocos, pactada por medio de contratos exclusivos. Para el resto de los colombianos, por definición, no hay ni confianza ni estabilidad. Deben sentarse a esperar el golpe de la próxima reforma tributaria.

Como lo señaló el ex ministro Perry, el Gobierno, con su política tributaria, hecha a la medida, ha creado un Frankenstein. En lugar de pensar en nuevos impuestos, el país debería, pronto, diseñar una nueva política tributaria limpia, uniforme y equitativa.