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La primera determinación del nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, en el caso Odebrecht, llegó acompañada de una polémica carta. Tras ser apartada del proceso, la fiscal Amparo Cerón, que condujo las pesquisas del caso durante más de cuatro años, reaccionó con un fuerte comunicado. Entre otras cosas, Cerón dio a entender que la decisión de Barbosa se produjo porque el pasado 2 de marzo citó a declarar a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, para que ampliaran sus denuncias por las supuestas irregularidades de la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos en 2016, con dineros de la multinacional brasileña. El fiscal respondió que su decisión fue por falta de resultados.
“El caso de Odebrecht ha sido mal manejado y no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas en Colombia. Como fiscal general quiero que esto avance, esto estaba en cabeza de fiscales delegados ante el Tribunal, le doy el más alto nivel: fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, agregó el fiscal Barbosa. No obstante, el trasfondo de este nuevo capítulo del escándalo, más allá de la creación de un nuevo equipo de investigadores, es el balance de cuatro años de torpedeadas pesquisas que, si bien han permitido algunas condenas, pasa más por las peleas entre los fiscales, los testigos acomodados o las denuncias, sin que aún brille la verdad de la corrupción que reinó en la obra de la Ruta del Sol 2.
Ahora, los focos se centran en la fiscal delegada, Amparo Cerón, que lleva 31 años en la entidad. Según su hoja de vida publicada en Función Pública, Cerón empezó su carrera en mayo de 1989 en la antigua Dirección Nacional de Instrucción Criminal, que se convirtió en la Fiscalía después de la Constitución de 1991. Sus primeros pasos se dieron en los momentos en que surgió la figura de la justicia sin rostro. En esos años, logró muchos aciertos, pero no se escapó a los cuestionamientos. Hacia el año 1997, por ejemplo, en pleno escándalo del proceso 8000, por vencimiento de términos quedó libre Guillermo Ortiz Gaitán, y el recién posesionado, Alfonso Gómez Méndez, le pidió a la justicia disciplinaria que aclarara lo sucedido.
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Amparo Cerón estuvo entre los investigados, pero al final resultó absuelta y, en contraste, entró a hacer parte del grupo de fiscales que dio los primeros avances para desentrañar los crímenes del paramilitarismo. Las amenazas contra los fiscales fueron una constante, al punto que, en abril de 2002, gracias al apoyo de un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar su seguridad. Además de Amparo Cerón, la medida cobijó, entre otros, a sus compañeros Leonardo Cabana, Lucía Luna, Amelia Pérez y Giovanni Álvarez, hoy director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Como fiscal especializada, Cerón se mantuvo en las administraciones de Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán. Entre avances y retrocesos, pasaron por sus manos espinosos expedientes, como las masacres de La Rochela, Segovia y Mapiripán. Por ejemplo, tuvo a su cargo el caso Jaime Garzón cuando ya parecía signado por la impunidad, también estuvo encargada de la investigación del computador de Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, segundo al mando del Bloque Norte de Jorge 40. En esa labor aportó valiosa información sobre importantes políticos que tuvieron que salir a darle explicaciones a la justicia. También intervino en la comisión que representó a la Fiscalía ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso del abogado Jesús María Valle.
Con la llegada de Viviane Morales a la Fiscalía, en 2011, ya como fiscal delegada ante el Tribunal, Cerón pasó a coordinar un grupo para investigar a funcionarios de la Rama Judicial. Ahí estuvo hasta la designación de Eduardo Montealegre en 2012, cuando el grupo fue desmantelado por órdenes de la entonces directora del CTI, Maritza Escobar. Fuentes consultadas explicaron que fue una relación difícil, al punto de que Escobar denunció a Cerón ante el Consejo Superior de la Judicatura cuando era su subordinada. Fue de tal magnitud la disputa, que a su llegada al CTI, Maritza Escobar trasladó, a unidades y fiscalías seccionales, a 18 de los 26 investigadores que hacían parte del equipo que tenía Amparo Cerón.
En esas vueltas, terminó trasladada a la seccional Bogotá, donde permaneció hasta agosto de 2016, cuando comenzó la era de Néstor Humberto Martínez. En medio de la reorganización y del traslado de fiscales delegados ante el Tribunal a distintas regiones del país, una de las que entró en la órbita de los cambios fue Amparo Cerón. Fuentes consultadas por este diario manifestaron que Cerón movió sus contactos en Boyacá, de donde es oriunda (nació en el municipio de Iza) y donde el exfiscal Martínez tiene alguna cercanía, así consiguió una cita para hablar con él. El resultado fue que se reversó su traslado a Bolívar y, además, pasó de la seccional de Bogotá al búnker de la Fiscalía.
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El Caso Odebrecht
En ese cambio de tercio, a Amparo Cerón le fue asignado el caso Odebrecht. Fue la que inició las pesquisas y dio los primeros resultados en enero de 2017, tras conocerse el Indictment de Estados Unidos por la corrupción de la multinacional brasilera en más de 12 países. De hecho, capturó y logró la condena del exviceministro Gabriel García Morales y de los hermanos Gishays, por el pago de US$6.5 millones que hizo la Concesionaria Ruta del Sol (la alianza entre Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte) para quedarse con el contrato del segundo tramo de la vía que conectaría el centro del país con la Costa Caribe. Asimismo, capturó a Otto Bula y empezó a negociar con testigos para avanzar en sus pesquisas.
