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MÁS ALLÁ DEL CAUDILLISMO MEdiático y de la vitrina propagandística, ¿cómo se comunica el Estado con sus ciudadanos?
Asómbrese usted: en el Reino Unido y otros países europeos no existen tantas facilidades legales como en Colombia, aunque dispersas en multitud de normas. Así lo advirtieron varios expertos en el evento “Más información-más democracia”, auspiciado por la Embajada británica, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el CIDER de la Universidad de los Andes, Transparencia por Colombia, Medios para la Paz, Ocasa, entre otros.
¿Cuáles son los obstáculos? Por parte de los ciudadanos —y de los periodistas— conseguir que los funcionarios “suelten” la información. De allí la importancia de un manual de la FLIP que da las claves para aplicar lo teórico y se puede consultar por internet.
Pero investigadores académicos y periodistas describieron otras dificultades prácticas. Archivos despelotados y no digitalizados. Estadísticas no desagregadas. Información dispersa, como es el caso de las sentencias del Poder Judicial. Trabas de las dependencias para informar sobre salarios devengados, hojas de vida, y, en el caso del Ministerio de Defensa, sobre la trayectoria profesional anterior de militares ya sentenciados. Acceso difícil para la población más vulnerable.
Los funcionarios del Estado dieron una buena muestra de cómo entienden los funcionarios la aplicación de ese derecho. Pueden ser discursivos y deshilvanados como el procurador delegado para asuntos constitucionales. Un contraste evidente con el contralor de Manizales cuando presentó la página web.contraloriademanizales.gov, a la que cualquier ciudadano puede acceder en línea, en tiempo real y con fotografía actualizada de las obras públicas contratadas por el municipio. O el auditor general de la Nación, entidad que construyó un software con base en la propia experiencia, sistematizó las auditorías y reemplazó así los 1.5000 folios que antes había para evaluar. Mientras la actitud de unos es del siglo 19, otros asesoran en el exterior.
Progresar en el ejercicio del derecho fundamental de participación ciudadana en el control administrativo y contra la corrupción exige menos carreta, más trabajo en línea y, sobre todo, cambios de mentalidad.
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