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*Cuatro años después de que la Fiscalía embargara los predios donde se construía uno de los proyectos inmobiliarios de lujo más importantes de Medellín, los inversionistas estadounidenses que financiaron la construcción del complejo Meritage demandaron al Estado por casi un $1 billón. El Espectador conoció el texto de 277 páginas en donde se detalla cómo las supuestas irregularidades en un proceso de extinción de dominio emprendido por la Fiscalía contra los predios del proyecto lo llevaron a la ruina. Es una historia en la que se mezclan narcotráfico, cruce de cuentas de la Oficina de Envigado, corrupción, amenazas, demandas y un tribunal de arbitramento internacional en el que la contraparte de Colombia es una de las firmas de abogados más importantes del mundo: Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Con certificaciones de la Fiscalía de que el predio no tenía líos penales y que, en cambio, poseían estudios bancarios que no reportaron anomalías sobre sus antiguos propietarios, el memorial de los constructores del Meritage recalca que cuando se adquirió el predio nadie apareció en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ni de las Naciones Unidas, y que, por eso, el embargo del predio en 2016 ordenado por la Fiscalía fue realmente una expropiación ilegal. Según su reclamo judicial, fue un proceso irregular que se inició por una falsa historia de secuestro. El pasado 15 de junio llegó el memorial al tribunal internacional y ahora existe la incertidumbre de si Colombia terminará pagando US$309,2 millones por el fracaso del proyecto Meritage, que de paso quebró otras iniciativas en Medellín, Cartagena, Guatapé y Santa Fe de Antioquia.
“Nada de esto parece importarle a Colombia. Sorprendentemente, Newport ni siquiera fue reconocido como una ‘parte afectada’ en el proceso de extinción de dominio”, se lee en el memorial de los demandantes, encabezados por Ángel Seda, un norteamericano que fundó la empresa Royal Realty, que lideró el proyecto Meritage y otras construcciones de recreación de lujo. “Cuando Colombia expropió el Proyecto Meritage, el señor Seda fue señalado como cómplice de actividades ilegales o, al menos, por no realizar la diligencia suficiente en sus proyectos. Nadie quería correr el riesgo de hacer negocios con Seda”, se lee en el documento del inversionista, que llegó a Colombia en 2007, luego de trabajar en la firma KPMG como auditor y consultor del sector inmobiliario y hotelero en Estados Unidos.
Ángel Seda creó la empresa Royal Realty en noviembre de 2007 y un año después construyó su primer proyecto: el Hotel The Charlee, en Medellín, inaugurado en enero de 2011. Tras el éxito comercial de su hotel, Seda ideó dos nuevos negocios: uno en Guatapé llamado Luxé by The Charlee —que quedó a mitad de camino— y el Meritage, conjunto inmobiliario de apartasuites, casas residenciales, apartamentos y locales comerciales, ubicado en la vía que enlaza a Medellín con el aeropuerto de Rionegro. En noviembre de 2012, Ángel Seda encontró el predio para desarrollar su plan: un despoblado de 56 hectáreas, ubicado antes del peaje en la vía Las Palmas. Firmó una promesa de compraventa con la sociedad La Palma Argentina y en 2013 logró que Corficolombiana se convirtiera en la fiduciaria para administrar la propiedad.
De forma paralela a la entrada de Corficolombiana, se lee en el memorial, se cumplió con los deberes del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que recauda la información financiera de clientes y propietarios de un predio desde diez años atrás. Corficolombiana, además, solicitó que se contratara a la firma Otero & Palacio, abogados expertos en estudios de títulos. El 7 de marzo de 2013, los abogados entregaron su reporte, que incluyó la revisión de nombres individuales y representantes legales en la tradición del predio. La conclusión de esa firma fue que las tierras estaban libres y “la cadena de título de la propiedad durante los últimos diez años era apropiada y carecía de cualquier defecto que pudiera afectar la propiedad”.
