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Luego de recibir varios reveses en las últimas dos semanas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentará la primera audiencia preparatoria antes de ir a juicio por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en el expediente que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia del pasado 27 de agosto, le cerró la puerta a la solicitud elevada por su defensa con la que buscaba tumbar todo el proceso y, el jueves 4 de septiembre, el Juzgado 44 Penal de Bogotá, donde deberá sentarse en el banquillo de los acusados hoy a las 9:00 de la mañana, le negó el pedido de aplazar la audiencia. Tras esta línea de derrotas, su defensa prepara una serie de argumentos para hacerle frente a las últimas decisiones judiciales en contra del exmandatario.
Como primera medida, la defensa del exsenador, en cabeza del abogado Jaime Granados Peña, tiene en mente interponer una tutela con la que busca probar que, supuestamente, al líder del Centro Democrático se le han vulnerado derechos en el extenso proceso que enfrenta desde hace seis años. La tutela no suspendería el curso del proceso. Para la defensa de Uribe Vélez, las vulneraciones vuelven de nuevo al punto de la indagatoria a la que fue llamado el entonces congresista el 24 de julio de 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Granados, en diálogo con este diario, precisó que no esperan revivir la discusión ya zanjada por la Corte Constitucional, en la que determinó que la indagatoria equivale a la imputación, sino que el tema va mucho más allá. Para él, los hechos de esa imputación no son claros y esa equivalencia se hizo “en el papel”, pero, dice, no tuvo efectos reales.
Según el jurista, los hechos que llevaron a la imputación de Uribe Vélez por presuntamente sobornar a testigos para obtener testimonios favorables en otros procesos sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo, presentaron variaciones a medida que el proceso ha ido avanzando. A su juicio, estos cambios afectan directamente los derechos del exmandatario porque la imputación ha sido “elástica”, pues dice que se “amplía y se contrae”. En resumidas cuentas, Granados expone que el expresidente fue imputado teniendo en cuenta la indagatoria y el auto del 3 de agosto de 2020 emitido por la Corte Suprema, mediante el cual se resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez y que le impuso la medida de aseguramiento que cumplió durante más de dos meses en su finca ‘El Ubérrimo’ en zona rural de Montería (Córdoba).
No obstante, dice el defensor, en la reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, “se contrae la imputación únicamente a la indagatoria”, dejando por fuera el auto que envió a Uribe a prisión domiciliaria. “Cuando a ti te están diciendo durante cuatro años que se incluye el auto, y ahora te dicen que no, pues se vuelve un tema maleable (…) eso implica una vulneración del derecho al debido proceso y de defensa”, argumenta Granados. Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia, durante la audiencia de acusación en contra del jefe del Centro Democrático, dejó por sentado que durante la indagatoria a Uribe le fueron debidamente comunicados los hechos por los cuales estaba siendo procesado. De hecho, ese fue uno de los argumentos de la togada para negar la nulidad que durante esa diligencia solicitó el abogado Granados.
Aun con esa decisión del juzgado, la defensa de Uribe Vélez intentaría, a través de la tutela, poner en el centro del debate si el exmandatario cometió dolo eventual o directo. Cuando la Corte Suprema llamó al expresidente a indagatoria en 2018, el alto tribunal fue claro en que las conductas por las que hoy se encuentra imputado el también exsenador se habrían presentado con intención eventual, es decir que, aunque no quería cometer delitos, Uribe debía saber que sus actuaciones iban contra la ley. Para Granados, no obstante, esto dio un giro de 180 grados en la audiencia de acusación, pues se modificó “el núcleo fáctico de la imputación, pasando de dolo eventual a dolo directo.” Eso significa, sin entrar en términos técnicos, que, según la Fiscalía, el expresidente era completamente consciente de que sus acciones eran ilegales.
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El as bajo la manga de la defensa es, entonces, intentar demostrarle a la Corte Constitucional, tribunal encargado de estudiar si acepta o no la tutela, que no existen hechos que puedan probar la intención del exmandatario de cometer delitos. En palabras más sencillas, la Corte Suprema reunió durante la indagatoria unos hechos que estaban intentando probar un dolo eventual por parte del exmandatario, pero en la audiencia de acusación se le acusó a Uribe el dolo directo. Con este ajuste, según Granados, no habría evidencias para probar que Uribe Vélez haya cometido soborno, soborno en actuación penal o fraude procesal a propósito. Sin embargo, el magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, dejó en claro que esas modificaciones son válidas y hacen parte del curso normal del proceso.
“¿El hecho de dolo directo es que contrató un abogado? Eso no es delito. ¿El hecho es que ese abogado vaya a una cárcel a entrevistar testigos? Eso es un hecho neutro y no está prohibido”, argumentó Granados. Cabe recordar que los delitos por los que fue acusado el líder opositor en mayo pasado tienen que ver con su presunta participación en la utilización de abogados y emisarios que fueron enviados, al parecer por órdenes suyas, a algunos centros carcelarios para obtener testimonios a su favor en otros procesos relacionados con los presuntos vínculos de Uribe Vélez con paramilitares. Uno de esos enviados, por ejemplo, habría sido su abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un juicio por los mismos hechos, por fraude procesal y soborno, luego de, supuestamente, haber ofrecido dinero y asesorías a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios en favor del exjefe de Estado.
Otro asunto que ha generado tensión momentos antes de la audiencia preparatoria es la negativa de la jueza Sandra Liliana Heredia de aplazar la diligencia. El abogado Granados envió una carta al despacho de la togada el pasado lunes 30 de agosto, solicitando reagendar la audiencia para el 12 de septiembre, pues el expresidente tiene unos vuelos que comprometen su asistencia. Para la jueza, la audiencia se realizará a las 9:00 de la mañana con o sin presencia del expresidente y manifestó en respuesta a la defensa que no es necesario que el exmandatario esté presente, toda vez que puede ser representado por su abogado. La togada, además, ha sido enfática en señalar que no debe haber más demoras en el proceso, teniendo en cuenta que el caso prescribe en octubre del próximo año. Sin embargo, la defensa señala que por la edad del expresidente (72 años) goza de especial protección constitucional, por lo que no se descarta que se presente un recurso durante la audiencia para pedir un nuevo aplazamiento.
El Espectador conoció que la defensa de Uribe alista otro recurso que tendría relación con las pruebas que se debatirán en el juicio y que se pondrán sobre la mesa durante esta diligencia previa. Así mismo, los abogados del exmandatario se preparan para oponerse a las pruebas que presente la Fiscalía y la defensa de las víctimas. A las 9:00 de la mañana iniciará la diligencia con aires de posibles suspensiones por nuevos recursos judiciales, pero con el escenario claro de que el exmandatario deberá afrontar un juicio por presunta manipulación de testigos.
Conozca el auto en el que se niega el aplazamiento de la audiencia:
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Por Santiago Díaz Gamboa
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