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La justicia está bajo amenaza en el Valle del Cauca. Esta semana, Sebastián Caicedo Castillo, un miembro de la banda delincuencial La Inmaculada, fue imputado por amenazar de muerte a un juez penal en Tuluá durante la audiencia en la que el funcionario judicial lo sentenció por el delito de extorsión agravada. Sin embargo, su caso no es el único que ha ocurrido en contra de funcionarios de la rama judicial como jueces y fiscales en lo que va de 2023 en ese departamento. Cifras conocidas por El Espectador dan cuenta de que el Valle del Cauca ha sido este año una de las zonas en las que se han presentado más casos de amenazas y hostigamientos contra la justicia.
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De acuerdo con las cifras entregadas a este diario por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) —que le ha hecho seguimiento a los casos de violencia contra servidores judiciales— en 2023 se han recibido 53 denuncias en todo el país y, de esas, 10 se originaron en el Valle del Cauca. Los casos registrados por el Fondo dan cuenta de que este año fueron amenazados dos jueces —uno de ellos víctima también de agresiones—, tres juezas, dos fiscales hombres y tres fiscales mujeres. Asimismo, ocurrieron actos de violencia como el ataque con explosivos contra los juzgados de Tuluá en la noche del 12 de septiembre pasado, en el que no hubo personas heridas, pero sí daños a las instalaciones y un claro gesto de violencia contra la justicia.
En el Valle del Cauca, de acuerdo con información de la Rama Judicial, el circuito que administra la justicia está dividido en Buenaventura, Buga, Cali y Cartago. En concordancia con los datos, hay 12 tribunales en el departamento, todos ubicados en la capital. Mientras que los 30 juzgados que hay están divididos entre Cali, que alberga 21 juzgados; y Buenaventura, Buga, y Cartago, tiene tres cada uno.
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Los hechos de violencia contra los funcionarios judiciales en esa zona del país se agravan por la presencia de distintos grupos armados. De acuerdo con FASOL, solamente en Tuluá hacen presencia La Oficina de Tuluá (o La Inmaculada) y el grupo Los Cancerberos, autores de panfletos que han circulado por la ciudad en contra de los servidores de la justicia. Asimismo, el Fondo resalta que en Buenaventura hay presencia del Cartel de Jalisco, cuyos integrantes aparecieron en un video difundido por redes sociales patrullando las calles del municipio con armas de alto calibre. Estas acciones, de acuerdo con el documento conocido por este diario, generan tensión entre grupos criminales, afectando las dinámicas sociales como la administración de justicia y la seguridad de sus operadores en el territorio.
Directivos de Asonal judicial en el Valle del Cauca hablaron con El Espectador y aseguraron que la violencia contra los funcionarios judiciales en ese departamento es de vieja data. “Con el tema del cartel de Cali y el cartel de Medellín, mientras el cartel de Medellín se enfrentó a sangre y fuego al Estado colombiano, el cartel de Cali lo permeabilizó, penetró múltiples instituciones, incluyendo la justicia, logrando con eso cooptar la justicia para sus intereses. Luego vienen aprehensiones a varios del cartel de Cali, particularmente a los Rodríguez, pero también junto con ello se presentaron múltiples enfrentamientos con otros carteles y generaron unas polarizaciones, divisiones, muertos”, manifestaron a este diario.
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Asimismo, señalan que la importancia del Valle es alta para grupos criminales, pues al tener el puerto de Buenaventura, hay mucho “negocios ilícitos que se mueven por esa ruta y es la justicia de acá la que tiene que entrar a resolver”. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, “en Buenaventura, el paso del mundo por la Costa pacífica hacia Colombia y de ahí de Buenaventura se irriga hacia todo el país y obligan prácticamente a pasar siempre de Buenaventura para Cali y todo lo que se maneja allá es altamente complicado, en donde todos esos conflictos terminan vinculados a la desigualdad. El conflicto se agrega prácticamente en manos de los funcionarios judiciales y esos funcionarios tienen una presión muy grande para fallar o resolver a favor de esas estructuras organizadas”.
