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El pasado 15 de febrero, Lina María Arbeláez Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acudió a la Fiscalía con tres documentos preparados por su equipo de trabajo: una denuncia penal por reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes contra el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR); y dos informes de cada actor armado que resumen esa y otras conductas como torturas, abuso y acceso carnal en personas protegidas. Esa acción, que no pasó del anuncio, hoy cobra importancia cuando los hechos ratifican el drama que están viviendo muchas familias a quienes les han raptado a sus hijos para la guerra.
En los últimos días, en medio del ruidoso debate político por los comentarios del ministro de Defensa, Diego Molano, se conoció que una menor de edad murió durante un bombardeo a disidentes de la paz en Calamar, Guaviare. Hace un poco más de dos años, murieron ocho menores más durante otro bombardeo, esta vez en el Caquetá y, en aquella ocasión, la controversia política aceleró la salida de Guillermo Botero, primer ministro de Defensa de la era Duque. Más allá de las argumentaciones en favor o en contra de los bombardeos, que constituyen otra polémica aplazada, lo cierto es que el tema del reclutamiento de menores también es un asunto no resuelto.
Y los documentos que entregó la directora del ICBF a la Fiscalía representan un diagnóstico suficiente para que esta problemática nacional sea abordada con urgencia. Se trata de una alerta del ICBF sobre un flagelo que se extiende por varias regiones del país, que, entre noviembre de 2016 y enero de 2021, le permitió al organismo registrar 465 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados o utilizados para la violencia o el delito. Hoy, 280 de ellos lograron ser desvinculados del Eln y son objeto del Programa de Atención Especializada del ICBF, y 185 más ya pasaron la terrible experiencia de conocer y participar en las redes ilegales de los GAOR.
La directora del ICBF especificó en su denuncia que han sido 6.944 los niños y adolescentes por quienes se desarrollan procesos de restablecimiento de derechos en el Programa de Atención Especializada, desde 1999, y que el capítulo del reclutamiento forzoso de menores de edad ya concentra más de la mitad de los ingresos en el desarrollo de esta iniciativa. Aunque la propuesta de Lina María Arbeláez es que se visibilice y se les dé prioridad a los 465 menores referidos, su sugerencia a la Fiscalía es que se construya una línea de investigación que permita encarar este flagelo desde el impulso penal, pues el asunto va mucho más allá del reclutamiento mismo.
Con testimonios de menores que lograron salir a tiempo de la guerra, el reporte del ICBF a la Fiscalía documentó que tanto el Eln como los GAOR —en los que están incluidos los disidentes de la paz, el Clan del Golfo y otros grupos armados especialmente dedicados al narcotráfico— han incurrido en varios delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho. Conductas que se traducen en lesiones, abusos y actos sexuales violentos, conocidos de primera mano por el Programa de Atención Especializada, de los cuales hoy son víctimas muchos niños, niñas, adolescentes y sus familias, sin que el Estado haya tenido manera de revertir esta creciente situación.
Una joven, por ejemplo, relató que fue vinculada a un grupo armado desde los trece años y que al menos hasta los 16 vivió toda clase de atropellos y abusos. Otro joven también aportó su testimonio con experiencias similares y un estado de indefensión notorio ante el autoritarismo y las agresiones de los jefes de la ilegalidad. En criterio de la entidad denunciante, a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Derecho Penal Internacional (DPI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la Fiscalía debería darle celeridad a la investigación de este doloroso pero no muy divulgado escenario, pues son claras las evidencias del reclutamiento agravado.
De los documentos radicados en la Fiscalía se desprende una información que también interesa en las regiones. En el caso del Eln, de los 280 casos de niños y adolescentes desvinculados de esta organización, 69 pertenecen al Chocó, 54 a Antioquia, 36 a Arauca, 28 a Bolívar y 12 a Norte de Santander. Consultada una fuente sobre este diagnóstico pormenorizado en materia de territorios, observó que son zonas de alta influencia de esta organización alzada en armas, y que por eso deben extremarse los focos de atención social y familiar, especialmente en áreas rurales, para neutralizar la práctica de vincular menores a la guerra para ser utilizados con fines ilícitos.
En el caso de los GAOR, lo que deja ver la información aportada por los especialistas del ICBF es que la mayoría de casos (32) se han registrado en el departamento del Cauca. Treinta de los casos hoy en el Programa de Atención Especializada corresponden a reclutamientos en el Caquetá, 38 a Nariño, 14 a Antioquia y 12 al Putumayo. Hay registros de otras regiones y, en términos generales, en todos los casos siempre el número de hombres duplica al de mujeres. En cualquier caso, estas cifras ratifican el punto de vista de la fuente consultada: reflejan algunas regiones vulnerables al influjo de los GAOR, especialmente por el oropel del narcotráfico.
Al margen de la controversia política, el regreso a los bombardeos demuestra que desafortunadamente la guerra sigue escalando en Colombia y que la muerte de menores en esta seguirá siendo inevitable, mientras continúe el reclutamiento de niños y adolescentes para la violencia y el delito. La denuncia interpuesta hace menos de un mes por el ICBF busca que al menos se establezca la responsabilidad en la comisión de este delito y en lo posible se apliquen sanciones. Y por lo pronto, con el propósito de lograr una reparación integral de los daños causados, el organismo decidió representar en el proceso penal a los 465 menores que fueron rescatados de las garras de la ilegalidad.
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