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Tras la culminación del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, que suscitó la visita a Colombia del secretario general de la ONU y mensajes de apoyo de la comunidad internacional, ya se asoma otro aniversario. El 31 de diciembre se cumple un año de que a la extinta guerrilla se le acabara el plazo para entregar los bienes que reportaron en 2016 y con los que, según se acordó en La Habana, se reparará a las víctimas; pero aún no entregan todo. “Se han hecho denuncias. Hay muertos de por medio”, le dijo a este diario Pastor Alape, líder de los ex-Farc. Por su parte, Emilio Archila, consejero para la Estabilización, señaló: “El que está incumpliendo aquí no es el Gobierno”.
La espinosa discusión ya ha llegado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía. Y, mientras de parte y parte señalan incumplimientos, parece no haber una salida a la vista, pues ni siquiera hay un consenso sobre las cifras, que, en una discusión de este calibre, tienen un peso político. Por ejemplo, el Gobierno estima que la extinta guerrilla apenas ha entregado un 8 %, en estos cinco años, de todo lo que prometieron entregar y es monetizable. “Obligarlos a que entreguen bienes no está dentro de las facultades que tenemos”, expresó el consejero Archila. El balance no es sencillo.
La economía paraestatal
Según Alape, que ha sido el vocero designado por Comunes ―como pasaron a llamarse las extintas Farc―, el debate, “más allá de lo monetizable, es político”. Lo explicó así: la entidad encargada de recibirles los bienes y volverlos dinero es la Sociedad de Activos Especiales (SAE), institución que asume el control del patrimonio incautado a la mafia para que pase a las arcas del Estado, tras extinciones de dominio. “Es muy complicado si no se hace el ajuste institucional en la misión de la SAE, porque es una agencia cuya función es manejar recursos de mafiosos y no el recurso de una estructura política que tenía un manejo de Estado paralelo en el territorio”, manifestó Alape.
El argumento de Alape no es nuevo. Desde que las Farc entregaron a las autoridades un extenso inventario, en 2016, donde incluyeron todo lo que ellos denominaron “la economía de guerra”, se avizoraban polémicas. “Lo que decidimos fue declarar absolutamente todo lo que se había invertido: por eso aparecen escobas, vías, escuelas”, recordó Alape. “Colombia ha sido un Estado atrasado y ha funcionado el para-Estado: terceros han asumido la justicia, la economía”, señaló. Uno de los mayores componentes de su inventario estaba, precisamente, en carreteras, pues aseguraron haber construido 3.753 kilómetros.
“Quien viaje de San Vicente del Caguán a La Macarena sabe que esa carretera la construyeron las Farc. Incluso, quien viaje de Neiva a San Vicente del Caguán, por la vía Balsillas, va a encontrar que del Alto Pato hasta San Vicente fue también organizada por las Farc. Eso, por ejemplo, no lo ha recibido el Estado”, señaló Alape. La negativa de las autoridades a recibir esas vías, escuelas y demás obras que hizo la guerrilla en zonas rurales tiene un fundamento concreto: no son transformables en dinero para reparar a las víctimas. Esos recursos pasan de la SAE a la Unidad de Víctimas y de allí sale la financiación para iniciativas de los sobrevivientes del conflicto.
Sin embargo, el líder de la extinta guerrilla explicó: “Nosotros no éramos banqueros, yo no soy el gerente de una compañía legal. Centrarnos en la monetización sería desconocer que éramos una organización política. Y entonces, ¿el valor social?”. De esa lectura, precisamente, sale el cuestionado 8 % de bienes entregados que Comunes ha reprochado. Según cifras de la Consejería para la Estabilización, de los $967.000 millones que reportaron los excombatientes, solo $548.000 millones se pueden traducir en dinero. Y de esta última cifra, los ex-Farc no lo han entregado todo. Aunque esa afirmación tiene matices.
Detrás de las cifras
En el Acuerdo de Paz no se puso un plazo límite a la entrega de bienes. Cuando el presidente Iván Duque llegó al gobierno, lo puso: la fecha final sería el 31 de julio de 2020. Con la pandemia del covid-19 hubo retrasos y el plazo se corrió hasta diciembre. “Habíamos coordinado con el Ministerio de Defensa para que les dieran la seguridad a quienes iban a las entregas de bienes, porque hay sitios a los que no es fácil llegar. Incluso coordinamos con el Ministerio de Salud para que en esa época se hiciera cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Y el resultado, pues, siguió siendo el mismo”, expresó el consejero Archila.
Alape contestó que tienen documentación de cómo, en varias de las entregas programadas, la fuerza pública les manifestó que no podía garantizar su seguridad. A su vez, el líder de Comunes enlistó varios eventos que les han costado vidas: “Mario Morales ―comandante del extinto frente 37 ― fue asesinado en el sur de Bolívar en una misión de ubicación de predios. En Sumapaz fue asesinado un campesino: entregamos unos predios a la SAE y se armó un conflicto. A otro compañero le secuestraron a una hermana, le tocó a ir a allá y le dijeron: ‘Es que usted está de sapo entregando bienes’. No es fácil, como para que un funcionario desde Bogotá se ponga a decir tonterías”.
