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El nombre Tierra Santa para los colombianos hace referencia a un espacio sagrado, pero en los sectores populares, y en especial en la Costa Caribe, es el edén de los descuentos y de la venta de ropa. Tierra Santa SAS es una cadena de almacenes de bajo costo creada a mediados de los años 90 en Maicao (La Guajira), cuando el libanés Ahmad Gebara montó un negocio para vender ropa de remate en una pequeña bodega. Hoy, más de 20 años después, es un emporio económico con más de 70 tiendas en 25 departamentos del país y con activos por $77.200 millones. Sin embargo, desde hace casi una década las alarmas en la DIAN se prendieron y, tras revisar sus libros contables, denunciaron ante la Fiscalía que tras el negocio podría existir una red de lavado de activos.
Tierra Santa comenzó su expansión en 2003, cuando abrió su primer almacén en Barranquilla, que se convirtió en su centro de operaciones. Comenzaron su desarrollo y fue entonces cuando los hijos de Ahmad Gebara comenzaron a estar frente al negocio desde muy jóvenes. El actual gerente es Bilal Gebara, mientras que su hermano Khaled maneja algunas de las 25 tiendas que son propiedad de ellos, pues las otras, según explicaron a este diario, son franquicias que están en manos de otros de sus familiares. Con su lema “no necesitas mucho dinero para lucir bien, solo crear tu propio estilo”, Tierra Santa salió de la Costa y ha llegado a mercados como el Eje Cafetero, Arauca, Florencia (Caquetá), los Llanos Orientales, Chocó o Puerto Asís (Putumayo).
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El 30 de mayo de 2009, Tierra Santa cayó en el radar de las autoridades. Ese día, una persona, que solicitó anonimato por razones de seguridad, se presentó en las instalaciones del extinto DAS y señaló que en Barranquilla había un grupo de personas de ascendencia libanesa que estaban en el negocio textil y estaban incurriendo en lavado de activos. La fuente les dijo a las autoridades que se trataba de los dueños de Tierra Santa, quienes tenían un almacén de venta de ropa que se expandió rápidamente, al punto que arrendaron un local de grandes dimensiones que costaba $40.000.000 mensuales. “Al parecer los responsables de estos almacenes no tenían cuentas bancarias ni referencias comerciales, y solo manejan efectivo”, se lee en la denuncia.
El DAS realizó labores de verificación y el 28 de octubre de 2009 remitió un informe a la Fiscalía para que se abriera una investigación. “El origen del dinero manejado por estas personas, al parecer, es de actividades ilícitas en coordinación con personas radicadas en Panamá, utilizando estos negocios para blanquear dinero, por lo cual viajan frecuentemente a Venezuela, España, Líbano y Panamá”, señaló en su momento el DAS. En ese momento, la Fiscalía ordenó revisar en Cámaras de Comercio los registros de Tierra Santa para identificar a los socios. Fue entonces que aparecieron los nombres de los miembros de la familia Gebara. El siguiente paso fue recolectar información sobre sus actividades comerciales, tributarias y aduaneras.
El expediente estuvo quieto en la Fiscalía hasta julio de 2016, cuando se reactivó la investigación en la Dirección de Lavado de Activos en Bogotá y dieron nuevas órdenes a la Policía Judicial para perfilar a los socios de Tierra Santa. Encontraron múltiples establecimientos de comercio y las distintas sociedades registradas en Cámara de Comercio. Durante ese año fueron a revisar en la Seccional de Barranquilla los avances de las pesquisas, pero el expediente no se encontró y se presume que el proceso se archivó en 2010. A principios de 2017 solicitaron a distintas entidades, como el Banco de la República, Data Crédito y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), rastrear sus cuentas y conocer si existían reportes de operaciones sospechosas.
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Encontraron que parte de los movimientos financieros de Tierra Santa eran en efectivo, por lo que el siguiente paso fue interceptar sus comunicaciones, que en algunos casos no se pudieron analizar porque eran en árabe. El 7 de septiembre de 2017 una nueva persona se acercó a las autoridades a denunciar irregularidades en el manejo contable de Tierra Santa. Ante la DIAN de Armenia, un exempleado de la cadena explicó cuáles eran las directrices para manejar una doble contabilidad y modificar el registro de las ventas diarias al contabilizar solo el 20 % del valor de la compra. Además, agregó: “la información contable presentada a la DIAN no refleja la realidad y funcionarios de la Policía, Polfa, Fiscalía y DIAN que realizaban cualquier control eran comprados”.
