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“Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las Farc-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles. Sabemos que esto fue un grave error el cual hoy no tiene justificación alguna. Además, que el carácter sistémico de la confrontación y la agudización misma del conflicto armado nos enceguecieron y nos obligó a tomar decisiones que hoy lamentamos”. Con esta enfática declaración, enmarcada en el contexto de su historia guerrillera, los excomandantes de las antiguas Farc iniciaron su primer aporte colectivo a la verdad, en el capítulo correspondiente a lo que se denominaron las retenciones ilegales de personas, que según la Fiscalía, dejaron 8.163 víctimas.
En un texto de 135 páginas entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en representación de todos los firmantes del Acuerdo Final de Paz, suscrito en 2016, los exintegrantes de las Farc aportaron su versión sobre las razones y formas en que se dio el secuestro en Colombia. Para la elaboración de este documento, al que tuvo acceso El Espectador, se realizaron nueve espacios de trabajo colectivo con más de 150 exguerrilleros de los distintos bloques y tres reuniones de carácter nacional.
Primera página de la versión colectiva de las Farc entregada a la JEP.
Aunque en este primer aporte colectivo a la verdad, los exintegrantes de las Farc comienzan su versión desde la perspectiva de que lo suyo fue “un ejercicio de autodefensa ante la violencia criminal generalizada por el Estado”, y así sobrevivieron a cuatro guerras, al explicar cómo la retención de personas se convirtió en una actividad permanente, parten de una premisa que ellos denominan “una norma general de la estrategia militar: sin finanzas no hay lucha”. Más adelante, al admitir que con el tiempo fueron corrigiendo los errores de esta política, aceptaron que “las finanzas en las Farc tuvieron siempre un factor de clase”.
“Desde los inicios de las Farc-EP habíamos planteado la necesidad de que fueran los ricos quienes financiaran la rebelión armada”, recalca el documento. Esta visión de la antigua guerrilla se corrigió a partir de la Octava Conferencia de la organización, en 1993, cuando determinó que “los impuestos debían ser pagados por las personas naturales y jurídicas (empresas) que tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares, a quienes se les solicitaba un aporte inicial del 10 % de su patrimonio”. Sin embargo, comenzaron a darse acciones por fuera de la directriz general, como las “pescas milagrosas”, que llevaron a errores en los secuestros.
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Sin mayores detalles sobre los excesos cometidos en las “pescas milagrosas”, el documento presentado por los exintegrantes de las Farc sostiene que, para poner freno a las prácticas incorrectas frente a la retención de civiles, hacia el año 2000 expidieron sus leyes 002 y 003. La primera, llamada “impuesto para la paz”, y la segunda, denominada “ley anticorrupción”. La justificación para hacerlo fue el aumento de los costos de la guerra, la intensificación militar del conflicto armado con la inminencia del Plan Colombia y el aumento de la persecución penal a los guerrilleros.
Según sus cálculos, para el año 2000 las Farc contaban con 107 estructuras rurales (67 frentes, 20 columnas móviles y 20 compañías disponibles) y cuatro urbanas, que sumaban cerca de 20.000 combatientes. “El costo anual por guerrillero había aumentado (en 10 años) a $1’745.000”, puntualiza el documento. Por la misma época comenzó también la reingeniería militar del Estado y el fortalecimiento de la lucha contrainsurgente. En ese contexto, sobre las bases de su concepto sobre la tributación y para contrarrestar al Estado, a partir de entonces se incrementaron las privaciones de la libertad tanto por móviles de financiación como políticos.
En cuanto a las retenciones —como las denominan todo el tiempo— para financiación, los exguerrilleros de las Farc partieron de admitir que causaron mucho daño a familias enteras, ante lo cual asumen su responsabilidad política por los daños causados. En su presentación de los hechos, el primer aporte colectivo a la verdad detalla la evolución de este fenómeno orientado a financiar la rebelión armada. Inicialmente, las “colaboraciones” campesinas se centraban en la entrega de novillos, marranos o gallinas, pero para poder sostener un ejército en crecimiento, pronto tuvieron que retener personas, aunque dicen que no fue su principal medio de financiación. Además, que gran parte de las retenciones que le endilgan en la Fiscalía fueron responsabilidad de delincuentes comunes que utilizaron como fachada su nombre.
El documento aclara que todo bloque y frente de las Farc debía tener una cartera de finanzas y una comisión para desarrollarla. Para elegir a sus víctimas, la inteligencia se hacía primero con la información de revistas y periódicos, con el fin de seleccionar personas de elevado patrimonio. Después se ubicaba su dirección y números telefónicos. Tras una primera comunicación para pedir un pago negociado, si la respuesta era negativa, se daba el secuestro. Luego se iniciaba la negociación con las familias. Periódicamente se hacía un balance por frentes sobre el manejo de los ingresos por este concepto, que debía ser reportado a los estados mayores.
