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En menos de 72 horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quedó en el centro de una tormenta institucional y judicial, cuyos efectos todavía están por verse. El primer golpe lo dio la Procuraduría, que sancionó a 16 funcionarios por abusar de su poder en inspecciones en la Cancillería y la Registraduría. Luego, el turno fue para la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló el nombramiento de su directora, Cielo Elainne Rusinque, al concluir que no cumplía con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo. Dos decisiones, en días casi consecutivos, que no solo golpearon la entidad, sino que dejaron al descubierto graves cuestionamientos sobre su forma de operar y la idoneidad de quien dirige a la entidad.
La primera decisión, emitida por la Procuraduría, está relacionada con dos inspecciones hechas en marzo de 2024 por funcionarios de la SIC sin permisos ni órdenes para hacer copias espejo de información sensible y personal de funcionarios de la Cancillería y la Registraduría. Los miembros de la Superintendencia, se lee en el fallo, accedieron de forma arbitraria a equipos institucionales en una operación que se adelantó por fuera de las competencias de esa entidad, en el marco de una investigación por posible violación de la libre competencia de la empresa Thomas Greg & Sons, durante la adjudicación del contrato para imprimir pasaportes. Para la Procuraduría, hubo claro abuso de poder, por lo que impuso multas de hasta COP 130 millones e inhabilidades de hasta un año para ejercer cargos públicos.
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El segundo caso se conoció en la noche del pasado 19 de marzo. Rusinque, quien ha sido cercana al presidente Gustavo Petro, defensora de sus decisiones en redes sociales y que incluso trabajó en su campaña del 2022, llegó a la cabeza de la SIC el 2 de febrero del 2024, tras ser nombrada por el jefe de Estado. Una decisión que fue objeto de cuestionamientos sobre la idoneidad académica y profesional de la abogada para estar en ese cargo desde el cual tiene que proteger los derechos de los consumidores, garantizar la libre competencia económica, salvaguardar los datos personales y gestionar la propiedad industrial. Cuatro demandas de nulidad llegaron al Consejo de Estado, pidiendo lo que, en efecto, esa instancia ordenó: tumbar el nombramiento de la funcionaria.
Todas argumentaban dos cosas. Primero, que Cielo Rusinque no tenía la formación en maestría o doctorado que requiere el cargo porque, entre otras cosas, no había convalidado sus títulos en el exterior en Colombia. Y segundo, que no contaba con la experiencia mínima de diez años, relacionada con las funciones de superintendente de Industria y Comercio. Sin embargo, la saliente funcionaria aseguró, en conversación con El Espectador, que se trató de “una decisión a rajatabla”, que desestimó toda la información que ella aportó para acreditar su trayectoria y experiencia para ser nombrada superintendente. Incluso, dijo que está considerando llevar el caso a instancias internacionales.
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El primer punto que evaluó la Sección Quinta del Consejo de Estado fue el de la validación de dos títulos de posgrado que Rusinque cursó en la Universidad Panthéon-Assas, en París (Francia). El primero corresponde a una maestría en Derecho Constitucional, que tiene fecha del 25 de septiembre de 2006. Según el Consejo de Estado, se trata de un título propio francés, que no pudo ser convalidado en Colombia por el Ministerio de Educación. “De conformidad con la nominación del estudio cursado por la demandada, no es posible en este asunto asignarlo, específicamente, a uno de los programas de posgrado válidos en Colombia”, pues implica, según la decisión, “estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior”.
La legislación colombiana dice que hay un plazo de hasta dos años para hacer esa convalidación. Sin embargo, Rusinque le dijo a este diario que no es que la validación de esa maestría haya sido rechazada por el Ministerio de Educación, sino que el proceso aún no ha terminado. “Lamentablemente, esos trámites son muy demorados y la validación todavía está en la última fase. Sin embargo, existe y obra en el proceso la certificación que fue enviada por la universidad, que la hice pública y es un documento que goza de presunción de legalidad”, dijo la saliente funcionaria. El segundo título corresponde a una maestría en Ciencia Política que sí fue validada en Colombia, pero que no corresponde a los temas y funciones que tenía como superintendente.
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“La demandada no demostró haber cursado un posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo. El máster en Ciencias Políticas que pretende hacer valer la señora Rusinque no guarda afinidad con las labores de superintendente de Industria y Comercio”, se lee en el fallo del Consejo de Estado. Además, el documento señala que, pese a ser un estudio de la rama de las Ciencias Sociales y Humanas, está lejos de aportarle a la trayectoria académica que Rusinque necesitaba para ser superintendente. “Yo no me voy a poner a inventar un título de esos. Pueden llamar a la universidad y verificar la información que ellos están dando”, señaló.
El otro punto que analizó el Consejo de Estado fue el de la experiencia relacionada con el cargo de superintendente. Para completar los diez años de experiencia mínima que le exigía la ley, Rusinque acreditó, entre otras cosas, su paso como asistente judicial en la Fiscalía, entre julio de 1999 y septiembre del 2004, y cinco meses de trabajo en la alcaldía de Fusagasugá (Cundinamarca) como asesora jurídica. Además, sumó 11 meses más de experiencia laboral por haber trabajado en el “apoyo en la elaboración de documentos jurídicos” con el general en retiro Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (fue imputado por la Fiscalía en abril de 2021 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales).
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Pero la experiencia que más le redujo méritos a Rusinque y que no tuvo en cuenta el Consejo de Estado fue la de “docente investigadora” de la Universidad Externado, entre enero del 2008 y diciembre del 2017. El alto tribunal encontró que, en realidad, fue “beneficiaria del Programa de Becarios en el Exterior, bajo el cual la universidad le brindó apoyo financiero para adelantar estudios” y que “no se cuenta con registro de que la demandada hubiera impartido clases”. Al respecto, la saliente superintendente señaló que la decisión fue tomada “sin motivación alguna y diciendo que no había los soportes suficientes”. Al final, solo le avalaron ocho años, seis meses y 25 días, de los 10 años que le exigía la ley.
Ante la decisión de anular el nombramiento de Rusinque, la saliente funcionaria le dijo a este diario que ya le envió su carta de renuncia al presidente Petro. Al cierre de esta edición el pasado viernes, aún no había sido aceptada por el jefe de Estado. Lo que sí hizo el presidente fue pronunciarse en X: “El fallo contra la permanencia de Cielo Rusinque en su cargo de vigilante sobre la industria y el comercio para defender al consumidor y la libre competencia es pura persecución política a mi gobierno”. Rusinque ya anunció que interpondrá una tutela contra la decisión, pero sobre el tema queda una duda: ¿El gobierno la mantendrá en el cargo? El sustento de la pregunta es un decreto que cambió las reglas y redujo los requisitos que deben cumplir funcionarios, justamente como Cielo Rusinque. Las posibilidades están sobre la mesa.
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