Para asegurarse del todo, Corficolombiana, como lo hizo en su momento la sociedad La Palma Argentina (la vendedora), envió un derecho de petición a la Fiscalía a través del abogado Francisco Sintura para indagar si sobre los antiguos dueños del predio o las tierras del Meritage existía algún proceso penal o de extinción de dominio. El 9 de septiembre de 2013, el director de la Unidad de Extinción de Dominio, Julián Quintana, contestó que no existía registro alguno de noticia criminal ni investigaciones contra la propiedad o las personas y sociedades que aparecían en el certificado de tradición del predio Meritage. El 23 de agosto de ese año la Oficina de Planeación urbana de Envigado otorgó las licencias, se firmaron los acuerdos con Corficolombiana y se inició la venta del proyecto.
Narcotráfico y un supuesto secuestro
El negocio Meritage avanzó normal hasta febrero de 2015 y los inversionistas alcanzaron el punto de equilibrio para las primeras seis fases de la construcción del proyecto. De hecho, a comienzos de 2016, Ángel Seda consultó con los bancos Colpatria y Banco de Bogotá la posibilidad de obtener un crédito por $35 billones para financiar el resto. Pero mientras los bancos agotaban los procesos para aceptar la propuesta de deuda, de la nada apareció un personaje que en 2014 ya le había exigido a Seda $2.000 millones, alegando ser el legítimo dueño de las tierras del Meritage. Se trataba de Iván López Vanegas, un hombre extraditado a Estados Unidos hace casi veinte años por narcotráfico, que apareció de la nada para decir que él nunca vendió ese predio por su voluntad, sino que fue despojado de su título por la Oficina de Envigado en 2004.
El caso de Iván López se resume así: fue extraditado a Estados Unidos por participar en una red de narcotráfico que utilizaba el avión del príncipe saudí. En primera instancia fue condenado, pero después la justicia norteamericana lo absolvió porque los hechos no sucedieron en Estados Unidos sino en Venezuela y Europa. Según denunció Iván López, mientras él estaba preso, en 2004 su hijo Sebastián fue retenido durante tres días por la Oficina de Envigado y obligado a firmar un documento en blanco con las características de escritura pública para despojarlo del predio. Cuando Seda lo conoció concluyó que sus reclamos eran un intento de extorsión y rechazó pagarle dinero. No le creyó la historia y aseguró no tener responsabilidad en hecho alguno.
Iván López acudió a Corficolombiana en 2014 y tampoco se atendieron sus demandas y las consideraron también una extorsión. Pero López insistió en que cuando salió de prisión, en 2007, buscó la forma de recuperar sus tierras; que se reunió con alias Borracho, quien le dijo que si intentaba recuperarlo lo iban a asesinar junto a su familia. Luego buscó negociar con Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca, quien accedió a pagarle un dinero y entregarle algunas tierras en Cartagena. Sin embargo, Perra Loca fue extraditado a Estados Unidos en 2012 y el pacto quedó en el limbo. Todos estos hechos los relató Iván López a la Fiscalía. En contraste, los inversionistas de Meritage cuestionan que de lo que dijo López sobre el presunto despojo de su predio no existiera denuncia alguna sino hasta que comenzaron la construcción.
La quiebra del proyecto
Por un tiempo los socios del Meritage no volvieron a saber de Iván López, pero el 7 de abril de 2016, a la oficina de Ángel Seda, de Royal Realty, llegó un oficio del abogado Víctor Mosquera, representante de López, para proponerle una “solución amigable” y una reunión en Washington para negociar el pago del bien. En la carta manifestó que su cliente Iván López era el dueño legítimo de las tierras y que tenía cómo demostrarlo. En caso de no aceptar la negociación, escribió Mosquera, se iban a tomar acciones legales a escala nacional e internacional. Según manifiesta Seda, él y sus socios vieron esta comunicación como una nueva amenaza y la ignoraron. A la par, en la Fiscalía se compulsaron copias a la Unidad de Extinción de Dominio por el caso de secuestro.
Cuando todo parecía un pulso de amenazas judiciales, “el día después de que Mosquera le escribió a Seda, y dos años después de que Iván López denunciara (el secuestro) ante la Unidad de Crimen Organizado, la Unidad de Extinción de Dominio, en cabeza de la recién nombrada directora, Andrea Malagón, asignó el caso a la fiscal 44 Alejandra Ardila Polo. El 18 de abril de 2016, la fiscal Ardila, basándose únicamente en la denuncia de Iván López, emprendió investigación por extinción de dominio contra los predios del Meritage”. Para los inversionistas, resulta extraño que la reaparición de Iván López llegara de la mano del inicio de los procesos judiciales contra su proyecto inmobiliario. Lo cierto es que el 27 de abril de 2016, la oficina de Víctor Mosquera insistió en una reunión para negociar.
