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El caso de Tonny, el perro que fue lanzado desde un piso 25 en un conjunto residencial al sur de Bogotá, sigue generando indignación. Y hoy, a tres días del infame hecho, todavía más, pues se conoció que el presunto agresor del animal doméstico fue puesto en libertad, pese a ser capturado instantes después del crimen.
De acuerdo con la información más reciente, el proceso ya cuenta con número de noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación, que lidera las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar al responsable.
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¿Por qué sigue libre?
Sin embargo, el individuo acusado de cometer el atroz hecho se encuentra en libertad debido a que su captura no se produjo en flagrancia.
Así lo dio a conocer la senadora Andrea Padilla, quien ha hecho un seguimiento continuo del caso junto con las autoridades distritales.
Si bien hay videos y testimonios de los vecinos del conjunto residencial en los que se acusa al sospechoso de haber lanzado al animal, la Fiscalía se encuentra analizando otras pruebas, como una necropsia al cadáver del perrito, para construir un sumario contundente que permita emitir una orden de captura contra esta persona.
El hecho, que ocurrió en la localidad de Kennedy, provocó una fuerte reacción ciudadana y reavivó el debate sobre el maltrato animal en Bogotá.
Ahora, el foco está en el avance de la investigación y en la posibilidad de que las autoridades logren identificar, capturar y judicializar al responsable de uno de los casos más impactantes recientes en la ciudad.
¿Qué le podría pasar al responsable?
Este caso podría enmarcarse en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endureció las sanciones por maltrato animal en Colombia. De acuerdo con esta norma, quien cause la muerte de un animal puede enfrentar penas de entre 32 y 56 meses de prisión (casi 3 a 4,6 años), además de multas de 30 a 60 salarios mínimos y la prohibición de tener animales por varios años.
En casos con agravantes —como sevicia, crueldad extrema o condiciones particulares del hecho— las penas pueden aumentar y superar los 4 años de cárcel, lo que implica que el delito deje de ser excarcelable.
Además, esta conducta también se investiga bajo el artículo 339A del Código Penal, modificado por la Ley Ángel, que establece sanciones penales para quienes maltraten animales o atenten contra su vida, en un marco que busca fortalecer la judicialización de estos casos en el país.
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