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Hace dos semanas, antes de que la pandemia de covid-19 se convirtiera en la preocupación número uno de Colombia y el mundo, en la política colombiana, y por supuesto en la Casa de Nariño, otro tema se robó la atención: la denominada “Ñeñepolítica”, la revelación de un informe de interceptaciones telefónicas a José Guillermo Ñeñe Hernández, que apareció en fotos con diversas figuras políticas, entre ellas el presidente Iván Duque. En este documento se registró una llamada hecha el 3 de junio de 2018, donde Hernández habló de pasar “plata debajo de la mesa”, en una época en la que estaba por realizarse en el país la segunda vuelta presidencial.
El pasado martes 16 de marzo, un día antes de que el Gobierno Duque declarara el Estado de Emergencia por el covid-19, la revista Semana dio a conocer el audio (vea aquì el audio completo) en el que se escucha al Ñeñe Hernández hablar con una mujer, al parecer María Claudia Daza, persona de confianza de Álvaro Uribe e integrante de su UTL. En medio del escándalo, Uribe dijo en Twitter que un periodista le confirmó que Daza es la mujer que se escucha en la grabación. Ella lo ha negado. Mientras la justicia indaga, la comunicación ya suscitó un debate paralelo con interrogante: ¿cómo se blindó la cadena de custodia de este y otros audios?
Desde que estalló el escándalo, el ente investigador compulsó copias de su actuación a la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero sin la prueba reina: los audios. Para sorpresa de muchos, el pasado sábado 14 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa reveló que los audios del Ñeñe Hernández “nunca estuvieron en poder de la Fiscalía. Siempre permanecieron en poder de la Dijín (de la Policía)”. Barbosa explicó que incluso, dos días antes, el 12 de marzo, entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana, un grupo del CTI estuvo rastreando audios de Hernández en la Sala Técnica de Comunicaciones de la Dijín.
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“La Fiscalía ya tiene en su poder esos audios”, agregó el fiscal Barbosa. “Desde que me posesioné el pasado 13 de febrero, ni el director de la Policía (general Óscar Atehortúa) ni el de la Dijin (general Fabio López Cruz) me informaron que tenían esos audios”, reprochó. Un par de días más tarde el fiscal señaló que remitió a la Corte, el CNE y la Comisión de Acusaciones cuatro DVD con 40.823 registros de actividades (audios, mensajes de datos y ubicaciones), “correspondientes a las interceptaciones practicadas a un número telefónico vinculado a la investigación por el homicidio del señor Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, efectuadas entre el 26 de mayo de 2018 y el 17 de mayo de 2019”.
Con la confirmación del fiscal general de que las interceptaciones al Ñeñe Hernández —asesinado el 2 de mayo de 2019 en Brasil– nunca estuvieron en poder de la Fiscalía, la pregunta que se hacen allegados del proceso, fiscales y abogados que han seguido el caso, es: ¿cuándo se legalizaron esas interceptaciones si solo llegaron a la Fiscalía un año después de la muerte del ganadero? Existen dos escenarios frente a lo sucedido. Se conoce que existió una primera audiencia de control de legalidad en noviembre de 2018, pero quedan dudas sobre lo que sucedió después, hasta mayo de 2019, pues no se sabe si se legalizaron o no todas las interceptaciones realizadas durante un año o solo las de los últimos seis meses, hasta que murió el Ñeñe.
De dónde nacen las interceptaciones
El crimen por el que José Guillermo Ñeñe Hernández terminó con el teléfono intervenido tuvo como víctima a Óscar Rodríguez Pomar, hijo del prestamista y ganadero de la Costa, Carlos Eduardo Rodríguez. El 18 de agosto de 2011, Rodríguez Pomar fue asesinado en Barranquilla. Al sicario, Diego Acuña Carvajalino, le imputaron cargos en 2012, pero quedó en libertad por vencimiento de términos. Fue recapturado en febrero de 2019 y aceptó colaborar con la justicia, dando su versión. “Se me salió por la puerta del copiloto (…) Le hice ocho tiros”, contó en interrogatorio. Y admitió que fue un error, que a quien debía matar era al padre de su víctima.
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“A mí me contrató un man que le dicen el ‘Enano’, a quien conocí en el Valle, o sea en Valledupar”, reveló Acuña. Y agregó un dato esencial para la investigación: que uno de los hombres que iba a pagar por sus servicios era Marquitos Figueroa y un político de Santa Marta, “alcalde o concejal”. Las pesquisas llevaron a los investigadores a construir la hipótesis de que a Rodríguez Pomar lo mató gente de Marquitos a petición del Ñeñe Hernández, el exalcalde de Tenerife (Magdalena), Ómar Vanegas Lora, alias Roco (extraditado a EE.UU. por narcotráfico) y Edmundo González, o Peco. Los tres tenían deudas millonarias con Carlos Eduardo Rodríguez.