Ángel Seda le contestó que no podía ir a verlo, pero que podían hacerlo en Bogotá. Mosquera replicó que la etapa de negociación quedaba terminada. El 6 de mayo, Iván López presentó demanda contra la Fiscalía por no actuar en su proceso y permitir que se continuara desarrollando el proyecto Meritage en sus predios. El 23 de mayo de 2016, un juez declaró improcedente su demanda. En ese mismo momento, Colpatria y Banco de Bogotá aprobaron los créditos millonarios que necesitaba para terminar las obras. En ese juego de demandas cruzadas, a comienzos de junio de 2016, un desconocido se acercó a Seda en un parqueadero y le dijo que era mejor que pagara $500 millones a investigadores de la Fiscalía para no tener problemas en el proceso de extinción de dominio iniciado en su contra.
Seda rechazó la propuesta. pero “preocupado por futuras acciones de Iván López que afectaran el desarrollo del proyecto y ante los indicios de que la Unidad de Extinción de Dominio podría estar en actos de corrupción”, finalmente decidió comunicarse el 2 de junio con Víctor Mosquera para buscar un acuerdo. Seda volvió a decirle que “definitivamente no iban a pagarle a su cliente una compensación”, porque ellos eran compradores de buena fe y le dejó claro que ese problema lo tenían que solucionar era con los antiguos dueños del predio. El 8 de junio de 2016 Seda se reunió en Bogotá con el abogado Mosquera y Gabriel Valderrama, persona designada por Iván López para representarlo, y acordaron reunirse con Iván López en Miami el 10 de junio para llegar a un acuerdo definitivo.
En esa reunión, según Seda, el abogado Mosquera le dijo que estaba sobrestimando su poder e influencia en la Fiscalía y que sus conexiones con las fiscales Malagón y Ardila podían poner fin al proceso de extinción de dominio. Durante ese mismo encuentro en Miami, Iván López subió la cifra a $56.000 millones. Seda lo rechazó y, según él, se sintió amenazado porque el vocero de Iván López, Gabriel Valderrama, le empezó a tomar fotos. Seda se retiró de inmediato y, a pesar de que Valderrama le pidió excusas y lo invitó a volver a negociar, Seda no aceptó. Un mes después, el 25 de julio, Valderrama escribió a Seda que necesitaba hablar urgentemente con él. Seda se negó y le dijo que si se volvía a comunicar con él lo denunciaba ante la Policía por amenazas y extorsión y que, en adelante, se entendiera con sus abogados.
“Ángel, cordial saludo. Entendió. Se cierra el capítulo de negociación” (ver chat), fue la respuesta de Gabriel Valderrama. Una semana después, el 3 de agosto de 2016, la fiscal Ardila Polo llegó al predio del Meritage e hizo efectivo el embargo de las tierras. Quien atendió la diligencia fue Felipe Montoya, vicepresidente de Royal Realty. En su declaración manifestó que los agentes del CTI llegaron a la diligencia junto a dos hombres extranjeros que dijeron ser funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, pero que nada tenían que ver con el proceso. Según ellos, estaban haciendo el favor de llevarlos a Medellín, tras encontrarse en el aeropuerto. Felipe Montoya agregó que, al final de la diligencia, solicitó a la fiscal Ardila la resolución de embargo, pero ella se negó a darle una copia argumentando que el poseedor del bien era Corficolombiana.
Ese día Montoya insistió en su condición de comprador de buena fe y además mostró las diferentes certificaciones de bancos y lo que la propia Fiscalía les había entregado. Sin embargo, la fiscal Ardila no entregó el documento requerido por Montoya y solo lo hizo hasta que el abogado de Corficolombiana lo solicitó formalmente. Fue ahí donde los socios del proyecto Meritage se dieron cuenta de que la orden de embargo fue el 22 de julio de 2016, dos días antes del último intento de negociación por parte de Valderrama, y que el fundamento de la decisión de la Fiscalía fue el relato del secuestro. Por eso la Fiscalía se negó a declararlos compradores de buena fe. Se detuvo la construcción y los bancos frenaron los desembolsos de los créditos.
