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“Usted, señor Tapia Aldana, era quien dirigía y tomaba las decisiones en esa unión temporal”. Con esa frase, la Fiscalía sintetizó en parte, sus argumentos en contra del reconocido contratista, Emilio Tapia, en el caso del polémico contrato del Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic) con la unión temporal Centros Poblados. La manifestación la dio durante la imputación de cargos contra Tapia y otras dos personas: el representante legal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde, representante de Rave Seguros. Durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, el ente investigador presentó una serie de pruebas y testimonios para demostrar la supuesta complicidad entre Tapia, Laverde y Duque en la adjudicación, al parecer corrupta, del polémico contrato firmado con Mintic.
Las fichas clave de la Fiscalía fueron dos testigos del caso: Jorge Alfonso Molina García Mayorga, quien habría ayudado a conseguir unas supuestas pólizas falsas para el contrato, y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de Novotic, una de las empresas que conformó la unión temporal. Según la Fiscalía, los dos hombres acudieron al ente investigador para señalar y aportar pruebas contra Laverde, Tapia y Duque, quienes se declararon inocentes en la imputación.
Según las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía, cuando el Ministerio abrió la billonaria licitación del contrato que se terminó quedando Centros Poblados, habría existido un acercamiento entre Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona y Emilio Tapia. El negocio buscaba llevar internet a escuelas de zonas rurales de Colombia. Tapia, que estaba interesado en comprar la empresa ICM Ingenieros, contactó al dueño de Novotic, que tenía experiencia en temas de tecnología y comunicaciones. Cáceres Bayona, dice la Fiscalía, habría aceptado aliarse con Tapia y su compañía entró a conformar la unión temporal Centros Poblados, junto a ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building. Estas tres últimas, supuestamente, dirigidas en la sombra por Emilio Tapia, a través de abogados como Herles Ariza y Estefanía Pupo.
El audio
Una de las principales pruebas de la Fiscalía contra Emilio Tapia fue extraída del celular de Juan Carlos Cáceres Bayona. Allí, los investigadores encontraron un audio del contratista que decía: “Juanca, ahí te mando lo de las baterías. Esos son los tiempos que me acaba de dar…Ya te marco, termino acá una reunioncita y ya te llamo”. Según la Fiscalía, Cáceres y Tapia estarían hablando sobre las baterías de litio de los computadores que serían instalados en los centros digitales, aunque el contrato no hablaba de instalación de esos equipos.
Según le habría dicho Cáceres al ente investigador, la propuesta y el contrato presentados para la adjudicación del contrato no contaban con exigencias o especificaciones sobre la calidad de los equipos o los materiales que se usarían para dar cumplimiento al acuerdo. Así, sostuvo la Fiscalía, Tapia, conocido como el zar de la contratación por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá durante la Alcaldía de Samuel Moreno, actuó de manera consiente en lo que calificó como un entramado de corrupción.
Los chats
Para la Fiscalía, Juan José Laverde y Emilio Tapia actuaron con pleno conocimiento de que, “estaban participando en la falsificación de un documento privado, denominado garantía de seriedad de la oferta para presentarlo en la propuesta de una licitación pública”. Con este supuesto acto, dijo la fiscal del caso, no se soportaba la capacidad financiera real de ninguna de las empresas que conformaron la unión temporal a la que se le adjudicó el contrato con Mintic para la conexión a internet de más de un millón de estudiantes en diferentes departamentos del país.
De acuerdo con lo que reveló la Fiscalía, Laverde habría invitado a Jorge Alfonso Molina García Mayorga, otro de los testigos estrella, a la oficina de Emilio Tapia. “Ellos dos (Laverde y Tapia) son socios”, le habría comentado Molina al ente investigador. Según la fiscal, Molina accedió a conseguirles la garantía. Así mismo, añadió el ente investigador que fue un trámite de una hora en el que Centros Poblados no tenía un solo documento que mostrara su solidez financiera, ni siquiera tenían a la mano la cédula de su representante legal, Luis Fernando Duque. Aun así, Molina les entregó la garantía con el membrete del Banco Itaú -que ha negado cualquier vínculo con el negocio-.
Banco Itaú
Dentro del material probatorio presentado por la Fiscalía hubo una prueba grafológica con la cual, según el ente investigador, quedaría demostrado que las supuestas firmas de funcionarios del Banco Itaú son falsas. Esta prueba corroboraría lo dicho por la entidad bancaria a finales del mes pasado, cuando en un comunicado aseguraron que “se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos”.
En la misiva del banco, también sostuvieron que “se informó en su momento al Ministerio y a los organismos de control, el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad”.
La relación del banco con el escándalo del contrato se da porque, en su primera rueda de prensa, Luis Fernando Duque, y el apoderado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, contaron que recibieron de buena fe la garantía bancaria de Itaú, la cual el Mintic denunció por falsedad. En ese momento, Centros Poblados dijo que el documento no se podía tachar como falso hasta que así lo determine un juez. Y, además, argumentaron que la unión temporal había hecho el trámite de la garantía a través de una reconocida empresa: Rave Seguros. Ellos, a su vez, han dicho que lo que pudo hacer Laverde para conseguir ese documento lo hizo como un particular y no un funcionario de su planta.
Las pruebas contra Luis Fernando Duque
El ente investigador también presentó un chat entre Juan Carlos Cáceres Bayona y Luis Fernando Duque en el que, según dijo la fiscal, se sustenta la teoría de que el representante legal de Centro Poblados sí estaba enterado de las garantías bancarias que habrían buscado para la adjudicación del contrato. Duque le dijo a la Fiscalía que él se había desentendido del tema en particular. “En el interrogatorio, el señor Luis Fernando manifiesta que no tiene ni idea de dónde se sacó la plata para pagar esas garantías bancarias”, manifestó la fiscal en la audiencia.
Así mismo, dijo la fiscal del caso, Luis Fernando Duque habría incurrido en una obstrucción a la justicia al haber dicho que no conocía de cómo había sido el trámite de esas garantías. Dentro de los chat presentados, hay mensajes en los que, según el ente investigador, se prueba cómo Duque llevó hasta el final la vigilancia del pago de las garantías y no como Duque o ha dicho: que lo engañaron a él y a la unión temporal. “Los cupos de crédito de los que se hablan eran meras certificaciones, más no créditos reales que pudieran reflejar recursos para acreditar la capacidad financiera de las empresas. De allí viene el conocimiento del señor Luis Fernando Duque de ese modus operandi de conseguir esas certificaciones bancarias”, sostuvo la fiscal.
La audiencia de imputación fue suspendida hasta el próximo viernes, cuando se espera que se resuelva la medida de aseguramiento en contra de Duque, Laverde y Tapia por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. El escándalo del que son protagonistas por ser los primeros capturados, le costó el cargo a la exministra de las Tic, Karen Abudinen, quien no descarta presentarse como víctima en el caso. La defensa de la exministra estaría basada en que ella y funcionarios del Mintic habrían sido engañados por los contratistas, quienes, supuestamente, presentaron documentos falsos de bancos y aseguradoras.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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