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Han pasado más de dos meses y medio desde que el exjefe paramilitar Hébert Veloza García, alias “H.H.”, le solicitara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo convocara a una audiencia de aporte a la verdad para reconstruir las memorias de la guerra que protagonizó como comandante de los bloques Calima y Bananero, que perpetraron más de 3.000 homicidios en Colombia. Sin embargo, la JEP todavía sigue analizando su petición que abriría varios frentes de investigación en cinco macrocasos: el genocidio de la Unión Patriótica (UP), los crímenes de las autodefensas en Cauca y Valle, la victimización de civiles en Urabá, la barbarie contra pueblos y territorios étnicos, y las violencias auspiciadas por agentes del Estado en asocio con esos ejércitos privados. Mientras se evalúa si esa Jurisdicción lo acoge, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar certificó que su testimonio en el caso que indaga el exterminio de la UP resultó clave para esclarecer las siniestras alianzas de la Fuerza Pública con el paramilitarismo.
En noviembre pasado, “H.H.” rindió versión ante el magistrado Salazar y sus confesiones le permitieron a la JEP armar el rompecabezas de un capítulo impune ocurrido a mediados de los años 90 en el corazón del Urabá: la falsa desmovilización de miembros del EPL y las FARC que simularon una entrega de armas, pero que lo único que hicieron fue cambiar su brazalete de guerra por el de las autodefensas. Un episodio que sería crucial en la expansión del proyecto paramilitar y que habría sido pactado por la casa Castaño y altos oficiales del Ejército, uno de los cuales años después llegó a ser comandante de las Fuerzas Militares de Colombia: el general (r) Leonardo Barrero. Hoy sobre este general en retiro pesan graves acusaciones sobre su responsabilidad en el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, sus presuntas alianzas con las autodefensas en el Meta y Urabá y el expediente donde resultó mencionado como enlace de la mafia del capo alias “Matamba”.
Barrero fue citado por la JEP para dar sus explicaciones sobre esa falsa desmovilización que, según “H.H.”, no fue más que una vuelta del paramilitarismo para darle un positivo al Ejército. En un auto del pasado 6 de enero, el magistrado Salazar señaló: “El suscrito magistrado destaca, de manera preliminar, que la información suministrada por el señor Veloza García en su diligencia de testimonio ha constituido un significativo aporte para el esclarecimiento de los hechos de conocimiento del macrocaso 06 ‘Victimización a miembros de la UP’ (…). El testigo no solo mostró una disposición plena a responder de manera clara y directa las preguntas formuladas, sino que su lugar en la estructura y su rol en la organización Autodefensas Campesinas de Córdoba (ACCU) y Autodefensas Unidas de Colombia, le permitió dar cuenta de detalles, eventos, circunstancias, lugares y relaciones que han resultado ‘prima facie’ esclarecedores o claramente orientadores”.
Sobre lo que dijo “H.H.” en relación con la falsa desmovilización, el magistrado Salazar resaltó lo siguiente: “El señor Veloza García dijo que el comandante del frente 58 de las FARC, alias “James”, se les había entregado a las autodefensas en 1995 e inmediatamente se puso a trabajar para los paramilitares. Lo dicho por Veloza ya había sido manifestado por otros testigos y se encontró consignado en informes de inteligencia y otros documentos de la Brigada XVII y la I División. No obstante, las autoridades militares, tal como se expresa en el referido auto de compulsa, inexplicablemente lo acompañaron como líder de los exmiembros de las FARC en la ceremonia de desmovilización de Cedro Cocido en 1996”. Es decir, la confesión de “H.H.” fue corroborada por otras evidencias y, además, resultó esencial para determinar los vasos comunicantes de las autoridades con las autodefensas en las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, en Meta, ocurridas en 1997 y 1998.
El magistrado Salazar resumió así el aporte del exjefe paramilitar: “La actitud desplegada por Veloza García se acompasa con el objetivo de esclarecimiento, así como con el principio de centralidad de las víctimas que se traduce en la efectiva protección de sus derechos, concretamente a la verdad y la garantía de no repetición, al ayudar a develar, al menos preliminarmente, el complejo entramado de relaciones, estructuras y personas partícipes en los múltiples crímenes cometidos por las ACCU y las AUC durante ese período y relacionados, en cierto grado de inmediatez, con el reclutamiento en 1996 de los miembros del EPL y las FARC”. En resumen, se trata de un aval muy importante para “H.H.” que allana el camino de una eventual aceptación de su sometimiento ante la JEP. Con base en este pronunciamiento, Veloza García envió esta semana un nuevo derecho de petición a la Jurisdicción para ser escuchado en una audiencia única de aporte a la verdad.