En defensa de su actuación, Corficolombiana explica que cumplieron sus deberes de diligencia en materia de Sarlaft, y que la Fiscalía desconoció sus propias certificaciones sobre la inexistencia de antecedentes o investigaciones vinculadas al predio. Por eso, agregó Corficolombiana, esas acciones conllevaron al fracaso y a la quiebra del proyecto Meritage. “Si la Fiscalía investiga el procedimiento de la incautación del bien ocurrido hace cinco años por decisión de la fiscal asignada, la Fiduciaria espera que se esclarezcan rápida y completamente las circunstancias y los presuntos eventos de corrupción interna al interior de la Fiscalía”, manifestó Corficolombiana en un comunicado, cuando el proyecto Meritage entró en crisis definitiva.
La defensa de Víctor Mosquera
A finales de octubre de 2016, tratando de resolver el lío que se había formado alrededor de su proyecto inmobiliario, Ángel Seda se comunicó con Víctor Mosquera para solucionar el problema con Iván López. De entrada resaltó su disposición a tener una solución amistosa, pero esta vez no vio la misma actitud en López. Según Seda, durante ese encuentro, primero lo requisaron para revisar si llevaba micrófonos y luego le explicaron que si colaboraba podían mover fichas para que retiraran el embargo sobre los predios del Meritage. Seda le hizo una oferta a Iván López, quien este seguía solicitando $56.000 millones. Al ver que la posición de López era inamovible, Seda le escribió a Mosquera para decirle que no iba a pagar más de $20.000 millones y que ya no iba a negociar más con personas que procedían de forma ilegal.
Víctor Mosquera respondió molesto y reiteró que los reclamos de su cliente eran legítimos, que no iba a aceptar comentarios malintencionados sobre su proceder recto y bajo la ley, que no lo amenazara y que de ahí en adelante negociara con López, porque él se iba a dedicar a los temas jurídicos. El 19 de diciembre, Seda lo denunció, junto a Valderrama e Iván López, por extorsión y amenazas. Al ser indagado por esta situación, Mosquera le dijo a El Espectador que las declaraciones de Seda fueron difamatorias, distorsionadas y falsas: “El día 30 de noviembre del año 2015, con el propósito de adelantar todos los trámites legales contra las personas que cometieron el secuestro, usurpación y despojo de la tierra (…) Nunca se han proferido amenazas en contra del señor Ángel Samuel Seda”, comentó el abogado.
Mosquera expresó que buscó la conciliación para no ir ante los jueces. “Seda le ofreció al señor López Vanegas una suma de dinero para que desistiera de sus intenciones sobre el predio. En el curso de la reunión del 10 de junio se dieron una serie de comportamientos sospechosos por parte del señor Seda y poco honorables para empresarios, ya que este les exigió al señor López y al señor Gabriel Valderrama que se descubrieran el pecho para verificar que no ocultaban ningún equipo de grabación. A su vez, durante dicha reunión el señor Ángel Seda le transmitió una serie de amenazas al señor López (…) Le dijo que en el bajo mundo se decía que si seguía reclamando el bien lo iban a matar, y el suscrito se retiró de esa reunión”, le dijo el abogado Mosquera a este diario.
Por estos hechos, insistió Mosquera denunciaron a Seda en Estados Unidos el 25 julio de 2016 -un mes y medio después de los hechos y, al parecer, horas después del último mensaje que Seda le envío a Gabriel Valderrama-. La situación hoy está en que mientras el norteamericano Ángel Seda los señaló en diciembre de 2016, el abogado hizo lo propio contra el gestor del proyecto Meritage en 2017 por difamación. Mosquera niega cualquier vínculo con la exfiscal Andrea Malagón o con la fiscal Alejandra Ardila, y resalta que por el caso de Iván López presentó demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 22 de abril de 2016. En la otra orilla, el norteamericano Ángel Seda, con su proyecto en quiebra y las obras abandonadas, decidió pasar de la defensiva al ataque, y el caso Meritage tendrá ahora un capítulo nuevo ante un tribunal internacional.
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