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En la noche del 24 de octubre, hombres encapuchados que iban en una camioneta negra entraron al espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Mariana Paéz, ubicado en la vereda Buena Vista, de Mesetas (Meta). Sin explicación de las autoridades sobre cómo ingresaron a una zona custodiada por la Fuerza Pública, ese día asesinaron a Alexánder Parra Uribe, conocido en las Farc como Rodolfo Fierro. Era el líder de ese ETCR y murió de seis disparos. Se desconocen las hipótesis que maneja la Fiscalía respecto al crimen, pero el pasado 31 de octubre fue radicada una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este asesinato.
La solicitud fue hecha por el abogado Alejandro Carranza, defensor de varios miembros de la familia Mora Urrea señalados de ser testaferros del bloque Oriental de las Farc a través de los supermercados Supercundi y Merkandrea. La razón de la solicitud es que Alexánder Parra declaró ante la Fiscalía a favor de los Mora Urrea y señaló que lo dicho por los testigos que vinculaban a la familia con las Farc era falso. Según Carranza, el crimen podría estar relacionado con el proceso, aunado a otros hechos que calificó como persecución de la Fiscalía. Por eso pidió a la CIDH medidas de protección a favor de él, de su familia, de los Mora Urrea y de Luz Marina Giraldo, esposa de Alexánder Parra Uribe y conocida en la guerra como Yesenia.
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En su escrito, el abogado manifestó que la solicitud busca “evitar daños irreparables” al derecho a la vida, la integridad, las garantías judiciales, la protección a la familia y la protección judicial. La petición fue formulada luego de que el pasado mes de mayo la CIDH anunciara que monitorearía el proceso de los Mora Urrea por tratarse de un caso que podría afectar el proceso de paz y en el que se han hecho denuncias de que la Fiscalía podría estar utilizando falsos testigos. En concreto, Luis Alberto Grajales, Etifer Quiroga y Wilson Martín Rivas, alias Muelas. Contra este último declararon Alexánder Parra y su esposa, quien tuvo en 1994 una relación con Muelas cuando militaban en el frente 51.
Los supuestos falsos testigos fueron denunciados el 21 de marzo de 2018. Poco o nada avanzó el caso, hasta que se ordenó el traslado del expediente siete meses después. Según el abogado, desde entonces se reactivó la investigación en la que, además de Parra, testificaron otros comandantes de los frentes del bloque Oriental que tuvieron vínculos con los Mora Urrea. Todos desmintieron lo dicho por los testigos de la Fiscalía. Es más, Parra manifestó que Muelas sí estuvo en las Farc, pero nunca fue jefe financiero. Agregó que es mentira que el comandante del frente de Muelas, alias Miller Perdomo, hablara con este sobre testaferros de la guerrilla, pues esa información era compartimentada.
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Alexánder Parra Uribe dio dos declaraciones. La primera el 5 de junio de este año y la segunda el 29 de ese mismo mes. Su testimonio fue requerido porque Muelas lo señaló de ser uno de los jefes que recibieron abastecimiento por parte de los Mora Urrea. Sin embargo, Parra negó conocer a la familia e indicó que los testimonios de Muelas y de Luis Alberto Grajales son contradictorios, porque en esos tiempos no era posible que una sola persona —o familia— abasteciera a más de cinco frentes con cerca de mil hombres. Según Parra, eso hubiese generado una alerta en el Ejército, que los tenía bajo presión. “Las declaraciones se contradicen con las normas que nos regían como miembros de las Farc”, indicó Parra.
Tanto Alexánder Parra como su esposa, Luz Marina Giraldo, sostuvieron que Muelas fue simplemente un guerrillero raso y que nunca manejó las finanzas del grupo de alias Romaña. Parra Uribe también explicó que era imposible que los Mora Urrea se hubiesen convertido en testaferros, menos aún después del secuestro de Alirio Mora Urrea —la JEP ya lo reconoció como víctima—. Además, “para proponerle un negocio a una persona para que le manejara bienes a la organización se le citaba en un sitio, y se le proponía para que aceptara, porque eso no se realizaba obligado. Uno no le va a poner un bien a otro que no quiere, no ve que va y lo vende con el enemigo o se va del país con la plata”.
Parra remató diciendo que las declaraciones de Muelas son “chifladas”, pues las explicaciones que dio sobre cómo se repartían los dineros de las Farc a los testaferros no son congruentes. Según Muelas, él llegó a recibir hasta $7.000 millones en su labor de financiero, dinero del cual enviaba una parte al Secretariado y otra a los testaferros. “La política financiera contrasta con esas apreciaciones chifloretas. Que cualquier comandante de un frente o financiero reparte el dinero como quiera no sucede, menos en esas cantidades (…) Y sobre esa cantidad tan grande, semanalmente ningún frente la recogió, y menos que lo repartiera a su manera como si fuera una bolsa de dulce”, declaró Parra Uribe.
En su petición, el abogado Carranza manifestó que no existe protección para salvaguardar la vida e integridad de quienes han participado en el caso Mora Urrea (defensores, testigos, acusados, entre otros). Es más, aseguró que a su familia le han hecho seguimientos y los han fotografiado, por lo que se siente amenazado. Sobre los testigos, quienes están en libertad por acogerse a la JEP, sostuvo que han sido desacreditados y han incumplido con su compromiso a la verdad, la justicia y la reparación. Carranza reveló que Luz Marina Giraldo solicitó esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP) días antes de que asesinaran a su esposo, pero fue negado porque su familia no tenía amenazas.
Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación de la muerte de Alexánder Parra, reconocido por ser un líder de la guerrilla comprometido con el proceso de paz y que rechazó el regreso a las armas de algunos de sus excompañeros. “Eso (el rearme de Márquez y los demás) no va a tener futuro. Ya se desenmascararon y ya se decidieron, ya no están ahí como entre las sombras. Eso es lo positivo de ese mensaje: ya ellos se desenmascararon. Ahí le queda a la justicia y a la Fuerza Pública para que comience(n) a solucionar ese bache, ese lunar. Pero en lo demás, me parece que una cosa son los deseos y las ganas y otra cosa es la realidad. No creo que haya mucha gente que esté dispuesta a apostarle a eso. La paz es de las mayorías”.
La pelea de la defensa y la Fiscalía
Entre los argumentos que Alejandro Carranza, abogado de la familia Mora Urrea, presentó a la CIDH es que no se le ha permitido realizar un óptimo ejercicio de la defensa, pues sostiene que el fiscal del caso de extinción de dominio, Nicolás Sotomontes, le compulsó copias por el dinero que se utilizó para pagar sus honorarios.
Según Sotomontes, se trataba de dineros embargados, por lo que el abogado Carranza pudo incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito y fraude a resolución procesal. Sin embargo, para Carranza se trata de una posible instrumentalización o coerción para que no continúe en la defensa de los Mora Urrea, pues él ha sido quien descubrió a los falsos testigos en los que se fundamenta la investigación de Sotomontes.
Carranza señaló que el pago de sus honorarios se hizo con unas facturas por cobrar que tenía Uriel Mora a su nombre con las madres de Bienestar Familiar. Según el abogado, esos dineros no fueron embargados por la Fiscalía porque la medida solo cobijó a Merkandrea y la misma entidad le dijo a Uriel Mora que podía continuar con sus actividades comerciales. Concluyó Carranza que ha solicitado al fiscal del caso en varias oportunidades que le diera copia de la orden contra esos dineros, pero que no ha recibido respuesta.
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