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Los cobros por congestión de los que hablaba el destituido alcalde Gustavo Petro y que ahora están siendo retomados por el alcalde (e) Rafael Pardo, y con los que se busca disminuir el caos vehicular en algunas zonas de Bogotá, han desatado la polémica en el Cabildo Distrital.
Luego de que Pardo manifestara su afán para que el Concejo discuta el proyecto de acuerdo de cobros por congestión las opiniones de los concejales no se hicieron esperar. Algunos señalan que es una buena medida y otros dicen que no serviría de nada si primero no se solucionan otros problemas.
El concejal Carlos Vicente de Roux se mostró de acuerdo con la iniciativa; sin embargo, dijo que debe ir acompañada de otras políticas integrales en materia de movilidad para que la congestión disminuya, como por ejemplo el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), mejoras en la malla vial, parqueos y semaforización.
Al respecto, el concejal Juan Carlos Flórez indicó que la medida no serviría de nada porque hay fallas en el SITP, el estado de la malla vial es pésimo y, en este sentido, dijo que los recursos para su mantenimiento están guardados en los bancos por incompetencia.
El alcalde (e) Rafael Pardo decidió que la Secretaría de Movilidad debe acelerar los estudios y análisis sobre la estrategia de cobros por congestión, también conocidos como peajes urbanos, pues este miércoles presentará al Concejo el proyecto para darle vía libre a la iniciativa en la capital.
El objetivo de los cobros es evitar la congestión urbana, teniendo en cuenta el incremento de vehículos automotores en las ciudades, de modo que los habitantes pagan una tarifa para poder utilizar una vía y circular en su carro. Generalmente, las zonas determinadas para ello son las que tienen mayor tráfico. En Bogotá se implementaría inicialmente en las calles 72 y 116, según las primeras señales que ha dado la Secretaría de Movilidad respecto al tema.
En diciembre pasado, el Ministerio de Transporte expidió el decreto con el que estableció las reglas para este tipo de cobros. Indicó que se podían contemplar en municipios con más de 300.000 habitantes y que deben presentar estudios sustentados. Los recursos que se obtengan del recaudo se destinarán a proyectos de transporte público y modos no motorizados.
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