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A los pulmones de Angie Paola no entraba aire suficiente. Su corazón latía al ritmo de las luces de la sirena de la patrulla de Policía en la que iba con su hermano. Contrario a ello, el pulso de Andrés David Jiménez Rozo iba en caída libre, su mirada se perdía en el techo del vehículo y, con el escaso aliento que le quedaba, le insistía a su hermana que cuidara de sus tres hijas.
Cuando llegaron al CAMI de Santa Librada (Usme) les confirmaron la noticia que los Jiménez Rozo presentían. “Se murió”, son las palabras que recuerda Angie de esa noche. La herida con arma blanca, que recibió Andrés David en el costado derecho, le comprometió un pulmón y dejó serias lesiones en su tórax. ¿Que si se pudo haber salvado o hubo negligencia de las autoridades al trasladarlo al centro médico? Eso ya no importa, dicen sus familiares. Ahora buscan justicia.
Por eso Angie ha tenido que hacer espacio entre el dolor, para poner como prioridad la memoria de su hermano y el deseo de que el responsable pague por sus actos. Pero en el camino se ha encontrado con cambios de fiscales, investigadores ausentes y medidas judiciales que, dice, no las esperaba. Pese a que el señalado asesino está identificado y le imputaron el delito de homicidio simple, hoy está libre. Una jueza consideró que podía seguir el proceso sin detención preventiva.
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La explicación de la decisión podría encontrarse en el hecho de que el señalado compareció ante las autoridades días después del crimen y lo ha hecho a las audiencias. Si bien los Jiménez Rozo reconocen que todo requiere de un debido proceso, sienten que el tiempo juega en contra, pues en cualquier momento el victimario podría dejar de asistir ante las autoridades y huir. “Si fue capaz de matar, es capaz de todo”, dicen.
Por ahora, la Fiscalía ya radicó el 2 de marzo la acusación ante el Juzgado 11 Penal del Circuito y se está a la espera de la audiencia. Por donde se le mire, parece que la única respuesta es esperar, pero eso es algo a lo que no está dispuesta la familia de Andrés.
Crimen, ausencia y justicia
Según datos de la Secretaría de Seguridad, en 2021 se registraron 75 homicidios en la localidad de Usme y Andrés David Jiménez hace parte de esa cifra. Eran las 5:00 p.m. del pasado 8 de diciembre y Angie estaba con una de sus hermanas, quien llegó con su entonces pareja sentimental: un hombre, de casi cuarenta años, a quien le decían Pocho. El plan era tomarse unos tragos y compartir en familia. Una hora más tarde llegó Andrés.
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“A las 6:30 p.m. estaban los vecinos de mi mamá tomando en la casa del lado y uno de ellos le dio a mi hermano un billete de $50.000. Él lo que hizo fue darle la plata a mi hermana, porque el señor estaba tomado y luego, seguramente, iba a pedir el dinero. Esa plata era para comprar trago entre todos, pero, como el señor estaba algo borracho, no quisimos compartir con ellos”, recuerda Angie.
Pasada una hora, Andrés abandonó el lugar y fue a visitar a otros familiares. Justo en su ausencia se desató el problema que luego le costó la vida. “La pareja de mi hermana, Pocho, la insultó y le dijo que para qué se ponía a recibir esa plata. Le dije que esa no era la manera de hablarle, que la respetara. Luego él empezó a ser grosero conmigo, yo le contesté y él me pegó. Yo le respondí a las agresiones”.
En ese momento, las únicas testigos fueron tres menores de edad, hijas de las hermanas de Andrés David, quienes salieron a buscar ayuda hasta la casa de la hermana mayor de la familia Jiménez Rozo. “Cuando las niñas dicen lo que estaba pasando, Andrés escuchó y se vino para la casa. Él le reclamó al tipo por habernos tratado mal y por haberme pegado”, agrega Angie.
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Tras una discusión, que no pasó de un enfrentamiento verbal y uno que otro empujón, los cuatro hermanos salieron del sitio. Según el relato de Angie, cuando Andrés le dio la espalda al agresor, este sacó un arma blanca de su pantalón y le dio una puñalada por la espalda.
“Mi hermano dio cuatro pasos, se desmayó y la gente corrió a ayudarnos. Al momento llegó la Policía, al rato una patrulla y yo me fui con él [Andrés]. Llegamos hasta el centro médico y confirmaron que había muerto. Estoy segura de que él murió en la patrulla a mitad de camino. Lo vi bastante mal”.
Después de la muerte vinieron las lágrimas, el dolor, las preguntas de las hijas de Andrés sobre el paradero de su padre, a quien empezaron a extrañar, y el duelo que los obligaba a enfrentarse a la ausencia de un ser querido. El 15 de diciembre, cuenta Angie, un investigador de la Sijín se comunicó con ella para que hiciera el reconocimiento oficial de la víctima y le prometió que con su relato lograría que un juez emitiera una orden de captura en contra del agresor.
El corazón, en parte, estaba aliviado, pues parecía que el homicida quedaría en poder de las autoridades y tras las rejas, como lo querían ver los afectados. Pero lo que no sabía la familia Jiménez es que el 12 de diciembre, tres días antes de que iniciara el proceso de la emisión de la orden de captura, Pocho se presentó a las autoridades para responder por sus actos.
En esa audiencia, aunque le imputaron el delito de homicidio simple, el investigado no aceptó cargos. Al final de la diligencia, una jueza decidió que podía seguir en libertad, pero vinculado al proceso, lo que significa que el caso no quedaría impune, pero sí seguiría su curso, con ciertos beneficios para el victimario.
“La fiscal que tenía el caso ya no trabaja allá. Nos prometieron que iban a hacer audiencias y nos iban a llamar y no sabemos nada de cómo va el proceso. Luego nos enteramos de que el investigador tampoco está allá, dicen que los han movido. Además, de que el tipo está libre, nosotros no tenemos noticia alguna más allá de lo que hemos podido averiguar con uno u otro empleado de la Fiscalía, que nos ayudan cuando vamos a pedir avances”, concluye Angie.
El caso de los Jiménez Rozo pone de nuevo en debate el tema de la judicialización de los responsables de diversos delitos, situación de la que Bogotá no es ajena. A finales del año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, habían sido capturadas un poco más de 17.000 personas por diferentes delitos, pero, de estas, al menos 14.000 recuperaron la libertad.
Pese a que cada caso tiene sus particularidades, buena parte de estas medidas se dieron por decisión de jueces y fiscales, ya sea por errores en los procedimientos de detención, falta de pruebas o, como fue la situación del homicida de Andrés David, el delito, a criterio de la jueza, no ameritaba una medida de aseguramiento en un centro carcelario, sitios que, además, tienen hacinamientos de hasta del 20 %.
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