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La Fundación Enrique Grau Araújo (FEGA) es una entidad sin ánimo de lucro. Fue creada en 1996 por el reconocido pintor del mismo nombre, quien trabajó y vivió sus últimos años en una casa en Bogotá, en la carrera Séptima con calle 94, que hoy es la fundación. Desde el fallecimiento del maestro Grau, la junta directiva se ha hecho cargo de su legado y la casa fue restaurada por el Ministerio de Cultura en 2007. En 2008 se inauguró como casa museo, centro cultural y sala de exposiciones, y acoge parte de la obra pictórica de Grau (aquella que hacía parte de su colección personal), junto a obras de otros artistas, piezas de arte precolombino, colonial, republicano y popular, fotografías y libros de la biblioteca personal. “La misión de la fundación es perpetuar la vida y obra del maestro Grau, difundir su aporte a la cultura del país, promover y fomentar el desarrollo del arte”, dice Mónika Hartmann, directora de la Casa Grau.
Sin embargo, la fundación pasa por unos meses difíciles. Aunque la obra de Grau sea patrimonio nacional y aunque desde 2005 la fundación tuviera un descuento predial del 50% por ser declarada Bien de Interés Cultural del Distrito, a finales del año pasado el Distrito le quitó ese beneficio. La última cuenta la obliga a pagar $25’025.000 de impuesto predial, cuando antes pagaba $11’789.000. “¿Una fundación sin ánimo de lucro de dónde saca $25 millones para pagar el impuesto predial, si además tiene que sacar para el mantenimiento de la casa y su funcionamiento normal? Tan sólo lo último puede alcanzar fácilmente los $15 millones cada mes”, dice Hartmann.
La fundación ha hecho lo posible por ponerse en contacto con varias oficinas del Distrito, entre ellas Catastro Distrital, Planeación y Patrimonio, y aunque le han respondido mediante cartas, “cada una responde algo distinto”, dice Hartmann. Planeación respondió que la fundación no podía seguir siendo beneficiaria de la exención por haber transformado la casa y porque “el inmueble desarrolla un uso diferente al residencial”. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital respondió que la reforma se debió al cambio de estatus de la fundación, de residencial a museo, y que ahí radica la eliminación de la exención. Pero a partir de 2006 y hasta el año 2013 la fundación había venido pagando el predial con una exención del 50% sin haber efectuado ningún cambio de estatus. “Se nos hace extraño que a partir del año pasado tuviéramos que hacer gestiones por ello sin notificación alguna”, dice Hartmann.
Aunque la casa conserva su categoría de Bien de Interés Cultural, su uso ya no es residencial: ahora cabe dentro de la categoría de museo y por ello el descuento ya no le corresponde. “Eso es aberrante, porque si nosotros estamos llevando a cabo una labor cultural, la difusión de un patrimonio y su preservación, deberíamos estar exentos no sólo del predial, sino de todo tipo de impuestos para poder funcionar”.
Aunque no fue posible hablar con alguien que estuviera al tanto del caso en la Secretaría Distrital de Hacienda, las cartas afirman que las fundaciones que obtienen el descuento del predial son aquellas que tienen un uso habitacional o las que son patrimonio cultural y no han sido modificadas en su estructura. La Fundación Grau ya no es lo primero, es un bien de interés cultural, patrimonio de la ciudad, que tampoco ha hecho lo segundo, “y no ha sido posible que alguien de la Alcaldía venga a visitarnos para evaluar la situación”, dice Hartmann.
Según el acuerdo del Concejo que regula el tema, la exención sobre el impuesto predial para los inmuebles de interés cultural de la ciudad en uso dotacional privado, comercial, industrial y financiero es sólo del 10%. Pero ello pone en peligro a la entidad, que procura recaudar fondos con eventos culturales y ventas menores. “No sólo me quitan los beneficios, tampoco me dejan hacer nada con la casa. Seguramente otras fundaciones están pasando por lo mismo”.
La fundación espera una explicación, un análisis del espacio o una visita de un funcionario del Distrito. El dilema detrás de la exención de tal o cual impuesto radica en lo difícil que resulta mantener y garantizar el funcionamiento de un bien de interés cultural sin contar con el apoyo económico del Distrito o la Nación. “Yo no tengo con qué pagar lo que me piden. Pero lo más frustrante es que no se pueda hablar con nadie, que ningún directivo dé la cara, que ninguno evalúe la situación específica de la fundación”.
smalagon@elespectador.com