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Evidentemente no son pocas las reformas que, de tiempo atrás, el país tiene pendientes. La de las fuerzas militares y de policía, la de los organismos de inteligencia, la del régimen territorial, la del poder electoral, la de los organismos de control, en fin, son todas reformas que los colombianos esperan desde que se adoptó la última Carta Política.
Ninguna de ellas ha sido seriamente planteada por nadie, desde el 91 hasta hoy. Ni el gobierno, ni el congreso, ni los partidos, ni siquiera las mismas entidades territoriales han propuesto acomodar su régimen a las prescripciones progresistas de la Constitución, cuyos textos –en esa materia- resultaron desarrollados por leyes restrictivas.
Hay, sin embargo, dos reformas recurrentes: la política y la de la justica. De ambas hablan a menudo los gobernantes, los congresistas, los dirigentes políticos, los ex presidentes, los candidatos y, de la última de las mencionadas, hablan también los magistrados de las altas cortes, los ex magistrados y algunos otros miembros de la comunidad jurídica.
Desde 1991 hasta hoy se han aprobado varias reformas políticas y se han frustrado varios intentos de reformar la justicia. Ni aquellas han producido resultados positivos, ni estos han devaluado la imagen de los jueces. Pero los ajustes que se han hecho en el ámbito de las dos actividades, a duras penas, resuelven problemas de coyuntura.
En un momento dado estas dos reformas se vinculan a través de fronteras imprecisas. El fortalecimiento institucional de los órganos que administran justicia debe correr parejo con una reforma, en sede parlamentaria, que mejore la técnica legislativa y la capacidad del Congreso para formular las leyes.
Pero además debe hacerse un amplio debate que genere deliberación y facilite la construcción de consensos entre los funcionarios de la rama judicial, el ejecutivo, los sectores políticos, las organizaciones sociales y la misma opinión pública, con relación a la importancia de la reforma y a las prioridades en los respectivos proyectos.
A estas dos reformas les ha faltado “país”. Por eso ninguno de los ajustes adoptados hasta hoy –ni en el ámbito del ejercicio político, ni en el de la administración de justicia- ha significado un auténtico paso hacia la solución de sus más graves problemas. Se trata de dos reformas recurrentes que siguen siendo reformas pendientes.
También las altas cortes –particularmente la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado- necesitan ser revisadas en su naturaleza y en sus funciones. El ex presidente Darío Echandía lo anticipó desde hace treinta o cuarenta años, cuando propuso, la creación de una Corte especializada en el control constitucional.
El país necesita, dijo entonces el maestro, crear una corte constitucional y convertir la otra en una corte de casación. ¿Supone tal propuesta entregar a una sala de ésta última la función contencioso-administrativa, y transformar el Consejo de Estado en organismo consultivo, al cual puedan incorporársele las funciones del Consejo Nacional Electoral y las del Consejo Superior de la Judicatura? No tengo la respuesta, pero vale la pena discutirlo.
En todo caso el Consejo de la Judicatura, cuyo sentido es garantizar la independencia del poder judicial, ha desvirtuado por completo su función. Su sala disciplinaria ha sido acusada, por las demás cortes, no sólo de fallar en términos de conveniencia, sino de convertirse en punta de lanza de los políticos para neutralizar la independencia del poder judicial. Sólo hay una respuesta: su reforma es urgente.
Ex senador, profesor universitario.
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