Así, cuando llegó la fecha límite, solo los dólares en efectivo que reportaron en las listas fueron entregados en su totalidad. En contraste, de $12.070 millones que habían inventariado, entregaron $2.114 millones. En el caso del oro, entregaron 252.000 gramos, que la SAE ya subastó por US$11 millones, pero es un poco más de la mitad de lo que aparecía en el inventario. Aunque reportaron 319 vehículos, entregaron ocho. En resumen, no todo lo que dijeron tener hace cinco años está en manos de las autoridades. “Ellos argumentan que sus bienes se los llevaron; se los robaron. Que ya no tenían control sobre algunos bienes”, agregó el consejero Archila.
Pero las cifras tienen matices. Por ejemplo, en el caso de las tierras. Alape dijo que reportaron 200 bienes que se extienden por más de 100.000 hectáreas. Sin embargo, la mayoría de esos inmuebles son baldíos, por lo cual la SAE no puede venderlos ni rentarlos. “Incluso, les hemos dicho a nuestros muchachos: ‘Vayan, métanse y trabájenlo, a ver si cuando venga otro gobierno puede implementar el Punto 1 y formalizamos esa tierra’”, señaló Alape, refiriéndose a la Reforma Rural Integral, a la vez que reprochó la actitud del gobierno Duque con ese punto del Acuerdo de Paz, donde el catastro multipropósito ya reporta retrasos.
Otro ejemplo es el de los semovientes. “Eran 20.724 cabezas de ganado y 527 equinos. La mayoría estaban en el Meta y apenas nosotros salimos de esa zona, las estructuras armadas cayeron y se llevaron casi el 100 %. De ese ganado, pudimos entregar 229 unidades. No se procedió inmediatamente a la entrega. Tampoco hubo recursos”, recordó Alape. Y a renglón seguido señaló: “Cuando entregamos el inventario, nosotros ya estábamos desarmados; entonces ¿ahí la custodia quién la asume? ¿O el Estado me está diciendo: ‘Vuélvase a las armas y proteja esto hasta que el Estado tenga la capacidad de custodiar esos bienes?’”.
Cuando se venció el plazo para la entrega, el Gobierno hizo un corte de cuentas y le entregó información a la JEP y a la Fiscalía para que investiguen si hay responsabilidades individuales que puedan llevar a sanciones. A su vez, durante todo este año, la puerta ha estado abierta para que las extintas Farc continúen en la entrega de bienes, según explicó Archila, porque “si uno no paga la renta a tiempo no quiere decir que ya no tiene que pagarla. Si no la pagó a tiempo, se le venció el plazo, pero sigue teniendo que pagar la renta”. No obstante, durante este año no ha habido mayores avances.
A corte de noviembre de 2021, las Farc entregaron recursos del inventario por la suma de apenas $31 millones, representados en 29 cabezas de ganado y cuatro vehículos. Según explicó Alape, se trató de un lío por unos vehículos que finalmente lograron desenredar: “Unas lanchas rápidas en el Chocó que estaban pudriéndose en el ETCR Brisas. Se pudo negociar con la SAE para que la cooperativa pagara su valor y pudieran usufructuarlas. En términos reales, le costaba más a la SAE sacarlas de allá o chatarrizarlas”. Además, señaló que han hecho otras visitas para concretar entregas de bienes en el Caribe, pero en lo que va de 2021 no se ha hecho ninguna.
La reparación sigue
En diálogo con este diario, el consejero Archila confesó que han tomado una actitud pragmática. “Nuestro lineamiento ha sido: ‘Utilicemos los recursos que vayamos consiguiendo’. Los usamos donde se cruzan las reparaciones colectivas, lo que nos piden en los planes de retorno y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”. Así, según cuentas su oficina, ya se han utilizado $43.000 millones de los bienes entregados por las Farc para reparar a decenas de víctimas del conflicto ubicadas en municipios PDET a través de distintos programas, como la indemnización o la entrega de bienes para que los usen las comunidades afectadas por la guerra.
En últimas, cinco años después, el lío jurídico parece no acabar. De hecho, en el más reciente informe de verificación a la implementación del Acuerdo, el CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) señalaron sobre este punto: “El Gobierno y Comunes todavía no han encontrado soluciones que permitan dar una salida para el cumplimiento de este compromiso establecido en el Acuerdo, lo que pone en riesgo la contribución de las extintas Farc en la entrega de bienes, los cuales están destinados a la reparación de las víctimas, lo cual, a su vez afecta la confianza entre las partes y de la sociedad en este crucial componente”.
En medio del lío, Archila sugiere que una de las formas de sanción “es decirles a quienes hacen el seguimiento: ‘Por favor, señalen que de parte de las Farc hay un incumplimiento’”. Para el líder de Comunes, es crucial tener claro que ya se perdieron vidas por este pleito. Ahora bien, el informe de seguimiento del CINEP y CERAC remata: “Vale aclarar que, a pesar de las controversias suscitadas, las partes mantienen su voluntad de continuar con la finalidad de monetizar los bienes y activos para la reparación de las víctimas del conflicto”. Falta ver si las partes llegan a un nuevo acuerdo de qué camino tomar con los bienes o si será una madeja que deba desenredar el siguiente gobierno, como sugirió Alape.
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