Sin embargo, los exguerrilleros reconocen que en la última etapa de su guerra, y en la medida en que perdieron las comunicaciones, muchos frentes y estructuras no cumplieron con las orientaciones. Incluso admiten que “muchos usaron nuestro nombre para cobrar secuestros”. Además, como no era fácil encontrar personas cuyo patrimonio superara un millón de dólares, a pesar de las sanciones previstas a los responsables, se dieron equivocadas retenciones financieras en regiones de economía campesina. “A todas las víctimas de esta tragedia les decimos que decidimos firmar un acuerdo de paz y asumimos la responsabilidad de lo que ocurrió”.
En cuanto a las retenciones políticas, el documento describe cómo, inicialmente, a los capturados en combate se les quitaba el arma y se les dejaba ir, o se les retenía por corto tiempo para obtener ventajas militares. Sin embargo, a partir de 1996, con el recrudecimiento de la guerra y la utilización de la Policía como fuerza contrainsurgente, comenzaron los secuestros políticos. El documento detalla cómo se agravó este capítulo de la guerra, en la medida en que aumentó la confrontación a partir del año 2003, con el comienzo del Plan Patriota de la era Álvaro Uribe y el desarrollo de su política de Seguridad Democrática.
El punto de partida fue la toma guerrillera de la base militar de Las Delicias, en agosto de 1996, donde fueron retenidos 60 soldados. A partir de ese momento, las Farc comenzaron a retener a miembros de la Fuerza Pública con fines de canje humanitario, para tratar de liberar a 3.680 guerrilleros presos en las cárceles. Pero la crudeza de la guerra fue cambiando la situación de los secuestrados. Inicialmente fueron llevados a las profundidades del río Tunia, hacia el Chiribiquete, en una zona de difícil acceso. Después, la presión militar obligó a las Farc a internar a sus prisioneros en una zona de seguridad por los ríos Inírida, Vaupés y Apaporis.
Como no fue posible obtener una ley de canje permanente y solo se logró en el 2000 un acuerdo humanitario, en medio del proceso de paz del Caguán, a partir de 2001 comenzó la retención de políticos y funcionarios públicos. Aunque los exguerrilleros de las Farc señalan que las condiciones de retención correspondían al modo de vida de la guerrilla y consideran que sus reclamos por afectación física y psicológica corresponden a distintas experiencias de entender el mundo, al abordar lo sucedido con los secuestrados políticos partieron de pedirles perdón por la afectación a su salud física y mental por las condiciones en que los tuvieron cautivos.
En otras palabras, consideran que los chontos (lugares para necesidades fisiológicas) eran normales, la alimentación poco variada, las largas caminatas o las enfermedades tropicales propias de la actividad guerrillera, aunque a sus prisioneros les causaran un fuerte impacto en sus vidas. Al evaluar el día a día de los secuestrados políticos, el documento describe que empezaba entre las 5 y 6 de la mañana, con la levantada y un tinto. Tras el desayuno, los prisioneros se dedicaban al estudio, la limpieza o el ejercicio, aunque siempre en medio de las marchas. En la tarde era igual. Cuando llegaba la noche era preciso reforzar los mecanismos de custodia.
En este contexto, dicen los exguerrilleros, “pudo existir una sensación de falta de intimidad entre los prisioneros o incluso de humillación, pues incluso en el momento del baño estaba presente un guardia”. En el día, la distancia entre guerrilleros y prisioneros era de ocho metros. En la noche, de cinco metros. Por temas de seguridad, se limitaron las relaciones interpersonales entre unos y otros: “Solamente podían hablar con ellos el comandante de la unidad, el enfermero, el oficial de servicio y el comandante de guardia”. Para las mujeres retenidas, la guardia debía ser femenina. Y siempre hubo menos mujeres secuestradas que hombres.
Las Farc dicen que, aunque existía la limitación de no retener a niños o personas ancianas, son conscientes de que esto sucedió en algunas ocasiones. De igual modo, tampoco niegan que algunos jefes guerrilleros hubieran incurrido en faltas de respeto, amenazas o juegos con armas para intimidar a los prisioneros. A manera de epílogo, el documento señala que, tras varias décadas de guerra fratricida, nadie puede decir que hubo un vencedor, pero todos perdieron y lo que pasó no puede volver a suceder. Los exintegrantes de las Farc concluyeron que, “cueste lo que cueste”, responderán por el papel que jugaron en la larga confrontación armada.
Además del documento de la primera entrega de versión colectiva ante la JEP en el caso de retenciones ilegales, se incluyeron anexos con la evaluación de los hechos de mayor impacto cometidos por los distintos bloques, con episodios de retenciones de carácter económico y político. Estos documentos, sumados a las versiones voluntarias que han venido dando los distintos comandantes de las antiguas Farc, constituyen la materia prima inicial para que la JEP evalúe uno de los capítulos centrales en su misión: el del secuestro y la privación de la libertad de miles de colombianos por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
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