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Reclamos pensionales, pleitos con multinacionales, diferencias contractuales, fallos en la prestación de la salud, desplazamiento forzado y, sobre todo, privaciones injustas de la libertad le siguen costando al Estado billones de pesos. La cifra crece año tras año y le quita al presupuesto un enorme porcentaje para pagar sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones. Pero el monto no alcanza y las entidades no destinan dineros para cumplir con esas obligaciones. Desde 2014 se dejaron de pagar parte de esas condenas y la deuda llega hoy a $9 billones. Con un agravante: el 37 % (cerca de $3,3 billones) son producto de intereses.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado enfrenta procesos nacionales e internacionales con pretensiones por $421 billones, casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB). Un riesgo a las finanzas del Estado, agravado por la mora en el pago de las condenas, pues según la Contaduría General, esas deudas representan el 1 % del PIB y casi la mitad de los $20 billones que cuesta el metro de Bogotá. Todo comenzó en 2013, cuando aumentaron las demandas y disminuyeron los ingresos, en parte por la caída de los precios del petróleo. Esto obligó al Gobierno a ajustar cifras y recortar el presupuesto de todas las carteras.
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En su mayoría, las condenas que se dejaron de pagar están relacionadas con hechos de orden público y a los recurrentes abusos en la administración de justicia, a través de equivocadas detenciones judiciales y errores en los procesos e ilegalidades en las sanciones que imponen la Procuraduría, la Contraloría o las entidades de la Rama Judicial. No en vano, entre las cinco entidades entre las que se concentra el 90 % de las deudas, con 28.433 condenas sin pagar, están el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la Policía y el Consejo Superior de la Judicatura. La quinta es el Instituto Nacional de Vías (Invías).
“El menor costo político es dejar de pagar. Pero si es la decisión más fácil en el corto plazo, las cuentas se pagan a menor ritmo, el monto crece exponencialmente y se suman nuevas sentencias y altos intereses”, explicó un funcionario. En un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se concluyó que el incremento responde “a la decisión que se implementó en 2013 de reducir las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de condenas. La decisión de reducir el flujo de recursos para pagar esas obligaciones condujo a que se hayan multiplicado cinco veces, al pasar de $1,6 billones a $8,7 en tan solo cinco años”.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas lo niega de forma categórica. “Que se dejó de pagar es falso. Otra cosa es que las obligaciones hayan seguido aumentando, pero no hubo disminución en las designaciones presupuestales. Pusimos más plata que en cualquier otra época”. Al revisar el histórico del presupuesto de la nación en las apropiaciones para sentencias y conciliaciones, se observa que entre 2012 y 2016 se destinaron entre $1 billón y $1,4 billones. “Estos son los datos del Ministerio de Hacienda de lo que se ha apropiado para el pago de sentencias y conciliaciones”, señaló Cárdenas.
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La Agencia Jurídica del Estado planteó que el incremento de la deuda se debe a que el presupuesto para pagar condenas entra al rubro de “gastos de funcionamiento”, por lo que no hay restricción para utilizarlos en otros temas operativos. “El rubro destinado al pago de sentencias y conciliaciones implica que, dada la alta inflexibilidad de los demás componentes del gasto, éste rubro se termina ajustando las reducciones presupuestales. Incluso en contextos presupuestales menos restrictivos, las decisiones discrecionales en la asignación de recursos para realizar los pagos resultan inconsistentes con el nivel de endeudamiento”, se lee en el informe.
“Mientras la deuda ha crecido en promedio un 28 % en los últimos ocho años, los recursos destinados al pago presentan un crecimiento medio del 4 %”. Esa es la cifra que presenta la Agencia Jurídica del Estado, que sostiene que la forma de tasar intereses ha sido lesiva para las arcas públicas. Según el Código Contencioso Administrativo, las condenas al Estado en los 10 primeros meses suman intereses bajo la tasa DTF, la misma con la que funcionan los CDT. Estas no superan el 5 %. Sin embargo, una vez se supera ese tiempo, en adelante el interés que se aplica es la tasa de usura, que este año ha estado en un 29 % aproximadamente.
Según estas cifras, el promedio de mora en condenas no pagadas es de 30 meses, por lo que los intereses se han liquidado con la tasa más alta. La entidad con más retrasos es la Fiscalía, con demora de 37 meses. “Esto es una bola de nieve”, admite el Gobierno. La solución quedó planteada en el artículo 53 del Plan de Desarrollo 2018-2022: pagar la deuda de $9 billones con emisión de títulos de tesorería (TES), que se conocen como bonos de deuda. “El canje de la deuda litigiosa por una deuda financiera va a permitir mayor control sobre la mora y se reducirán los intereses hasta el 6 %”, explicó la Agencia Jurídica del Estado.
Mauricio Cárdenas defiende la medida, pues la considera la estrategia correcta para frenar la mora. Pero el lío es de tal magnitud, que los $9 billones que se deben es superior a la que se logró recolectar en la última reforma tributaria de 2018, que llegó a ser de $7,14 billones. Esta medida va de la mano de otras recomendaciones, como crear un fondo de contingencias y diseñar un esquema de incentivos para garantizar la asignación de recursos por parte de las entidades, pues las deudas por condenas al Estado deben ser reconocidas como cuenta fiscal y no como rubro operativo.
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Otra de las recomendaciones es “atender la problemática en materia de privación injusta de la libertad, de manera que se fortalezcan los elementos útiles y se reformule lo que se considere necesario para lograr avances contundentes en la materia”, porque representa el 23 % de los procesos contra la nación y le significaría pérdidas por $22 billones. En pocas palabras, hay un fuerte llamado de atención a policías, fiscales y jueces para que con sus investigaciones y decisiones no sigan alimentando las cifras de las demandas contra el Estado por la violación de derechos fundamentales y errores procedimentales.
El objetivo es claro: cambiar la deuda por condenas por una emisión de TES. Sin embargo, en el Gobierno se han prendido las alarmas ante la posible compraventa de sentencias. Hasta el momento se investiga si abogados han contactado a víctimas para pagarles una porción menor de lo que les debe la nación, a cambio de convertirse en titulares de la deuda. Un negocio redondo, pues están obteniendo rentabilidades aseguradas hasta por el 30 %, mientras que las inversiones en el sistema financiero no superan el 6 %. “Con una garantía: la deuda está a nombre del deudor más solvente y sólido, que es el Estado, pues nunca se puede quebrar”.
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