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La atmósfera política en Venezuela está alterada por una serie de fotos de jefes de la banda narcoparamilitar de los Rastrojos con el líder opositor Juan Guaidó. Las imágenes fueron tomadas el 22 de febrero, cuando se realizó el concierto “Venezuela Aid Live”, en el marco del fallido ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil. Guaidó explicó que fueron centenares de fotos ese día y era difícil discriminar quién las pedía. El gobierno Maduro sostiene que son pruebas del apoyo de los Rastrojos. Lo que pocos dicen es que esa banda criminal lleva más de 15 años asentada en el territorio del vecino país.
(Vea: Juan Guaidó: nuevas fotografías del mandatario con supuestos miembros de «Los Rastrojos»)
Hace escasas semanas, el gobierno de Estados Unidos reiteró que Venezuela no colabora en la neutralización del tráfico de drogas y, desde hace dos años, la fundación InSight, que evalúa la seguridad nacional en América Latina, ha insistido en que la banda de los Rastrojos sigue aumentando su presencia en esa nación. Incluso, que tiene capacidad para repeler tanto a las fuerzas de seguridad venezolanas como a sus facciones rivales en la explosiva zona de frontera con Colombia. Lo cierto es que la historia de su accionar en ese país está ligada a la evolución de la guerra del narcotráfico en Colombia.
Antes de que Pablo Escobar Gaviria comenzara a protagonizar su guerra contra la sociedad y el Estado, a mediados de los años 80, en el norte del Valle ya existía un poderoso cartel cuyo máximo jefe llegó a ser el expolicía Orlando Henao Montoya. Tras la caída de Escobar, cuando se precipitó la cacería de los capos del cartel de Cali, al amparo de la permisiva Ley 81 de 1993 que hizo permanentes las rebajas procesales a los narcotraficantes que se sometieran a la justicia, los del norte del Valle optaron por ir a la cárcel y negociar con laxas penas sus delitos.
Sin embargo, ese refugio no impidió que la luchea por el negocio se extendiera a las calles y las cárceles. El turno para Orlando Henao llegó en noviembre de 1998, cuando fue asesinado en la cárcel de La Picota, en Bogotá. Entonces quedó al mando el también expolicía Wílber Varela, alias Jabón, quien había sobrevivido a un atentado en marzo del mismo año. La diferencia es que, de nuevo, para unos y otros el enemigo mayor era la extradición, revivida a partir de diciembre de 1997. Con esa opción, Estados Unidos logró en 2002 que llegara a una de sus cárceles otro de los capos, Víctor Patiño Fómeque.
(En contexto: Las células vivas de los Rastrojos)
Y con su extradición, Patiño afianzó la nueva estrategia de la justicia norteamericana para enfrentar a los capos: la negociación de sus condenas a cambio de información. Además de las pugnas por el poder, esa decisión dividió al cartel del norte del Valle y provocó la disyuntiva entre partidarios de negociar con la DEA o persistir en el tráfico de estupefacientes. Así se desató la guerra aparte entre Wílber Varela y Diego León Montoya. El primero creó el grupo armado de los Rastrojos y el segundo el de los Machos. Los pueblos del norte del Valle se inundaron de sangre.
En esa misma época llegó a la presidencia Álvaro Uribe, quien además de su obsesión por acabar con las Farc, activó a tal forma la extradición que, en sus 30 primeros meses de gobierno, envió a 260 colombianos a Estados Unidos, entre ellos a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. En medio de esa arremetida, sin dejar sus zonas de influencia, en la desbandada hacia diversos destinos, los Rastrojos decidieron crear nuevas estructuras en la zona de frontera con Venezuela y el propio Varela trasladó su centro de operaciones a Mérida, donde también se refugiaron sus lugartenientes.
El 30 de enero de 2008, en un complejo turístico llamado Lomas de Los Ángeles, en Mérida, fue asesinado Wílber Varela. En poco tiempo trascendió que lo concretaron sus propios lugartenientes: los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como los Comba, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quienes quedaron al frente de la organización. En ese momento ya el gobierno de Venezuela, presidido por Hugo Chávez, había expulsado del país a la DEA, pero Estados Unidos comenzaba también a reportar que ese país se convertía en la ruta principal para el comercio de las drogas.
Aunque del cartel de los soles se hablaba desde los años 90 para referir a oficiales de la Guardia Bolivariana comprometidos con narcotráfico, a partir de 2008 Estados Unidos comenzó a acusar a oficiales de alto rango y a funcionarios de Venezuela. Entre ellos al coronel Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, por varios años jefe de la inteligencia militar del vecino país. Esta semana, citando documentos de fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, el periódico The Wall Street Journal aseguró que, a mediados de la década de 2000, el presidente Chávez ordenó inundar a EE. UU. de cocaína.
