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Los empresarios Juan José Laverde, Juan Carlos Cáceres, Ottomar Lascarro y Luis Fernando Duque, son los protagonistas de la segunda imputación de la Fiscalía por el denominado Caso Mintic. Se trata de un fallido contrato, por más de un billón de pesos, que pretendía crear alrededor de 7.000 centros digitales en zonas rurales del país. En esta línea investigativa, fueron señalados por presuntamente engañar funcionarios públicos para acceder a millonarios recursos y, así, permitir que ellos y terceros, como Emilio Tapia, se quedaran con una parte del pastel en bienes, carros, préstamos y hasta obras de arte.
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Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, quien trabajaba en la compañía de seguros Rave, permanecen con medida de aseguramiento desde la anterior imputación, en septiembre pasado. El primero está en La Modelo, en Bogotá, y el otro en prisión domiciliaria. Juan Carlos Cáceres Bayona era propietario de Novotic, una de las cuatro empresas de Centros Poblados. Ottomar Lascarro, era quien representaba a Omega Buildings e Intec de la Costa, parte del engranaje. Emilio Tapia no asistió a la diligencia por problemas de conectividad, por lo cual no fue imputado, pero sí mencionado transversalmente en esta línea investigativa.
La Fiscalía describió como primer hecho una supuesta asociación para incurrir en el delito de falsedad en documento privado. La hipótesis inicia el 24 de octubre de 2020, cuando el imputado zar de la contratación Emilio Tapia, Lascarro y Laverde al parecer se reunieron en Barranquilla con el objetivo de falsificar el documento que sustentó la creación de la Unión Temporal Centros Poblados. Con este, se presentaron la licitación pública del Mintic. Luego, como se conoció en la primera imputación, habrían presentado una garantía falsa del banco Itaú para soportar la seriedad de la oferta.
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“Esta conducta se ejecutó en acuerdo común y con división de poderes. Juan José Laverde se encargó de presentar al señor Emilio Tapia las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, de propiedad de Lascarro, pero manejadas a través de terceros, con el fin de que hicieran parte de la unión temporal para cumplir con los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, sin que estas empresas tuvieran algún tipo de participación real en el desarrollo del contrato”, señaló la Fiscalía.
Según la imputación, Lascarro se prestaría para ese plan a cambio de $4.000 millones. Luego, la Fiscalía imputó a este empresario y a Juan José Laverde por supuestamente inducir al error a los funcionarios del Mintic que recopilaron los documentos presentados por la unión temporal. Todas las líneas investigativas, inclusive en Procuraduría, llevan a pensar que Laverde gestionó la garantía del banco Itaú. La exministra Karen Abudinen, quien renunció en medio del escándalo, aseguró hace poco en el Ministerio Público que ordenó caducar el contrato una vez Itaú le explicó, a mediados del año pasado, que no tenía nada que ver con Centros Poblados.
¿Y los $70.000 millones?
El tercer hecho de la Fiscalía en esta imputación está relacionado con el delito de enriquecimiento ilícito, imputado a Lascarro y Laverde. Ambos, imputó la entidad, a través de sus cuentas bancarias y de terceros, obtuvieron un incremento patrimonial de US$ 300.000. Según la Fiscalía, Laverde se habría encargado de liderar una operación para conseguir dos empresas que prestaran su experiencia para conformar centros poblados y cumplir los requisitos del Mintic. Al parecer, Laverde presentó a Tapia las empresas Omega Buildings e Intec de la Costa, propiedad de Lascarro. Por “poner las empresas”, habría recibido millonarios pagos por parte del zar de la contratación.
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En el cuarto hecho, por el delito de peculado por apropiación, la Fiscalía imputó a Luis Fernando Duque por supuestamente aumentar las arcas de Tapia y Juan Carlos Cáceres con $15.244 millones, correspondientes al dinero del anticipo del Mintic. Es decir, de los $70.000 millones que estaban destinados en su mayoría para la infraestructura de comunicaciones del billonario contrato. Gastos destinados a inversiones en bienes de capital como propiedades, edificios, equipos o tecnología.
“El 1 de diciembre de 2020, Luis Fernando Duque presentó el plan de inversión y manejo del anticipo. El 29 de marzo de 2021, Duque elaboró la orden de pago 01 con la cual autorizó que la fiducia girara $58.301 millones a la empresa Nuovo Security, por concepto del primer pago del contrato de suministro de equipos, telecomunicaciones, tecnología e infraestructura. En esa misma fecha, elaboró la segunda orden de pago, con la que autorizó que la fiduciaria girara $11.941 millones a la empresa Inselsa SAS. A través de esas empresas, se realizaron pagos que no corresponden al objeto del anticipo”, agregó la Fiscalía.
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De acuerdo con la imputación, con la plata en manos de Nuovo Security, Cáceres Bayona habría comprado un apartamento, un vehículo, prestó a terceros y tuvo gastos personales no relacionados con el objeto del anticipo. Más de $7.155 millones según la pesquisa. El zar de la contratación, Tapia, habría realizado pagos por compra de vehículo, obra de arte, horas de vuelo, desembolsos a terceros y préstamos personales por valor de $4.550 millones. Además, al parecer Tapia giró US$ 300.000 para la compra de experiencia de Omega Buildings e Intec de la Costa.
Con la plata que llegó a Inselsa, dice la Fiscalía, Cáceres Bayona habría hecho pagos y préstamos personales por valor de $1.906 millones. Emilio Tapia, por su parte, habría utilizado el dinero público para la niñez a abogados que contrató para el proceso licitatorio. “Cabe precisar que tanto Nuovo Security e Inselsa eran empresas controladas por Emilio Tapia y Juan Carlos Cáceres, situación que era conocida por el señor Luis Fernando Duque”, sentenció la Fiscalía.
Se avecinan condenas
“No acepto cargos, pero quiero dejar constancia que estoy colaborando con la Fiscalía para que se esclarezca la verdad de lo que ocurrió y esto permita la devolución de los dineros”. Esa fue la respuesta del imputado Juan José Laverde, cuando el juez del caso le preguntó si se declaraba culpable. Casi idéntica fue la respuesta de Juan Carlos Cáceres. Ottomar Lascarro solo mencionó que no acepta cargos, pero su abogado pidió la palabra para dejar claro que ven con buenos ojos una condena a cambio de información. Luis Fernando Duque, preso, tampoco aceptó responsabilidad y no dejó pistas de una colaboración con la justicia.
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