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Una serie de correos electrónicos anónimos enviados desde 2016 a la Fiscalía, al Senado, a la Presidencia, a distintas autoridades y a medios fue la génesis de la investigación contra la Comercializadora Internacional J. Gutiérrez y Cía. S. A, una de las exportadoras de oro más importantes del país, que entre 2006 y 2016 reportó operaciones por $10,4 billones. La Fiscalía capturó el jueves pasado a 11 personas que habrían participado en operaciones ficticias que permitieron lavar billonarias sumas de dinero de un negocio que mezcló dineros criminales producto de la minería ilegal y una empresa que puso en juego una reputación construida en el último siglo.
Entre los capturados están el representante legal de C. I. J. Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la Comercializadora, Margarita Rosa Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Roberto Muñoz; el contador Guillermo Antonio Rojas, y seis proveedores -de una decena que están en lista para ser arrestados-, quienes a través de un carrusel de empresas fachadas realizaron operaciones ficticias e irregulares de compraventa de oro. Hasta el momento la Fiscalía ha estimado que se lavaron activos por $2,4 billones, dinero que, según el expediente, se legalizó con exportaciones y pagos en efectivo con cheques cobrados en Bancolombia.
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La compañía C. I. J. Gutiérrez se formalizó en 1936 en Medellín, con el objetivo de realizar operaciones de comercio exterior de metales y promocionar así los productos nacionales en el mercado internacional. Pregonando principios de transparencia y honestidad, e impulsando a la pequeña industria de explotación minera en cabeza de los barequeros, creó oficinas en regiones como el Bajo Cauca, Chocó, Caldas y el Magdalena Medio, que históricamente han sido escenario de conflicto armado, para la recepción del oro. Hoy el 99 % de sus ingresos, que en 2016 rondaron los $1,5 billones, provienen de ventas en el exterior, en países como Suiza y Estados Unidos.
La investigación contra la Comercializadora de Medellín comenzó por mensajes que llegaron a través de dos cuentas de correos electrónicos, que resultaron ser de dos delatores que conocían el negocio y revelaron detalles por medio de comunicaciones que enviaron desde el 2 de febrero de 2016 hasta el 9 de julio de 2018. El primer correo, conocido por este diario, llegó bajo el asunto “C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A. es la empresa de lavados de activos más grande del mundo. Han lavado más de $9 billones en los últimos 10 años. Esta es la verdadera mafia del mercado de oro en Colombia”, los delatores hicieron un recuento de las irregularidades.
Según la denuncia, entre 2006 y 2016 C. I. J. Gutiérrez montó una red de empresas fachadas y proveedores que prestaron su nombre para legalizar oro ilegal. El objetivo era evitar la relación directa de la Comercializadora con el oro no registrado, por lo que se acudía a los terceros para que formalizaran el metal a través de supuestas compras en efectivo que certificaban el origen lícito de la explotación. La Fiscalía inició sus pesquisas y encontró que varios de esos negocios se hicieron con personas muertas o inexistentes en la base de datos de la Registraduría, empresas de papel o usuarios del Sisbén, al punto que también varias de las transacciones las tuvieron que reportar a nombre de terceros sin identificación.
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Gran parte de estas transacciones se realizaron por fuera del sistema financiero y en efectivo. Los análisis a las finanzas de los proveedores establecieron que no se registraban en sus cuentas bancarias movimientos por cifras similares a los cientos de miles de millones que reportaron como producto de la comercialización de oro. Se concluyó que los intermediarios no tenían la capacidad económica para sostener la actividad comercial y que se utilizó intensivamente el efectivo para evitar reportes sobre la trazabilidad del dinero. Una movida que para la Fiscalía permitía evadir impuestos, falsificar exportaciones y lavar activos producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca, Antioquia y Caldas.
Los delatores en los correos entregaron nombres de representantes legales, revisores fiscales, contadores, socios y proveedores que estarían implicados en el negocio ilegal, que funcionaba supuestamente de la siguiente manera: “Cada barequero o chatarrero está siendo reportado como productor de varios cientos o hasta miles de gramos de oro, cuando en realidad una persona que se dedica a esta actividad puede extraer (sin ayuda de maquinaria pesada y sustancias contaminantes) como máximo un gramo de oro al día”. Si bien los denunciantes nunca se presentaron personalmente ante las autoridades, la Fiscalía ordenó un estudio sobre las finanzas de la C. I. J. Gutiérrez entre 2006 y 2016.
El objetivo del ente investigador era comprobar si la Comercializadora presentaba incrementos patrimoniales injustificados y comprobar la hipótesis de presuntos delitos cometidos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo que se evidenció con el análisis es que la sociedad C. I. J. Gutiérrez logró un crecimiento vertiginoso y que en 10 años llegó a registrar compras de oro a proveedores por $10,3 billones, de las cuales $1,6 billones fueron en efectivo, según documentos de la DIAN.
En total, la Fiscalía manifestó en la imputación de cargos que, con base en los reportes oficiales, las operaciones irregulares fueron por casi $1,3 billones. Otra de las irregularidades encontradas es que C. I. J. Gutiérrez realizó acciones similares a las de Goldex, la primera de las grandes exportadoras de oro en caer por operaciones ficticias a principios de 2015. Es más, varias de las personas que aparecen realizando negocios con los proveedores de la C. I. J. Gutiérrez fueron llamadas a declarar en el caso Goldex y le dijeron a la Fiscalía que nunca han ejecutado actividades relacionadas con la minería. Esos testimonios reafirmaron la hipótesis del ente investigador sobre las movidas ilegales en las que habría incurrido la Comercializadora durante 10 años.
