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“Yo en inteligencia batí un récord, fui comandante del Charry (Solano), del Coici (Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército) y de la Brigada 20 por cuatro años. Nadie en la vida del Ejército ha sido comandante cuatro años”, dijo a la Fiscalía el general (r) Iván Quintero Ramírez en mayo de 2008, cuando tuvo que presentarse ante el ente investigador en una indagación por desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
A pesar de esta declaración, Ramírez Quintero ha estado bajo la lupa de las autoridades en varias ocasiones. La más reciente es por cuenta del llamado que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que asista a una versión voluntaria en el caso del exterminio de la Unión Patriótica. Sin embargo, este es solo uno de los casos que lo tienen ante estrados judiciales.
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Desaparición y tortura en la retoma del Palacio de Justicia
Iván Ramírez Quintero es un general retirado del Ejército que por cuatro años comandó la Brigada 20 de esa institución, la cual era la encargada de labores de inteligencia y contrainteligencia. Aunque decidió dejar la vida castrense en el 2000, su salida no evitó que tuviera que dar explicaciones de lo que hizo la brigada que comandó, pues ha sido señalada varias veces de cometer actos violatorios de los derechos humanos, lo que lo hizo ser blanco de investigaciones y cuestionamientos.
El militar fue el comandante de inteligencia del Ejército durante la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte de las fuerzas militares entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Víctimas de este hecho han denunciado públicamente que militares bajo el mando de Ramírez los retuvieron y torturaron acusándolos de ser guerrilleros. Incluso, a la brigada comandada por el hoy retirado militar, se le señala de desaparecer personas que salieron con vida del edificio.
Los señalamientos contra el militar por las presuntas desapariciones y torturas empezaron en 1991, cuando el hoy también retirado sargento Bernardo Garzón Garzón declaró ante la Procuraduría que el área de inteligencia del Ejército había secuestrado a la estudiante de derecho e integrante del M-19, Irma Franco. Según dijo Garzón en ese entonces, a ella la retuvieron en una camioneta “condicionada para interrogatorios”, y “al parecer se encuentra muerta”. Por su presunta responsabilidad en esto, Ramírez Quintero fue capturado en mayo de 2008 por la sospecha que se tenía de su participación en la desaparición de 11 personas, una de ellas, precisamente, Irma Franco.
Sobre las desapariciones de personas que salían de Palacio, altos mandos militares empezaron a pasarse la pelota. Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de las Fuerzas Militares durante la retoma del edificio, aseguró que fueron los hombres de inteligencia, comandados por Ramírez Quintero, quienes torturaron y desaparecieron a civiles y guerrilleros. Por su parte, el general (r) Iván Ramírez señaló que, con esa versión, Plazas Vega solo buscaba responsables para tapar sus actos.
Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes para la época de la toma del Palacio era estudiantes de la Universidad Externado, llevan más de tres décadas reclamándole al Estado por las torturas de las fueron víctimas. Según los relatos de Matson, en la retoma del edificio, militares los llevaron a las instalaciones de la institución y “todo el que iba entrando nos pegaba patadas y nos cogía del pelo y nos decían ‘guerrilleros hijueputas’”.
En contra de estas declaraciones, Ramírez señaló que en la versión de Matson y Santodomingo había varias contradicciones. Según dijo el militar en 2008, los estudiantes aseguraban que en la Casa del Florero y, después, en la sede del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia había uniformados torturándolos, pero Ramírez afirmó que sus agentes no portaban uniformes. Esta afirmación del militar ha sido de gran relevancia en la investigación, pues, en muchas de sus declaraciones, Matson y Santodomingo han sostenido que sus agresores eran hombres principalmente vestidos de civil.
En 2016, Ramírez Quintero fue llamado a indagatoria luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por la desaparición forzada de rebeldes, funcionarios de altas cortes y civiles inocentes. Pero, a la fecha, esa investigación no ha avanzado y ahora es la JEP la que tiene el expediente en su poder.
Persecución y exterminio de la UP
Otro de los casos por los que ha sido señalado el retirado general ha sido por su presunta participación en persecución de los integrantes de la Unión Patriótica (UP) después de algunos acuerdos firmados con las Farc en 1985. En cuanto a la UP, los miembros del partido de izquierda fueron perseguidos y asesinados más de 5.000.
Ramírez Quintero debe comparecer ante la Sala de Reconocimiento de la JEP los próximos 21 y 22 de diciembre de 2021 para hablar sobre su paso por la Brigada 20 del Ejército, que se extinguió en 1998 por los múltiples señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Desde 2018, la JEP tiene en su poder informes que darían cuenta de la supuesta relación del exterminio de la UP por cuenta de agentes del Estado. Por estos hechos, Ramírez Quintero fue llamado por esa jurisdicción, por primera vez, en diciembre de 2020.
Organizaciones y civiles que se consideran víctimas de hechos en los que Ramírez Quintero habría tenido responsabilidad, lo reconocen como el oficial más representativo en la historia de la inteligencia del Ejército en más de 30 años. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) es una de las organizaciones que ha señalado al militar por estos actos, asegurando que tiene responsabilidad en los actos de tortura, desaparición, persecución y asesinato en los casos del Palacio de Justicia y de la UP.
El Cajar ha dicho que, como comandante de inteligencia de la institución castrense, Ramírez Quintero tenía una “política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia. Desde 1977 hasta finales de 1998 los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas”. Por ahora, la JEP, que cuenta con amplia documentación sobre el caso de la UP, espera que el testimonio del militar sea un insumo más a la investigación para el esclarecimiento del caso.
