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Después de cuatro días de negociaciones entre el Gobierno y los transportadores, en los que hubo un cúmulo de propuestas, se llegó a un acuerdo para frenar el paro provocado por el alza en el precio del diésel. El aumento de $1.904 previamente realizado se modificará por un incremento gradual de $800, dividido en dos fases: $400 en septiembre y $400 el 1° de diciembre, como había sugerido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Además, se suspendieron futuros aumentos hasta que se discutan temas estructurales del sector.
En la madrugada del viernes la situación estaba en su punto más álgido, cuando la ministra de Transporte, María Constanza García, subrayó que el incremento de $800 era la última propuesta del Gobierno, lo que generó estancamiento por varias horas, tal como sucedió en los días anteriores con las más de 60 intervenciones, en que los líderes gremiales señalaron que se les estaba usando de “caja menor”.
Finalmente, ambas partes aceptaron un compromiso de 15 acuerdos: solicitar el archivo de los procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas ligadas a la protesta, así como modificar el alza del diésel y suspender futuros aumentos. Además, se acordó crear mesas de trabajo para abordar temas estructurales del sector, como el sistema de fletes SICE-TAC, el Registro Nacional de Carga (RNDC) y el Formato Único Extracto de Contrato (FUEC). También se establecerán mesas para tratar los asuntos estructurales del transporte colectivo y la maquinaria amarilla.
Otro punto importante es fortalecer la Superintendencia de Transporte para supervisar el cumplimiento de la norma de costos. Asimismo, se presentará un proyecto de ley que cree un régimen sancionatorio para cada sector del transporte y se revisará la fórmula para fijar el precio del combustible. El último punto fue el levantamiento de los bloqueos.
La mesa de negociación contó con la participación de los ministerios de Transporte, Hacienda, Interior, Trabajo y Minas y Energía, además de la Superintendencia de Transporte y la Defensoría del Pueblo. Por parte de los transportadores estuvieron presentes los gremios y asociaciones de las bases camioneras y del transporte público, así como representantes de volquetas, grúas, maquinaria amarilla, camabaja y conductores no propietarios de vehículos. Además, más de 1.000 personas se conectaron vía Teams y otras 3.000 siguieron las transmisiones en vivo.
Los acuerdos alcanzados pueden haber frenado el paro, pero no han eliminado la presión sobre el Gobierno. Con un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que sigue creciendo y un ajuste pendiente de $5.200, el Ejecutivo aún tiene que enfrentar decisiones difíciles que no solo impactarán las finanzas públicas, sino también su relación con los gremios y la ciudadanía.
La sensación es que se ha ganado una batalla, pero la guerra por estabilizar el precio del combustible está lejos de terminar, por un lado. Pero también lo está la de solucionar los temas de fondo del sector.
Sobre una de las semanas más duras para el sector en años, y una de las más tensionantes para la administración del presidente Gustavo Petro, habló la ministra García.
¿Qué balance hace de las negociaciones de esta semana?
En esto uno aprende. Llevamos toda nuestra vida profesional en este sector, que es un sector con un nivel de conflictividad, es un sector de gremios, de intereses. Aquí hubo un ejercicio interesante, tuvimos mucha gente que decía “nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar”. Mucha gente que por el simple hecho de estar sentados con la representación del Gobierno, con cuatro ministros que los estaban escuchando, generaron un cambio en la relación. Entonces hubo aprendizajes.
Fueron encuentros muy intensos, incluso caldeados…
Se evidenciaron deficiencias que tenemos en nuestro relacionamiento. Porque aquí viene un tema que siempre he pensado es nuestro problema: la desconfianza. Cuando nos sentamos no centramos nuestras relaciones en la confianza, sino en lo que desconfío del otro. Y esto era lo que había aquí, que se vio también en la redacción de los acuerdos. Otra cosa que me pareció muy interesante es que aquí nadie puede decir: “Es que se encerraron a hablar, quién sabe qué está pasando”. Fue una negociación abierta, también daba la tranquilidad de estar en tiempo real.
¿Qué perspectiva tiene de las mesas técnicas que vienen ahora, con temas grandes en todos los frentes?
Sabemos, y las negociaciones lo confirmaron, del tema del SICE-TAC. Cuando empezamos este proceso los transportadores se quejaban de que no se hacían las investigaciones. Les dije: “Venga, déjennos presentarles todo el avance que tenemos de parte de la Superintendencia en términos de control”. Por ese lado ya se han empezado a hacer todos los cruces de información y se han encontrado, realmente, casos en los que se paga por debajo del SICE-TAC.
En este tema vienen también unas conversaciones que se han estado avanzando, pero el capítulo que vamos a empezar a construir de cero es el de incorporar la carga liviana en este sistema. En estos días uno escuchaba casos como el de pronto pago. Al entrar a mirar lo que nos contaban es que cuando un transportador presta un servicio le dicen que le pagan a 90 días, pero que si quiere que le paguen antes, le pagan menos. Todo ese tipo de cosas hay que mirarlas. Aquí hay una oportunidad enorme.
Más allá del SICE-TAC, ¿qué otras piezas del sistema le parece que están rechinando, que no están funcionando?
Hay también una preocupación por la sobreoferta. Y eso tiene que ver con las reposiciones. Normalmente en estas modalidades de transporte, si uno quiere traer un nuevo vehículo, debe sacar un vehículo de operación, es lo que llaman el uno a uno, que también lo mencionaron mucho en las negociaciones. Ahí también hay que hacer un análisis integral.
Esto conecta con la posibilidad de hacer también ascenso tecnológico, pues tenemos camiones viejos, contaminantes. En el Plan Nacional de Desarrollo está la creación de un fondo de ascenso tecnológico para vehículos de carga liviana, y por eso la indicación del presidente en este tema, de trabajarlo con Ecopetrol, con el Ministerio de Hacienda, para impulsarlo.
Entonces hay parque automotor viejo, problemas de sobreoferta, hay que introducir la oportunidad del ascenso tecnológico. Y también hay unas relaciones económicas en las que se crean unas distorsiones que le pegan al más débil.
¿Cómo ve el escenario cuando se tenga que entablar, de nuevo, la conversación sobre el diésel, aunque sea río abajo?
El presidente lo decía en alguno de sus mensajes. Aquí hay un compromiso. Sentémonos a mirar los temas estructurales, trabajemos en esa transformación real. Cuando hagamos eso, el incremento ya debe ser algo que pase a segundo o tercer nivel. Ya va a haber un equilibrio que permita introducir el cambio. Ese es, hoy, el compromiso.
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