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La protesta, que se produce a seis días del referendo sobre mandatos en Bolivia, se podría extender a otros cinco departamentos del país, según los dirigentes cívicos.
El ayuno se inició anoche en oficinas del Comité Cívico pro Santa Cruz y está encabezado por su presidente, Branco Marinkovic, quien informó a los medios que la huelga fue decidida por el opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde) , conformado por los dirigentes de seis departamentos bolivianos.
Los prefectos y líderes cívicos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, todos gobernados por opositores a Evo Morales, forman parte, junto con Santa Cruz, de Conalde y se sumarían a la huelga de hambre, según fuentes de la entidad, al igual que representantes de diversos sectores de la población.
Los líderes cívicos piden la devolución del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), retenido a las regiones por el Gobierno, para financiar una renta destinada a los ancianos mayores de 60 años.
“Se trata de una decisión para recuperar nuestros recursos, aquí no hacemos política”, afirmó Marinkovic a la red Unitel y dijo que los cruceños acudirán a la consulta del domingo para “revocar” a Morales y “votar por la autonomía” que, a su juicio, se opone el presidente izquierdista.
El Ejecutivo calificó la protesta como una “maniobra política” a seis días del referendo revocatorio en el que el presidente, el vicepresidente y los prefectos (gobernadores) someterán a las urnas la continuidad de sus cargos.
El vocero de la presidencia, Iván Canelas, insistió que la huelga de hambre iniciada en Santa Cruz “no se justifica porque las regiones están recibiendo más dinero por el IDH” y agregó que los cívicos tienen que, por el contrario, ponerse a trabajar en favor de sus regiones.
En la misma línea se pronunció Fabián Yaksic, viceministro de Descentralización, que aseguró que la huelga de hambre tiene un fin político y que es un “pretexto para entorpecer el revocatorio”, según el diario la Prensa.
Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija celebraron este año sendos referendos autonomistas, calificados por el Gobierno como “ilegales” y “separatistas”, en una pugna considerada como uno de los puntos neurálgicos de la confrontación entre oficialistas y opositores.
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