Desde su solicitud de acogerse a esta jurisdicción en 2018, la JEP le pidió acta de compromiso y que expresara “el compromiso concreto, programado y claro en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas”. Ante esto, el general (r) respondió: “[Les voy a entregar] mi verdad y mi versión sobre los hechos materia de investigación”.
Un año después, en septiembre de 2019, el militar firmó el acta de compromiso que le pidieron y, en diciembre de ese mismo año, le dieron diez días para radicar un compromiso de verdad “suficiente”, pues el que presentó, según la JEP, “carece de información detallada sobre los hechos y las circunstancias de cada caso, sobre los aportes de verdad que se podrán llegar a efectuar, y sobre la manera de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas”.
Ante la petición Ramírez dijo que comprometerse a decir algo más sería violar su presunción de inocencia, que la JEP era un “derecho” que ostentaba como militar y que a él no tenían por qué ponerle condiciones para ingresar al sistema de justicia transicional que nació con el Acuerdo de Paz.
Las órdenes de la casa Castaño
En abril de 1998 fue asesinado el defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. Semanas antes de su asesinato, Umaña denunció ante el CTI que miembros de la Fiscalía, el Ejército y funcionarios de Ecopetrol planeaban matarlo; todo esto tras años de persecución en su contra en los que fue víctima de intentos de desaparición y amenazas. Aunque al sol de hoy no hay mayores avances en la investigación del crimen, lo que ha podido recopilar la Fiscalía es que detrás de ese asesinato hubo trabajos de inteligencia y ayuda por parte del Ejército al grupo paramilitar que ordenó al atentado.
Al igual que el caso Umaña, el ente investigador ha dicho que los crímenes de Jaime Garzón en agosto de 1999, el de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado en 1997 y el del abogado Jesús María del Valle en 1998, fueron ejecutados bajo el mismo modus operandi: ayuda de uniformados de inteligencia para hombres de la casa Castaño. Los cinco casos fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Pese a que jefes paramilitares como Diego Murillo, alias Don Berna, o Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Hébert Veloza García, alias H. H, le confesaron a la Fiscalía en 2015 que los asesinatos habían sido autoría de sus hombres, durante varios años las autoridades tuvieron una hipótesis muy diferente.
Esa teoría fue añadida al proceso por unos informes de inteligencia que, precisamente, elaboró los hombres de la Brigada 20 al mando de Ramírez Quintero. En el caso de Umaña el comando de inteligencia aseguró que el asesinato era el resultado de una alianza entre las Farc y el Eln. La rama del Ejército comandada por Ramírez Quintero aseguró que la supuesta alianza se dio porque los guerrilleros querían lograr la fuga de dos reclusos. Umaña se negó a ser cómplice y lo mataron para que no revelara el plan.
Luego de que esa teoría quedara sin piso, varios militares fueron llamados a juicio por los mencionados asesinatos ya que se habrían estudiado a detalle las rutinas y vida de las víctimas. Hoy, la Fiscalía investiga el papel de los uniformados al mando de Ramírez Quintero en estos crímenes que, más que nunca, dejan en evidencia que agentes del Estado fueron determinantes para su ejecución.
El desencuentro con Estados Unidos
En mayo de 1998, el gobierno de Estados Unidos canceló la visa del general Ramírez Quintero y justo en menos de una semana, la Brigada 20, que por años dirigió, fue desactivada. Detrás de esos dos hechos estuvo el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette. Al finalizar su misión diplomática, el propio embajador aseguró que esa unidad de inteligencia del Ejército estaba auspiciando la creación de escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre Derechos Humanos, que llegó hasta los despachos del Departamento de Estado.
Al informe de Frechette se le sumaron denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre presuntas irregularidades en la Brigada y, para rematar, se conocieron con más detalle las pesquisas que estaba haciendo la Fiscalía contra varios miembros de la misma unidad militar por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en noviembre de 1995. Con la Brigada 20 clausurada y Ramírez Quintero por fuera de ella, el propio oficial (r) aseguró que el embajador trató de darle órdenes, pero él se opuso.
Según el general retidado, su rechazo a Frechette ocasionó que “se volviera” su enemigo. Tras su salida de la unidad militar, Ramírez Quintero pasó de dirigir las investigaciones de inteligencia de las Fuerzas Militares a ser un agregado militar en Chile. “Ahí sí me retiré porque se me acabó el techo”, aseguró el propio oficial. A pesar de haber dicho eso y los años que estuvo en el extranjero, retornó como asesor del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Señalamientos no probados
Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el militar fue señalado de formar parte de una estructura armada ilegal denominada Alianza Anticomunista Americana o Triple A, la cual, al parecer, estaba involucrada en casos de desapariciones y torturas. Aún así, estas denuncias no prosperaron, al igual que en la década de 1980, cuando lo señalaron de propiciar ejecuciones contra líderes de izquierda. Aunque fue absuelto por el caso del Palacio de Justicia, su sentencia fue apelada, todavía no se ha resuelto ese episodio y, con el envío del caso a la JEP, no es claro tampoco qué ha logrado avanzar esa jurisdicción.
Mientras se resuelve ese capítulo de su vida, ahora Ramírez Quintero deberá contar su versión sobre lo que ocurrió en la historia de la UP, un compromiso que debe cumplir para poder quedarse en la JEP, como así lo pidió el año pasado cuando pidió ser incluido en esa jurisdicción. Aunque las historias de su pasado siguen reclamando respuesta ante los estrados judiciales, él insiste en que nada tuvo que ver con los hechos que sucedieron mientras estuvo al mando de la desaparecida Brigada 20.
Por Jhordan C. Rodríguez
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