El primer encargado de la investigación fue el fiscal de la Dirección de Crimen Organizado, Ricardo Bejarano, al parecer cercano al Ñeñe Hernández. Según Carlos Rodríguez, en su cruce de comunicaciones con el Ñeñe, este último comentó que la investigación en la Fiscalía no iba a avanzar por sus relaciones con gente del organismo. Tras la recaptura de Diego Acuña, la fiscal 21 de Crimen Organizado, Jenny Ortiz Ladino, llegó al caso, se dio cuenta de las irregularidades en el proceso y el fiscal Bejarano fue retirado del caso. Una fuente consultada sostuvo que al parecer Bejarano intentó ocultar material probatorio que vinculaba a Hernández con el crimen.
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Con la salida del fiscal Bejarano del caso, la fiscal Ortiz quedó al frente. Con ella fue que Diego Acuña y su cómplice pactaron un preacuerdo. Fueron condenados a 21 y 11 años de prisión, respectivamente. A cambio, colaboraron con la justicia y fue cuando la línea telefónica del Ñeñe Hernández se convirtió en el cabo por atar en la investigación. La línea fue interceptada por 180 días. El 26 de mayo de 2018 comenzaron las labores de escucha y, ocho días después, se dio la polémica llamada entre el Ñeñe Hernández y, supuestamente, María Claudia Daza. El 19 de noviembre de 2018, la Fiscalía solicitó prorrogar las interceptaciones.
Pero a la audiencia de control de legalidad de las interceptaciones no fue la fiscal Jenny Ortiz, sino el fiscal 134 de Crimen Organizado, Germán Mora Vaca, que se presentó ante el Juzgado 12 de Control de Garantías. Una fuente que conoce los pormenores del proceso indicó a este diario que en esa diligencia solo se solicitó la prórroga de la interceptación de la línea del Ñeñe Hernández por 180 días más. No se legalizó ni una sola de las grabaciones obtenidas por la Fiscalía. La razón es que, al parecer, en el material recopilado no existía una llamada referente al homicidio de Óscar Rodríguez. Sin embargo, se ordenó seguir monitoreando.
El juez avaló la prórroga de la interceptación telefónica y la audiencia terminó en diez minutos. No obstante, lo que hoy se preguntan personas cercanas al proceso es por qué no se presentó ante el juez el CD quemado, sellado y rotulado con el primer paquete de llamadas en el que debía estar la polémica conversación sobre mover “plata debajo de la mesa”. Además, esa grabación quedó consignada en un informe de Policía Judicial. La Fiscalía no ha respondido qué sucedió en adelante, durante seis meses, antes de que asesinaran al Ñeñe Hernández en Brasil por robarle su Rolex. El fiscal solo dijo que llegaron a sus manos tras la inspección en la Dijín.
¿Quedaron legalizados los audios que fueron recopilados durante el año que se interceptó al Ñeñe Hernández, o solo se le hizo control de legalidad a lo obtenido en esas escuchas durante los últimos seis meses? ¿Por qué los primeros audios no se legalizaron el 19 de noviembre de 2018 para así garantizar que quedaran bajo cadena de custodia y evitar que se perdieran? Un interrogante más: ¿si no se legalizó ningún audio ante un juez, por qué quedaron guardados en los equipos de la Dijín? Un alto exfuncionario de la Fiscalía explicó que es normal que, al solicitarse una prórroga, no se lleven los CD con las interceptaciones, sino que se utilizan como sustento los informes de Policía Judicial.
“No se puede decir que en ese momento no se estén legalizando los audios, porque los informes hacen referencia a ellos”, manifestó. Y agregó que, en una solicitud de prórroga, no se debe decir que hay “x” cantidad de grabaciones. “Simplemente, basta con decir cuántas llamadas se obtuvieron”. Finalmente, insistió en que no se debe llevar sellado y rotulado el CD porque después de los 360 días de interceptaciones, estas se legalizan ante un juez y quedan bajo cadena de custodia, que no necesariamente deben quedar en manos de la Fiscalía, porque el programa de interceptación de la Dijín permite solicitar la quema del CD en cualquier momento.
“La Fiscalía dice que no tenía ese audio. Como apenas iba para la etapa de juicio, y apenas se estaba presentando el escrito de acusación, y como hubo cambio de fiscal general, el fiscal del caso no ordenó que le entregaran los CD para descubrirlos, sino que entregó los informes de Policía Judicial. Pero no es por mala fe o por esconder algo, es una coyuntura”, agregó una funcionaria que conoció lo que ocurrió. Sin embargo, existe otra postura diferente frente al camino tomado por la Fiscalía. Dos fiscales consultados y dos abogados penalistas coincidieron en que podría tratarse de una mala praxis por la cual muchos procesos se han caído.