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Una de las alertas que encontró la Fiscalía en el análisis financiero de C. I. J. Gutiérrez fue los negocios que entre 2006 y 2010 realizaron con personas vinculadas a procesos penales. En 2006, 2007 y 2008 tuvo vínculos comerciales con la empresa Minero Regómez y Compañía Ltda., de la cual era socio en un 50 % Jairo de Jesús Rendón Herrera, hermano del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Fredy Rendón Herrera, conocido en las filas del paramilitarismo como el Alemán. Y en 2010, la Comercializadora le compró casi $2.000 millones en oro a Jairo Hugo Escobar, denominado el Zar del oro y quien fue condenado a 55 años de cárcel por financiar grupos ilegales y el homicidio de cuatro mineros.
Los capturados
Los dos capturados por la Fiscalía de más alto perfil son Andrés Vieira Gutiérrez y Margarita Rosa Escobar Pérez. El primero fue escogido desde 1996 por la junta directiva de C. I. J. Gutiérrez como gerente y representante legal. Vieira, de 56 años, es un reconocido empresario y fue uno de los que firmaron las declaraciones de renta presentadas por la compañía a la DIAN. A su vez, Margarita Escobar fue escogida como gerente interina en 1996. Sus tareas eran apoyar a Vieira y el manejo de los proveedores. Sin embargo, el 30 de agosto de 2018 renunció a su cargo.
Juan Roberto Muñoz Zapata fue otro de los empleados de C. I. J. Gutiérrez capturados. Fue revisor fiscal, por lo que auditó los estados financieros de la empresa sin hacer salvedades y firmó, junto al representante legal Vieira, las declaraciones de renta ante la DIAN. En una ocasión reportó lo siguiente: “Los citados estados financieros, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de C. I. J. Gutiérrez al 31 de diciembre de 2010-2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo”.
Guillermo Rojas fue el contador de la Comercializadora desde junio de 1994 hasta marzo de 2017. Fue el responsable, bajo la guía del representante legal, de otorgar certificaciones en las que acreditó haber verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros. “Los mismos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad”, manifestó en varios documentos. En pocas palabras, era el encargado de vigilar la información contable, es decir, el registro de operaciones comerciales, las cuales, al parecer, terminaron siendo ficticias y simuladas. Para la Fiscalía, este fue uno de los responsables de las acciones cometidas por C. I. J. Gutiérrez.
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En la primera fase de esta investigación fueron capturados siete proveedores de 13 que estarían implicados en las movidas ilegales de la exportadora de oro. Se trata de Henry Alexánder Hernández Remolina, José Guillermo Ortiz Olarte, Elkin de Jesús Pérez Yepes, dueño de las sociedades Promotora de Inversiones y Negocios EPY S.A.S. y El Bijao Gold SAS; Sebastián Flórez Vélez, representante legal de Inversiones Caliche Gold SAS; Adolfo León Olano González, propietario de la sociedad Río Pison; Saúl Horacio Rojas, accionista de Compra de Oro e Inversiones La Draga SAS, y Marisela del Carmen Sanes Olmos, representante legal de Compra de Oro e Inversiones El Dorado SAS.
El único que aceptó cargos fue Henry Alexánder Hernández Remolina, proveedor de C. I. J. Gutiérrez, que entre 2011 y 2016 le vendió $186.800 millones de oro. Se registró en la Cámara de Comercio como comerciante al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primarias, en los municipios de Aguachica (Cesar) y Bucaramanga (Santander), y entre 2011 y 2016 su centro de operaciones fue Santa Rosa, del sur de Bolívar, considerada una región de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Según los reportes de la DIAN, realizó operaciones ficticias e irregulares por $120.800 millones.
Entre los casos más curiosos están el de Elkin de Jesús Pérez Yepes y Sebastián Flórez Vélez. El primero constituyó en 2014 la empresa El Bijao Gold SAS, con un capital de $40 millones, y extrañamente le vendió a C. I. J. Gutiérrez ese mismo año $45.000 millones en oro. Para la Fiscalía, de ese dinero, alrededor de $30.000 millones corresponden a operaciones simuladas. Asimismo, Pérez habría hecho lo mismo con la sociedad Promotora de Inversiones y Negocios EPY S.A.S., que reportó negocios con la Comercializadora por $388.442 millones entre 2011 y 2014. A su vez, Sebastián Flórez, siendo representante de la sociedad Inversiones Caliche, le vendió a la exportadora cerca de $361.000 millones en oro.
La Fiscalía continúa investigando las movidas de C. I. J. Gutiérrez y está analizando las rutas de exportación que siguieron los gramos de oro comprados irregularmente en Colombia. Tienen conocimiento de que ha tenido relación con cerca de 15 compañías en el exterior. Sin embargo, al revisar registros de la DIAN sobre estos negocios de comercio exterior, algunos no coinciden. Este caso forma parte de la Operación Leyenda de El Dorado, la arremetida del ente investigador contra las comercializadoras que estaría lavando activos producto de la minería ilegal en Colombia. Una estrategia para frenar el impacto ambiental y los ríos de sangre producto de la guerra por el control de las minas de oro.
“Que el Banco de la República vuelva al monopolio del oro”
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que las estructuras criminales han migrado a la minería ilegal y que es urgente repensar que el Banco de la República sea el único comercializador de oro en Colombia, como lo fue hasta 1991, cuando se desconcentró la compra del metal. “Esta industria no existía porque había un monopolio. Es necesario poner este tema en la agenda nacional”, agregó el fiscal Martínez.
Según el ente acusador, solo en 2017 se exportaron US$1.247 millones en oro, por lo que el año pasado dirigió una carta al fiscal general de Estados Unidos solicitando regular el ingreso de oro a su territorio aduanero como si fuera un instrumento monetario.
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