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Las aguas del río Neusa, que llegan al municipio de Cogua, en Cundinamarca, son tan claras que se ve el fondo en las partes más bajas. Esto lo aprovechan los habitantes de la zona, que llegan sobre algunos tramos para entrar en el frío afluente. “Los fines de semana vienen más personas”, dice un joven que se baña con sus amigos en una zona que podría convertirse de influencia minera.
Desde hace casi un año y medio este ha sido el mayor temor de los habitantes del municipio, debido a que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) estudia una solicitud ambiental para la extracción de gravilla y arcilla, algo que ya se hace en otros puntos de la población. El agravante de este nuevo megaproyecto es que tiene el tamaño de los parques Simón Bolívar y El Tunal juntos, y se desarrollaría alrededor de un tramo del río Neusa, lo que ha sido desaprobado hasta por la propia Gobernación.
Las preocupaciones son varias. Desde los años 50, en el municipio se comenzó a explotar carbón y de allí en adelante se empezaron a desarrollar otros proyectos mineros, que fueron cambiando tanto el panorama del municipio como la vocación de sus campesinos. “Recuerdo que antes había cultivos de trigo y maíz, así como la gente tenía reservorios de alimentos para abastecerse, pero lo que hemos visto ahora es que hay un paro camionero y en tres días los supermercados se desocupan”, dice el ingeniero Mario Cubillos, asesor ambiental de la Alcaldía de Cogua.
En el caso específico de este proyecto, la historia comienza en 2016 con la Resolución 2001 del Ministerio de Ambiente, que determina nuevas zonas de explotación minera, entre las que se destaca el polígono 12 y 13, que permiten estos usos en Cogua, pero solo hasta 2018 las empresas Sociedad Triar y Colombiana de Agregados iniciaron el trámite ambiental para la extracción de material de construcción en 179,7 hectáreas de las veredas Patasica y Neusa.
“El interés de la administración comenzó cuando nos convertimos en terceros intervinientes, lo que es extraño, porque muy pocos municipios entran a defender el territorio de una expansión minera, y esto pasa porque estamos convencidos de que el municipio es verde y productor de agua, porque el Neusa es un gran aportante al río Bogotá, en el punto donde se alimenta el Acueducto de Bogotá, Zipaquirá, Cajicá y Chía”, indica Juan Miguel Atuesta, gerente de Desarrollo Económico y Ambiental de Cogua.
Este es quizás el punto más neurálgico. La solicitud de las empresas mineras contempla la explotación de seis bloques mineros (ver gráfica), de los que extraerían 11 millones de toneladas de material de construcción, para lo que abrirían socavones de 8,5 metros de profundidad a lado y lado del Neusa, conservando los 30 metros de ronda de protección que establece la ley y el Pomca.
“La característica de este título minero no es la explotación, ya que en el municipio hay autorizadas 22 empresas para la extracción de gravilla y arcilla, sino que es atravesado sobre uno de los cauces principales del municipio y que, a su vez, lo han declarado de protección. Lo que hemos visto es que las veredas que entrarían en esta concesión ya se verían afectadas por el material particulado, la pérdida de la vegetación, del recurso hídrico y cambios en las condiciones climáticas, a lo que se suma que el título estaría cerca de un punto donde se centra la mayor población del municipio”, señala el geólogo César Ojeda.
En este punto la comunidad no ha sido ajena al proceso. Al respecto, Juan Pablo Motta, uno de los habitantes de la vereda Patasica, señala que en marzo de 2020 la comunidad se empezó a enterar de lo que ocurría y se comenzaron a organizar. “Nos enteramos del proceso porque preguntamos en la Alcaldía, no porque se hiciera alguna socialización. Supuestamente hubo reuniones informativas, pero en el casco urbano (a 15 minutos en carro) y luego se hizo una reunión en un lugar privado, a la que no dejaron entrar a la gente, por las condiciones de la pandemia”.
La socialización con las comunidades ha sido una de las cosas más controvertidas, dado que por las condiciones de la pandemia la mayoría de reuniones han sido virtuales, pero las personas que se verían afectadas son campesinos que no tienen acceso a internet, o como Motta, que indica que no hay una muy buena cobertura, tema que terminó siendo el florero de Llorente.
Tras el fracaso de la socialización presencial, la Alcaldía solicitó a la CAR una audiencia pública. A la par, la alcaldesa Flor Murcia ha buscado el apoyo del Concejo, de la Asamblea y hasta del gobernador, que hizo un llamado a la CAR para no aprobar la licencia ambiental y promovió la reunión del consejo directivo de la corporación en el Neusa, para explicar las falencias del proyecto.
Asimismo, dentro del municipio se han organizado colectivos ambientales que han promovido actos culturales y se han concentrado en explicar el proyecto en las comunidades que se verían afectadas, mientras que dentro de la Alcaldía se conformó un grupo de expertos para analizar los documentos presentados por las empresas mineras y hacer sus propios análisis de las condiciones y afectaciones que se generarían.
Sobre esto, la bióloga Johana Garzón indica que cuentan con varios argumentos para decir que no se está teniendo en cuenta la importancia del valle donde se pretende hacer la extracción. “En el estudio de impacto ambiental que presentaron a la CAR tienen como uno de los argumentos que el suelo no tiene valor ambiental, pero en un registro que hicimos encontramos orquídeas, bromelias y especies en veda. Lo mismo pasa con el informe de fauna. Nosotros, en seis horas de trabajo, logramos identificar 20 especies de aves y ellos reportan un número menor y hasta de especies del Huila”. A esto se suman otros análisis que se han hecho a estudios previos de la zona, en los que se indica que el valle es una microcuenca abastecedora de agua, así como hay presencia de aguas subterráneas, que podrían verse afectadas por el proyecto, pese a que no toque el trazado principal del río.
Desde la CAR, el llamado que se ha hecho a la comunidad es a entender que hasta ahora se está haciendo una evaluación de la solicitud, lo cual, según Carlos Bello, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación, no quiere decir que se vaya a aprobar la explotación. “Estamos en el paso de la audiencia pública, que por varios motivos como la pandemia hemos tenido que aplazar (cuatro veces). En ella no se va a determinar si se aprueba o no la solicitud, sino que es un espacio en el que todos los interesados podrán intervenir, aportar y preguntar”.
Luego vendrá la etapa clave, para la cual la CAR tiene 120 días (de los que se excluye el período de solicitud de información) para definir si aprueba o no la licencia. Por ahora la audiencia pública quedó definida para el 23 de septiembre, día en que la comunidad espera exponer las razones para no permitir un nuevo proyecto minero en el territorio, mientras desde la Alcaldía buscan blindar al municipio con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, con el que esperan no solo frenar la minería, sino además fortalecer el turismo y la agricultura como nuevas fuentes de ingreso del municipio.
Por Mónica Rivera Rueda
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