Cierto o no, en esa misma pugna entre Venezuela y Estados Unidos la DEA insistió en que el asesinado Wílber Varela tenía nexos con el general Néstor Reverol, quien había oficiado como viceministro de Seguridad Ciudadana, y que el flujo de cocaína colombiana a través de ese país se había triplicado desde 2004. También eran los días en los que las tensiones entre los gobiernos Chávez y Uribe llegaban a desafiar con los clarines de la guerra. Entonces vino el cambio de tercio. En agosto de 2010 asumió la presidencia Juan Manuel Santos, Chávez se volvió su nuevo mejor amigo y se abrió un nuevo capítulo.
El 20 de agosto de 2010 fue capturado en Cúcuta el empresario venezolano Walid Makled García, señalado de lavar activos para el narcotráfico. Cuando se rumoraba que iba a prender su ventilador para explicar cómo había concretado sus actividades a través de sobornos a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno, a principios de 2011 el Gobierno colombiano lo envió a Venezuela. Casi simultáneamente empezó una redada en Venezuela y en los siguientes dos años fueron capturados o extraditados un alto número de narcotraficantes colombianos de los distintos carteles y organizaciones.
La lista comenzó en septiembre de 2010 con Salomón Camacho, alias Papá Grande, uno de los 12 hombres más buscados en Colombia. Un año después cayó el jefe de la Oficina de Envigado, Maximiliano Bonilla, alias Valenciano. También fueron aprehendidos Miguel Ángel Partidas, alias Catire, y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. En mayo de 2012, Javier Calle, alias Comba, se entregó a la DEA en Aruba. Un mes después, en Rojas (Barinas), cayó preso Diego Pérez Henao, o Diego Rastrojo. El 18 de septiembre, en San Cristóbal, fue capturado Daniel El Loco Barrera.
Hasta comienzos de 2013 continuó la redada, y también la desbandada de narcos a otros países para huir de la justicia. En diciembre de ese año, desde Estados Unidos, Javier Antonio Calle Serna declaró a una fiscal colombiana de la Unidad de Extinción de Dominio que, entre 2010 y 2011, él y otros capos del narcotráfico le habían enviado una propuesta al gobierno de Juan Manuel Santos para someterse a la justicia. La fórmula incluyó, según Comba, US$12 millones entregados al estratega político J. J. Rendón. La declaración causó revuelo político en Colombia, pero no tuvo efectos judiciales.
En ese momento el gobierno Santos ya adelantaba el proceso de paz con las Farc en La Habana, uno de cuyos principales impulsores fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien falleció en marzo de 2013. A pesar de que Estados Unidos terminó por enviar a un delegado a las negociaciones de paz, no cesó en sus presiones a Venezuela y, además de cargos judiciales a funcionarios de las administraciones Chávez y Maduro, a través de la llamada Lista Clinton, incrementó sus acciones contra Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, Ramón Rodríguez Chacín, Henry de Jesús Rangel, entre otros.
Desde entonces, Estados Unidos no cesa en sus acusaciones de narcotráfico contra Venezuela, ni el gobierno Maduro deja de señalar a Colombia como la promotora de ese delito. Este viernes, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, al presentar nuevas fotografías de Juan Guaidó con otro miembro de los Rastrojos, aseguró que la finalidad de los narcotraficantes era que esas fotos sirvieran de instrumento de chantaje en caso de que no cumpliera acuerdos suscritos por las partes, si Guaidó y su círculo lograban derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Al tiempo que Rodríguez insistió en que se trata de evidencias que confirman relaciones de Guaidó con los Rastrojos, que serán entregadas a Naciones Unidas, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, al reiterar su disposición a abrir investigaciones, aseguró que Guaidó mantiene “una relación estrecha y orgánica con esta organización”. A su vez, Estados Unidos, a través de la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, Carrie Filipetti, expresó que su país no cree que Guaidó esté vinculado con grupos paramilitares o narcotraficantes y, en cambio, sí tiene pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Más allá de la política o del escándalo mediático, con ecos en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, principalmente, la realidad es que hasta hace una década las autoridades tenían claro que la mayoría de la droga que sale de Colombia lo hacía por el litoral Pacífico y el golfo de Urabá. Hoy la ruta por Venezuela es innegable y la proximidad de la región del Catatumbo sumida en un polvorín por la disputa de las zonas cocaleras explica que los carteles de la droga siguen sacando réditos ilegales en las dos naciones, mientras sus gobiernos siguen empeñados en su pelea política.
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