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Los efectos del proceso de extinción de dominio que inició la Fiscalía sobre los predios del proyecto Meritage en Medellín fueron determinantes para que la obra se convirtiera en un elefante blanco. Sin bancos que respaldaran la operación ni la posibilidad de realizar trabajos, la opción de los inversionistas, liderados por Ángel Seda, fue demandar al Estado por más de $1 billón. La aparición de un enigmático personaje llamado Iván López en 2014, reclamando ser propietario legítimo del predio, cambió la ruta del proyecto. Ángel Seda creyó que se trataba de la extorsión de un hombre relacionado con el narcotráfico, pero el sujeto se le volvió una pesadilla que terminó por echar abajo el proyecto Meritage. A esto se sumaron decisiones, al parecer, irregulares que se tomaron en la justicia.
(Vea la primera parte de esta historia: Irregularidades de la Fiscalía en caso Meritage podrían costar $1 billón (I))
En abril de 2016, cuando Iván López volvió a insistirle a Ángel Seda que le pagara sus tierras, la Unidad de Extinción de Dominio compró la tesis de que en los predios donde se desarrollaba Meritage había asuntos judiciales por resolver y abrió una investigación. El predio fue embargado en agosto de 2016. Angel Seda acudió a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para solicitar ayuda y se reunió con Michael J. Burdick, agregado del FBI, a quien contó su historia. El 21 de noviembre de 2016, la agencia estadounidense envió un oficio a la Policía colombiana para advertir que el secuestro del hijo de Iván López nunca sucedió y que el traspaso de las tierras del litigio se dio por un ajuste de cuentas en un cargamento de droga que no llegó a manos de la Oficina de Envigado.
A pesar del reporte del FBI y que al interior de la Fiscalía ya existían sospechas de la veracidad del secuestro, la Unidad de Extinción de Dominio continuó el proceso y, en enero de 2017, cambió su tesis y concluyó que el embargo de las tierras no era por un secuestro, sino porque se trataba de un bien de la mafia. En su decisión, criticó a Corficolombiana por no realizar una debida diligencia de un predio que estuvo en manos de testaferros, entre ellos un vendedor de mangos y una modelo. El ente investigador aseguró que no se hizo una búsqueda exhaustiva de los antiguos propietarios, en los que habría salido a relucir Iván López y toda la historia de su extradición a Estados Unidos.
En su defensa, los demandantes y Corficolombiana explicaron que Iván López nunca apareció como propietario de la tierra en ese momento que hicieron la debida diligencia, porque la sociedad de López que aparecía como dueña del lote, Sierralta López CIA, tenía como representante legal a su hijo Sebastián, quien no tenía antecedentes judiciales. Agregaron que en los estudios de títulos tampoco se presentaron alertas sobre otras personas que aparecían en la tradición del inmueble.
El proceso de extinción de dominio significó la muerte de Meritage. Por eso, Seda y sus socios decidieron demandar a Colombia. En su reclamo dejaron constancia de que la Fiscalía solo embargó el lote donde se construye Meritage y no todo el inmueble, que está a nombre de un medio hermano de Iván López, ni ninguna otra de la docena de propiedades a su nombre. Además, aportaron conceptos técnicos de expertos para explicar cómo se debe aplicar la ley y en qué casos deben primar los derechos de los terceros de buena fe, en especial cuando existe lo que en el mundo jurídico se llama la buena fe exenta de culpa. Entretanto, los inversionistas del proyecto siguen a la espera de saber si pueden ser considerados como afectados.
Se compra la tierra, pero no su pasado
El argumento de Ángel Seda y sus socios es que quienes compran un predio para adelantar un proyecto inmobiliario solo adquieren un bien físico (el inmueble), pero no su pasado ilegal. Por eso, en el memorial presentado el pasado 15 de junio a un tribunal internacional sostienen que no tienen la culpa de lo que ocurrió, pues sí hicieron una debida diligencia exhaustiva. Además, que la Fiscalía debió proteger sus derechos como terceros de buena fe. Para defender su tesis, utilizaron los conceptos de dos expertos colombianos: el abogado y exministro de Justicia, Carlos Medellín Becerra, uno de los autores y promotores de la ley de extinción de dominio; y el exvicefiscal Wilson Martínez, de la era de Viviane Morales.
Para el abogado Martínez, en este caso la Fiscalía basó su caso únicamente, y sin tener la certeza de si esa historia era cierta, en las alegaciones de una persona que afirmó ser el dueño del predio y que lo había perdido por un caso de secuestro ocurrido dos décadas atrás. Por esa razón, los demandantes advirtieron que “en este caso, la oficina del Fiscal General actuó de manera arbitraria e irrazonable, ignorando los requisitos de la ley”. Y agregaron que todas las medidas que tomaron antes de comprar el predio, como la investigación de Otero & Palacio y la certificación del mismo ente investigador sobre el pasado del terreno, eran prueba de su debida diligencia.
Los inversores de Meritage llevaron su alegato a los estrados internacionales, porque además de los hechos relatados, la Fiscalía violó el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (TPA). Específicamente, en lo relacionado al trato justo y equitativo que debe darse a los inversionistas antes de someterlos a la expropiación ilegal de sus negocios. Para ellos, la extinción de dominio aplicada en su predio no fue otra cosa que una expropiación ilegal que les causó daños irreparables, violando el debido proceso. Su reclamo es de US$309,2 millones, cifra que no solo incluye el precio de las unidades de negocio y de vivienda que alcanzaron a vender en Meritage, sino también el daño moral y los perjuicios causados en su imagen. Para la firma BRG, que aportó el estudio para establecer las pérdidas, el Estado debe pagar todos los daños y un 10% de ese total a Angel Seda.
“Las acciones de Colombia han lastimado la reputación de Seda de tal manera que ya no puede continuar con su negocio de bienes raíces y hotelería en el país. En especial, el Estado sancionó e incluso participó en actos de hostigamiento contra él, incluyendo intentos de extorsión, acusaciones falsas, y no ofreció protección cuando el señor Seda y su familia fueron amenazados con violencia”, señaló el abogado de Gibson, Dunn & Crutcher LLP en su memorial. Hasta ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no le ha contestado al tribunal. Esta semana trascendió que le iba a pedir que partiera en dos el proceso pues no tenía claro que esta instancia estaba habilitada para pronunciarse en este caso. Sin embargo, no llegó ninguna comunicación al respecto.
El Espectador consultó con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para saber cuál será la posición de Colombia frente al expediente, pero la respuesta se limitó a explicar que, por la etapa en la que se encuentra este litigio, no se puede pronunciar sobre la estrategia de defensa. Sin embargo, no la tiene fácil, pues mientras trata de salvarle el pellejo al Estado por unas presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía, dentro del mismo ente investigador ya hay indicios de que, en efecto, el proceso de extinción de dominio de Meritage no fue del todo pulcro.
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