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El Gobierno ha decidido aportar una “respuesta pragmática y humana” a las situaciones “administrativas complejas y traumáticas para las familias de un niño nacido muerto, que no pueden expedir acta de nacimiento ni de deceso”, señalaron la ministra de Justicia, Rachida Dati, y la titular de Sanidad, Roselyne Bachelot-Narquin, en un comunicado.
Los dos decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado permitirán a las familias en esa situación “disponer de una mención simbólica de ese niño”, como “un nombre de pila” que quede recogido en el registro civil y en el libro de familia, y de un “tratamiento funerario decente”.
El primero de los decretos prevé la posibilidad de inscribir al niño en el registro civil mientras que el segundo habilita a los “padres no casados, de los que el niño sin vida sea su primero” a solicitar un libro de familia.
Diferentes asociaciones reclamaban una medida en esa línea para los fetos de menos de 22 semanas muertos en el útero o que proviniesen de una interrupción médica del embarazo.
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