Uno de los primeros personajes fue Juan Sebastián Correa, quien trabajó en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y declaró en contra de su exjefe, Luis Fernando Andrade, hoy protegido en Estados Unidos por irregularidades en su caso. Andrade sigue sosteniendo que Correa le mintió a la justicia a cambio de beneficios judiciales. Hasta el momento, ninguno de los señalamientos de Correa ha sido demostrado. Amparo Cerón también inició negociaciones con Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, protagonistas del escándalo que, si bien han colaborado, no han dado versiones contundentes. Tan es así, que la misma Corte Suprema de Justicia, en el caso del exsenador Plinio Olano, desestimó las declaraciones de Gaviria y lo absolvió.
Cerón lideró todas las líneas de investigación hasta junio de 2017, cuando el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez designó como apoyo a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Sobre este paso, hay dos versiones. La primera es que, con este nombramiento, Martínez quería tener mayor control sobre lo que sucedía en el expediente Odebrecht. La segunda es que Hernández y Betancur llegaron al proceso porque Otto Bula se negó a negociar con Amparo Cerón, porque no confiaba en ella. Las fuentes detallan que el disgusto de Otto Bula fue porque Cerón le exigió que debía reparar con su patrimonio y no con un cuestionado bien que estaba ofreciendo a cambio de obtener un principio de oportunidad.
Cierto o no, lo real es que al interior de la Fiscalía empezaron las tensiones entre los investigadores, supuestamente porque unos y otros se ocultaban información o no se informaban de las diligencias que se iban a realizar. Mientras Amparo Cerón avanzó en distintos frentes del expediente Odebrecht, como el proceso contra José Elías Melo, Luis Fernando Andrade, los lobistas y el tema de Navelena (en el que hasta el momento no existen significativos avances); Daniel Hernández y Álvaro Betancur siguieron indagando en la información suministrada por Otto Bula. Asimismo, los testigos Gaviria y Zambrano, que en principio estaban negociando con Cerón, pasaron a manos del grupo de Daniel Hernández.
En agosto de 2017 apareció la carta de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en la que solicitaron investigar a Esteban Moreno por recibir dineros a través de contratos simulados entre la Concesionaria Ruta del Sol y la empresa Gistic Logistics. Esos dineros de Odebrecht, según la carta, fueron entregados para pagar deudas de la campaña Santos 2016. La carta de los expresidentes llegó a las manos de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Fuentes de la Fiscalía explicaron que, si bien esos señalamientos eran indicios, la investigación sobre la simulación de contratos por más de $64.000 millones, tuvo avances por las confesiones de Otto Bula y un allanamiento en Lizama (Santander).
Hasta principios de 2019, las investigaciones del escándalo de Odebrecht se dividieron entre el grupo de Amparo Cerón y Daniel Hernández. Pero luego llegó el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, quien avanzó durante cinco meses en dos casos en los que el exfiscal Néstor Humberto Martínez manifestó tener conflicto de intereses. Sin embargo, tras la renuncia de Martínez en mayo de 2019 al cargo de fiscal general, Espinosa devolvió los expedientes, no sin antes denunciar presuntas irregularidades que supuestamente estaban cometiendo los fiscales investigadores de Odebrecht. Durante este tiempo el proceso quedó estancado.
Durante 2019, la Fiscalía intentó imputar cargos en cuatro oportunidades a Esteban Moreno y a los socios de Gistic (David Portilla y Andrés Sanmiguel) por los contratos simulados con la Ruta del Sol 2. Lo mismo intentó con Javier Torres, del consorcio Torrosa, quien supuestamente recibió dineros de la multinacional brasileña para políticos de la Costa. Comenzando 2020, la orden a Daniel Hernández y Álvaro Betancur fue trasladar la mayoría de sus procesos al despacho de Amparo Cerón, entre ellos, las denuncias de Uribe y Pastrana. Solo se quedaron con los preacuerdos negociados con Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gabriel Dumar.
Entre las dudas por los insuficientes avances del caso Odebrecht, el nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, anunció los cambios. En respuesta, la carta de la fiscal Amparo Cerón revivió fantasmas del pasado sobre supuestas manipulaciones. La propia investigadora manifestó que fue notificada un día después de comunicar su citación a declarar a Uribe, Pastrana y Luis Carlos Sarmiento Angulo. “Dichas diligencias son necesarias en un caso que ha sido promovido por dos expresidentes; no invitarlos a dar las ampliaciones de los hechos por ellos denunciados, causa la única sensación de que en la Fiscalía se está tratando de manipular una investigación para no destapar hechos verdaderamente corruptos”, escribió Cerón.
Observadores del caso Odebrecht señalaron que Barbosa estaba en su derecho de escoger personas de su confianza y remover fiscales. Sin embargo, un abogado que conoce los pormenores del expediente, sostuvo que Cerón se escudó en la citación de los expresidentes para evitar que la sacaran. Ella recordó que su labor la llevó a ser víctima de un atentado en Valparaíso (Chile) en 2018, que la dejó diez días en coma, con la pérdida de visión en un ojo y 90 de incapacidad. Sembró dudas sobre lo que públicamente se ha dicho, que se trató de un accidente de tránsito. Ahora, el caso Odebrecht quedó en el despacho de Gabriel Jaimes, coordinador de delegados ante la Corte Suprema de Justicia que ya carga con el peso de sus contradictores. Lo único claro es que la verdad apremia y Odebrecht sigue siendo una deuda en Colombia.
Nota de editor: En la versión impresa de este artículo se dijo que el traslado de Amparo Cerón había sido a Bucaramanga, pero la realidad es que fue a la seccional del departamento de Bolívar.
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