“Cuando uno va a legalizar, lo primero que presenta son los resultados obtenidos durante los días de interceptaciones. El juez de control de garantías, al hacer el análisis de la evidencia, constata que los CD estén rotulados y embalados debidamente; que contengan el número de noticia criminal en el que se realizó la interceptación y la hora de la quema, para así controlar las 24 horas de términos que tenemos. El elemento probatorio son los audios, no los informes de Policía Judicial”, sostuvo uno de los fiscales consultados.
Otro fiscal indicó que “lo que se legaliza ante un juez debe ser el elemento, la prueba derivada. Es decir, el CD con los audios para que esté sellado y rotulado y así quedar bajo cadena de custodia. Si eso no se hace, se deja por fuera la evidencia. Es una mala costumbre de algunos fiscales, porque legalizan a los 360 días y no a los seis meses, lo que lleva a errores legalizando informes que no terminan sirviendo en el juicio. Es un error que puede generar falta administrativa. No legalizar los audios para ir después de los 360 días a copiarlo a la Dijín implica la prueba de un perito que garantice que el sistema es impenetrable”.
Ambos coinciden en que luego de la legalización de los audios es que se solicita al juez la prórroga de 180 días, bajo el argumento de que la línea tiene relevancia para continuar con la investigación judicial. “Uno nunca legaliza un informe de Policía Judicial. Esos informes no son pruebas, qué se va a utilizar ahí, ¿chismes? Tanto en Fiscalía, con el dolor del alma, como en la Judicatura, han llegado personas que han permitido estas malas praxis. Y eso ha llevado a este sistema a muchos errores”, concluyeron los fiscales consultados sobre las dudas creadas respecto a la cadena de custodia de los audios del Ñeñe Hernández.
Otro abogado penalista añadió que, si se legalizan los informes y no los audios, en un juicio el analista leería sus propias interpretaciones: “Por ejemplo, la Fiscalía encontró el audio en el que un hombre acepta que asesinó a otro y le pegó tres tiros “a ese perro”. Eso lo consigna en un informe. Luego, el fiscal lo legaliza, pero no hace lo mismo con el audio. En el descubrimiento de las pruebas durante el juicio la defensa se queda callada y el fiscal no presenta la grabación. Al momento de confrontar al analista, el defensor puede decir que la referencia a “ese perro” es un animal y no una persona. Sin audio se cae el proceso”.
Respecto a la inspección judicial en la Dijín hay varias interpretaciones. La primera es que fue un error del fiscal general, porque puso en la palestra pública hasta al director de la Policía. La segunda es que el procedimiento es ilegal, “aunque lo quieran hacer ver como inspección”. La tercera es que los audios no tienen validez porque no fueron legalizados ante un juez y duraron casi un año en poder de la Dijín, lo que haría sospechar que fueron manipulados. La cuarta es que se trató de un procedimiento legal, pero depende de lo que haya sucedido cuando finalizaron las interceptaciones.
En pocas palabras, más allá de lo técnico, lo que sigue en la “Ñeñepolítica” es solo incertidumbre. Hay que determinar la legalidad del audio interceptado. El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, John Jairo Cárdenas, manifestó que ya le solicitó a la Fiscalía explicar el origen de los audios que le remitieron, pues en el informe que enviaron no se especifica. Además, Cárdenas citó a la fiscal Jenny Ortiz para que explique sus actuaciones. Eso sin que se haya demostrado que la interlocutora del Ñeñe Hernández es María Claudia Daza, pues no se ha hecho cotejo de voces.
El Espectador conoció que Claudia Daza guardará silencio en sus citaciones ante las autoridades. “No está en la obligación de declarar en su contra ni a sacrificarse por nadie”, dijo una fuente que la conoce de cerca. Y, además, en la investigación hay que probar que en el audio se habla de delitos. Mientras algunos sostienen que es clara la relación entre la campaña Duque y el contenido de la conversación, para otros es simple interpretación. Frente a la no compulsa de copias en su momento, para algunos fue un error o una omisión de la fiscal Ortiz, porque las referencias a la plata y a la campaña ocurren en dos momentos distintos de la conversación.
Mientras la emergencia por el covid-19 se agudiza en el país, el escándalo de la “Ñeñepolítica” apenas toma forma. Es una historia con atractivos ingredientes como la presunta entrada de dineros no reportados a la campaña presidencial, con un capítulo paralelo relacionado con homicidios, mafia, prestamistas y figuras de la sociedad costeña y sus relaciones non sanctas. De entrada, no pinta fácil para los investigadores. Antes que nada, se debe esclarecer en qué quedó la cadena de custodia de este proceso, que aún tiene muchos interrogantes por resolver.
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