Una organización enquistada en Tuluá
El escenario que tienen que enfrentar los jueces, y en general la población del Valle del Cauca, está plagado de grupos criminales. En el caso puntual de los jueces, La Inmaculada es una de las organizaciones criminales que más los acecha, grupo que lleva años dominando el crimen organizado en Tuluá y que en 2014 amenazó al Tino Asprilla y el cantante Charrito Negro, habitantes de la zona en ese entonces. Además, es la banda criminal señalada de estar detrás de un número indeterminado de decapitados que aparecen en las calles de este municipio, en medio de las disputas que tiene la banda con otras estructuras que han intentado quitarle terreno.
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Entre diciembre de 2014 y enero de 2015, las autoridades capturaron a alias Porrón y alias Pipe, líderes de la banda criminal La Inmaculada, la cual desde hace aproximadamente diez años domina el mundo criminal en Tuluá. Desde que estos dos temidos criminales están tras las rejas, las disputas y purgas dentro del grupo ilegal han desatado una cruenta batalla por quién se hará cargo del negocio del narco y microtráfico, las extorsiones y la venta de armas ilegales, entre otros. A su vez, el enfrentamiento que La Inmaculada tiene con la banda de La Santa Cruz y los frecuentes operativos de la Policía han logrado desbaratar, por momentos, su estructura criminal. Además, fuentes de la inteligencia policial señalan que alias Pipe sigue dando órdenes de la cárcel la Picota.
Esta organización criminal también es señalada de estar agazapada en el rótulo del denominado Cartel de la Cebolla, una organización difusa que en los últimos años también ha aparecido en los registros judiciales y periodísticos por su accionar criminal. En 2019, se produjo la captura de un hombre relacionado con las extorsiones a comerciantes por la venta de cebolla y el cilantro: alias el Gordo Padilla, un hombre que estaría al servicio de alias el Porrón, líder de la banda La Inmaculada y que, según fuentes policiales, sigue dando órdenes a sus hombres desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Lo que le preocupa a los habitantes de Tuluá es que familiares de Padilla tendrían poderosas conexiones políticas y económicas en el municipio que son el verdadero poder.
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Los hechos de violencia, aunque han repercutido gravemente sobre la justicia en el departamento, también han afectado a comerciantes y civiles que han sido víctimas de secuestros y extorsiones. Esta semana, fueron hallados los cuerpos de un padre y su hijo en la zona rural de Jamundí. Tras el hecho, y sumando los demás actos de violencia, la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al ministro de Defensa para que “dé orden perentoria de desplegar un plan candado con toda la fuerza pública disponible en la zona y si es necesario, traer refuerzos para liberar a los secuestrados”. La política resaltó que la Fuerza Pública será fundamental para cumplir con su “propuesta de un plan de seguridad regional para el suroccidente del país”, tal como lo escribió en su cuneta de X (antes Twitter).
Hace dos meses, en octubre de 2023, la Fiscalía y la Policía revelaron una nueva y peligrosa alianza de La Inmaculada. El día 11 de ese mes, las autoridades anunciaron que habían recapturado Henry Loaiza Ceballos, alias Alacrán, un viejo narcotraficante del cartel del Norte del Valle y que nunca abandonó el bajo mundo. Según el ente investigador, este jefe mafioso conformó otro grupo criminal en esta zona del Valle denominado Los Mágicos y que ejecutaba diferentes crímenes junto a antiguos miembros de las FARC y los hombres de la Inmaculada. Aunque las autoridades dan un parte de tranquilidad porque se han hecho importantes operativos y capturas, los pobladores señalan que, mientras no se capturen a quienes en realidad ostenta el dominio en la sombra, tarde o temprano, la criminalidad emergerá.
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