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Han sido unos días muy movidos para la ministra de Educación, Aurora Vergara. Antes de que terminara el año se conoció que el presidente Gustavo Petro cuestionó la ejecución del Ministerio de Educación, haciendo énfasis en la construcción de nuevas sedes educativas, un tema que, en opinión del mandatario, no está avanzando a la celeridad necesaria. “Si hay algo que no ha salido en medios de comunicación, es que ese jalón de orejas le rentó mucho al Ministerio de Educación”, respondió Vergara en una entrevista con El Espectador. (Lea: Estos son los requisitos para acceder a la gratuidad en matrículas de educación superior)
La ministra promete una inversión superior a $1 billón en 2024 para infraestructura de educación superior. Además, garantiza que habrá recursos para objetivos claves del Gobierno como la Ley de Gratuidad y su implementación, que dice será progresiva. La ministra también destacó las acciones que tomó el Gobierno para mejorar las condiciones de los docentes, incluyendo mejoras salariales, formación adicional para miles de maestros y la asignación de docentes a áreas rurales con escasez de personal. Lea más detalles a continuación.
Ministra, tras las reuniones que tuvieron con el presidente Petro a mediados de este mes, se señaló que de alguna manera le “jalaron las orejas” por su trabajo. ¿Es esto cierto y cuáles son las inconformidades del presidente?
La planeación estratégica (como el presidente denominó las reuniones con sus ministros) de 2023 deja al sector educación mucho más fortalecido financieramente, porque permite que las asignaciones presupuestales que estaban pendientes de coordinación con las diferentes oficinas se puedan coordinar y sincronizar. Ya todo el mundo pudo escuchar la importancia que tiene la infraestructura educativa para el presidente de la República, y ese es un eje importante.
Otro eje va a ser garantizar el presupuesto para la gratuidad universal y el presupuesto de 2023 va a permitir que la Ley de Gratuidad cuente con el respaldo necesario. Por último, va a posibilitar que se sigan fortaleciendo las bases presupuestales de las instituciones de educación superior públicas. Si hay algo que no ha salido en medios de comunicación, es que ese jalón de orejas le rentó mucho al Ministerio de Educación y que, para nuestro equipo, ese seguimiento constante del señor presidente de la República lo que hace es ayudarnos a garantizar siempre una marca de excelencia.
¿Pero sí hubo un “jalón de orejas”?
Lo primero que debo decir es que la planeación estratégica se hizo en el marco de un consejo de ministros que tiene reserva legal. Pero como él ya hizo público un llamado de atención sobre la importancia de acelerar la construcción de las universidades y de garantizar la gratuidad en las instituciones educativas de educación superior, me pronunciaré sobre esos dos puntos. Primero, vamos a garantizar que el Gobierno Nacional el próximo año cuente con una inversión superior a $1 billón, al igual que este año, para infraestructura de educación superior. (Le puede interesar: El SENA volvió a aplazar licitación para contratar plataformas virtuales)
La importancia del planteamiento del presidente frente a este tema es garantizar que los estudiantes en las zonas rurales, que necesitan un acceso inmediato a educación superior, puedan contar con esta infraestructura en dos vías: las que ya están listas y pueden ofrecer programas o las que están en proceso de construcción y pueden acercarse a estas generaciones en entornos rurales.
Este año se cerró con la priorización de más de 25 proyectos en instituciones de educación superior alrededor del país. Con respecto a la política de gratuidad, así como ya se anunció para los militares, vamos a avanzar en garantizar la gratuidad universal, que es una de las grandes promesas de este Gobierno.
¿A cuántos jóvenes esperan cubrir en este primer año de gratuidad en la matrícula para educación superior?
En este momento tenemos que el 45 % de los estudiantes que buscan una oportunidad de acceso a la educación superior no cuentan con ella. Con una inversión que superaría los $700.000 millones, además de toda la inversión que estamos destinando para el aumento de la cobertura, esperamos lograr que este grupo de personas pueda tener una oportunidad de acceso a la educación superior. Ahora, la manera como el Gobierno está calculando la meta de los 500.000 nuevos cupos está establecida de la siguiente manera: que en 2023 ingresen aproximadamente 50.000 estudiantes, y vamos a cerrar el año con más de 52.000 en el sistema.
Pero sabemos muy bien que estamos retando al sistema, porque en 17 meses logramos que ingresaran más de 50.000 estudiantes en el sistema público, una cifra que al sistema le tomó tres años en alcanzar (antes del programa). Para 2024 el cálculo está por encima de los 100.000 estudiantes en el sistema público.
¿Serían estos 100.000 jóvenes los que se beneficiarían de esa política de gratuidad?
La política de gratuidad estaría lista para recibir a ese número de estudiantes, las instituciones estarían listas para recibirlas y el Gobierno Nacional para financiar a esos estudiantes. Si todo funciona bien, entrarían por esa vía. Pero sabemos bien que muchos estudiantes van a seguir accediendo al sistema de educación a través de instituciones privadas. (Puede leer: Argentina: nueva ley afectaría a 20.000 estudiantes colombianos, ¿de qué se trata?)