En reciente entrevista con Noticias Caracol, “H.H.” aseguró que quiere llegar a la JEP porque el proceso con las autodefensas quedó a medio camino, que el Gobierno no se comprometió con la reinserción de esos excombatientes y que eso permitió que muchos de sus subalternos de entonces hoy comanden las estructuras del Clan del Golfo, como el “Negro Ricardo”, “Giovanny”, “Sarley” y “Chiquito Malo”. Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, también estuvo bajo sus órdenes. Primero fue del EPL, fue parte de la farsa de 1996, luego se convirtió en jefe de las autodefensas y después en máximo cabecilla del Clan del Golfo hasta su extradición. “Mientras no se controle el narcotráfico, principal combustible de la guerra, siempre va a haber violencia en este país”, contó “H.H.”, y añadió respecto de quienes los financiaron: “Nosotros colocamos los muertos y ellos quedaron con las riquezas. Nosotros estamos presos, las víctimas con miles de muertos, y ellos con sus empresas”.
En la entrevista, Veloza García contó además que la virulencia de la guerra en Urabá se debió a que el comandante paramilitar “Doble Cero” les dejó una instrucción perentoria cuando llegaron a retomar el control del territorio: tienen que causar más temor que las guerrillas. Según “H.H.”, fue la Policía la que les dijo en su momento que tenían que desaparecer los cadáveres porque eso les subía las estadísticas de violencia. Una directriz que llenó a Colombia de fosas comunes y convirtió los ríos en hoyos negros. “La fosa más grande que hay en el país es el río Cauca”, relató. “Cuando comencé a contar la verdad tan crudamente en esa época muchos comandantes me decían que eso no podíamos contarlo así. Y yo decía: ‘Pero si eso fue lo que pasó ¿Cómo voy a decorar que le maté el papá a tales pelados o que decapitamos a una persona? Eso hay que contarlo porque si no va a seguir sucediendo. Pero algunos comandantes querían contar la verdad más suave”.
Esa verdad cruda es que Veloza García quiere contarle a la JEP. Ojalá, sostuvo en la entrevista, en compañía de sus cómplices del pasado, como el general (r) Rito Alejo del Río o los coroneles (r) Byron Carvajal y Germán Morantes. “Ya es hora de acabar con esos pactos de silencio entre militares”, agregó. “Si nosotros desde el principio hubiéramos contado la vinculación que teníamos con la Fuerza Pública hubiera sido más difícil que nuevos grupos se hubieran apoyado en ella. Donde la justicia hubiera castigado a esos empresarios que nosotros hemos mencionado, que nos apoyaron y que nos llevaron a Urabá y al Valle del Cauca, que financiaron la guerra, hubiera sido más difícil que otros empresarios o esos mismos empresarios apoyaran nuevos grupos. Mientras no haya condenas ejemplares para esas personas va a haber quien siempre apoye esos grupos”. El reciclaje de esas violencias, concluyó, es la impunidad. “H.H.” todavía tiene muchas verdades que contar.
Quizás uno de los capítulos más relevantes sea cómo el narcotráfico terminó por devorar el proyecto antisubversivo de las autodefensas y cómo se utilizó esa guerra contra las guerrillas para ejecutar una contrarreforma agraria que favoreció a terratenientes. Veloza García explicó así el accionar paramilitar en el Urabá: “La visión que tenía Vicente Castaño (máximo jefe de las AUC) era que teníamos que apoderarnos de todas esas tierras del Tapón del Darién, porque él decía que la carretera a Panamá un día tenía que ser una realidad y que esas tierras serían invaluables. ¿Y cuáles tierras se despojaron? Todas esas tierras. ¿Y quién compró esas tierras? Los bananeros. De pronto había otros trasfondos que nosotros en nuestra lucha antisubversiva no conocíamos y nos utilizaban para esas consignas”. De todas las pesquisas inconclusas sobre la mano larga del paramilitarismo, el capítulo de la paraeconomía es el menos investigado.
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