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El 49,3 por ciento dijo estar de acuerdo con que “comete un delito una persona que tiene droga para su exclusivo consumo personal” , según el sondeo publicado por el semanario local Debate, que fue realizado por la consultora Ibarómetro entre 670 habitantes de Buenos Aires y sus alrededores.
El 31,1 por ciento de los encuestados definió como “muy equivocada” y el 27,5 como “bastante equivocada” la iniciativa que el Ejecutivo prometió poner a consideración del Parlamento antes de fin de año.
El 87,6 por ciento afirmó que el proyecto “debe contemplar un endurecimiento de medidas para aquellos que venden o trafican drogas” y el 59,8 por ciento estimó que el problema de la droga “se soluciona atacando a los narcotraficantes”.
Además, el 56,4 se mostró en desacuerdo con el argumento del Gobierno que con la despenalización no crecerá el consumo de estupefacientes.
Quienes consideraron la propuesta gubernamental como “muy” o “bastante acertada” sumaron sólo el 32,6 por ciento.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández dijo que “el objetivo es ser durísimo con el narcotráfico en todas las condiciones” y aplicar “una fortísima política de prevención para los que se drogan y no son consumidores recreativos o sociales”.
Fernández indicó que mientras en Argentina “el consumo está más criminalizado que nunca”, en las últimas décadas “los narcotraficantes han hecho lo que han querido”.
“Nos vendieron un cuento sobre el narcotráfico. Nunca hubo información inteligente y los narcos traficaban lo que querían, a Europa fundamentalmente”, remarcó.
La elaboración del proyecto sobre la despenalización del consumo de drogas es analizada por una Comisión Científica Asesora, creada este año por el Gobierno e integrada por jueces, fiscales, sociólogos y especialistas en drogadicción y narcotráfico.
Además de castigar con una pena de un mes a dos años de prisión la tenencia de drogas, la ley 23.737, sancionada en 1989, castiga, con entre cuatro y quince años de cárcel, la “siembra y cultivo de estupefacientes”.
Sin embargo, en los últimos años hubo numerosos fallos judiciales absolutorios para los adictos, dictados en tribunales de primera y segunda instancia.
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