Por eso lanzamos la estrategia “Poder pedagógico”, para que maestros que necesiten pasar de su formación complementaria como normalistas puedan ingresar a las licenciaturas en instituciones de todo el sistema. También hay un grupo que ingresaría al Sena, a la formación de programas técnicos y tecnólogos. Estos grupos también aportarían al cumplimiento de esa meta.
¿A quiénes se va a priorizar con este programa?
A madres cabeza de familia, que en políticas anteriores quedaban, de alguna manera, excluidas. También a los bachilleres de zonas rurales, y esta es una apuesta por la equidad, porque muchas de las políticas que se han diseñado en los últimos 30 años han privilegiado un criterio meritocrático del resultado de la prueba Saber 11. El Gobierno no está poniendo en riesgo la calidad, sino que estamos haciendo una apuesta por la inclusión.
Pasando a otros temas, se ha señalado que los problemas en la calidad del sistema educativo colombiano se pueden explicar, en parte, por la baja formación de los docentes. ¿Qué acciones piensan adelantar para mejorar las condiciones de los maestros del país?
Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es destinar una inversión sin precedentes, garantizando que los maestros tengan mejores condiciones salariales. En ese sentido, la mesa de concertación con Fecode (el principal sindicato del Magisterio) ha sido muy importante, porque con estos docentes se tenían pendientes varios temas de concertaciones de años pasados: primas, ajustes salariales, mejores condiciones para profesores amenazados.
Por otro lado, con dos decretos, logramos que los docentes indígenas puedan tener una equivalencia en sus títulos y en sus salarios, que se les pueda reconocer la contribución que hacen al sistema de educación y que puedan tener mejores condiciones laborales. También estamos destinando un presupuesto importante para que más de 25.000 docentes se formen. De estos, 5.000 serán maestros normalistas que tendrán la oportunidad de profesionalizarse.
Los otros 20.000 docentes podrán ingresar a hacer maestrías y doctorados. Finalmente, logramos priorizar una planta de docentes que va a llegar a muchas regiones a resolver una situación de ausencia de docentes: más de 10.400 docentes van a ingresar a zonas rurales o a instituciones que necesitaban la presencia de orientadores, por ejemplo en municipios PDET (priorizados por el Acuerdo de Paz de 2016).
Después de la pandemia seguimos con graves problemas de desescolarización, ¿se sabe con certeza cuántos estudiantes están por fuera del sistema y cuál es la estrategia para integrarlos nuevamente?
En el sistema colombiano tenemos aproximadamente 10 millones de estudiantes. En algunas regiones estamos hablando de una deserción, en algunos casos, de más del 40 %. La manera como se avanza es con la estrategia de búsqueda activa y garantizando las condiciones mínimas para que retornen. La primera, consiste en ir a la casa hasta que se encuentra a la persona que está fuera del sistema. Sobre lo segundo, un ejemplo es lo que estamos haciendo en La Guajira: garantizar que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcione en el receso escolar para hacerle frente a la deserción.
¿En qué va la reforma a la Ley 30 y por qué todavía no la han presentado al Congreso?
La Ley 30 va al ritmo de la ley estatutaria. Como esta última establece que la educación superior es un derecho fundamental, era clave garantizar que ese primer aspecto de la ley estatutaria surtiera su curso en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Para el año entrante, una vez tome fuerza la deliberación de la ley estatutaria en la plenaria de la Cámara de Representantes, avanzaremos con los diálogos correspondientes de la ley de educación superior.
A mediados de octubre el presidente Petro denunció una red de corrupción en el Fomag, el sistema de salud de los maestros. ¿Ya se conocieron las pruebas de corrupción y en qué va este asunto?
Lanzamos una mesa de alto nivel que en este momento está analizando cuáles son las bases de un nuevo modelo de atención de salud para los maestros. En esta mesa se integra al Ministerio de Salud, que antes no era parte, para que presente ese nuevo modelo. (Lea también: Los cambios que el Mineducación quiere hacerle al programa “Todos a aprender”)
¿Cuándo se dará a conocer ese nuevo modelo y qué tanto podría cambiar?
Estamos analizando el rol de las Instituciones de Educación Superior en la atención a los maestros, cómo se atiende en las zonas rurales dispersas y un aspecto fundamental, que es la seguridad y salud en el trabajo. Debería existir un periodo de transición que permita que el sistema responda a lo que surja de esta mesa y esperamos que en primer trimestre del año la deliberación que se está sosteniendo pueda presentar un primer resultado.
Cuando usted fue viceministra, se recibieron los protocolos que las Instituciones de Educación Superior tenían que elaborar para atender las violencias basadas en género. ¿Cómo examina el contenido de estos documentos?
Lo que sale de los protocolos es que necesitamos una conversación nacional sobre la prevención de violencias basadas en género. A las que no remitieron protocolos se les abrieron procesos sancionatorios y las que los remitieron incompletos o necesitan fortalecerlos, se abre una conversación con esas instituciones. Pero la gran conclusión, es que el país necesita una conversación sobre este tema y que debemos empezarla en 2024.
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