Esta información llegó en octubre de 2017 a la Fiscalía, por lo que la investigación se reactivó. Según la persona que denunció, se manejaban dos tipos de tirillas de AZ para modificar la información de ventas diarias. También, se tenían dos llaves de la máquina registradora para el arqueo de la caja. La cuenta desde la que se movía el dinero estaba a nombre del administrador del almacén y él mismo les ordenaba a sus empleados girar dineros al Líbano. La fuente entregó dos datos de vital importancia: a la mercancía que llegaba a Tierra Santa desde China se le cambiaban las marquillas en Colombia; es decir, al parecer maquilaban mercancía de contrabando, y los proveedores se prestaban para maquillar facturas y remisiones.
El denunciante se mostró al principio interesado en entregar toda la información, al punto que aportó a la DIAN documentos como declaraciones de renta y facturas irregulares. Sin embargo, sostuvo que recibió amenazas y ante la negativa de ser trasladado a otra ciudad y darle seguridad, no siguió colaborando. Con algunos datos que entregó la fuente, se rastrearon nuevas empresas relacionadas con Tierra Santa que, al parecer, sirvieron como proveedores. En diciembre de 2017, tras realizar visitas a estas sociedades, la DIAN concluyó que varias iniciaron su actividad con un patrimonio bajo y en el mismo año o siguiente resultaron importando y vendiendo por valores exorbitantes. Además, encontró que tenían el mismo representante legal y revisor fiscal.
Parte de estas sociedades estaban domiciliadas en el Atlántico y después de estar activas por dos o tres años, eran liquidadas. En sus visitas, la DIAN halló que las direcciones que estas empresas registraron en el RUT no coincidían, pues ahí funcionaban otros negocios, o correspondían a casas de familia, lo que permitía presumir que eran de papel. El 18 de enero de 2018, la DIAN denunció a Tierra Santa y envió a la Fiscalía el informe en el que enumeró visitas realizadas entre agosto y septiembre de 2017 en Barranquilla, Malambo, Soledad y Santa Marta a empresas relacionadas con la cadena de ropa. “Estas sociedades no tienen sustancia económica, por lo que se encuentran posiblemente en conductas como la evasión fiscal y fraude aduanero”, señaló la DIAN.
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Durante un año la Fiscalía continúo recolectando información sobre los movimientos migratorios de los socios de Tierra Santa, sus inversiones, transacciones y reportes financieros. Hasta que, a principios de 2019, fueron hasta la DIAN en Armenia, donde hallaron nuevos datos. Entre otras cosas, encontraron que hubo modificaciones en la declaración de renta y que la DIAN decomisó mercancía del extranjero que no fue reportada. Además, hicieron un análisis sobre la ubicación de los almacenes en varios municipios del Norte del Valle y el Eje Cafetero, pues coincidían con los territorios que estuvieron bajo el dominio de los carteles del narcotráfico.
Al ser contactado por El Espectador, el gerente de Tierra Santa, Bilal Gebara, manifestó que su relación con las autoridades ha sido excelente y que si bien tuvieron una investigación en la Fiscalía hace algunos años, ya fue archivada. “Presentamos todas las pruebas y todo quedó listo. Tenemos un documento que lo certifica”, señaló. Además, Gebara indicó que el tema con la DIAN es diferente, pues hace unas semanas recibió la visita de unos funcionarios en Santa Marta, en el que les hicieron preguntas sobre proveedores y temas de facturación. “Hemos tenido visitas e investigaciones de la DIAN, pero es lo normal, como cualquier empresa. En la última visita les dijimos que revisaran lo que quisieran”, agregó.
El gerente de Tierra Santa señaló que no sabe si las denuncias ante la DIAN fueron hechas por exempleados suyos, pero que, de ser así, cree que se trata de personas que pueden estar dolidas porque hace unos meses hubo reducción de personal. “No falta el que quiera hacer daño. Estamos prestos a cualquier visita porque no creo que tengamos algún problema. Estamos a paz y salvo con las autoridades”, dijo Gebara. Frente a los cuestionamientos con proveedores y supuesta mercancía de contrabando, Bilal Gebara explicó que Tierra Santa no importa y que el 70 % de la ropa que venden es nacional. Finalmente sostuvo que el negocio de las franquicias se creó para dar oportunidad al resto de su familia.
Han pasado 10 años desde que iniciaron las primeras pesquisas contra Tierra Santa y, a pesar de que han recolectado miles de gigas de información contable y financiera, nada sucede en la Fiscalía. Lo que se sabe hoy es que la hipótesis del ente investigador va en contravía de las explicaciones de Balil Gebara, pues creen que la ropa que venden entra por contrabando, es maquilada en Colombia para hacerla pasar como mercancía nacional y la estrategia de crear varias franquicias es para desligar la responsabilidad sobre el manejo financiero de cada empresa. Por ahora, Tierra Santa sigue siendo una de las cadenas más importantes y año a año crece con la apertura de locales en las zonas más populares del país.
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