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Un caso de violencia intrafamiliar tiene en líos judiciales a Danny Alberto Álvarez Sanabria, contralor provincial de la Contraloría General en Meta, pues fue llamado a juicio por un presunto caso de violencia intrafamiliar. La madre de su hijo, y expareja sentimental, lo señala de haberla agredido física, psicológica y verbalmente en varias ocasiones, incluso en presencia del niño de tres años. En los documentos del caso, conocidos por El Espectador, la Fiscalía deja constancia de que el funcionario público tiene antecedentes de problemas mentales.
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Yubin Yenei Ramón es la expareja sentimental de Álvarez y madre del hijo que tienen. Desde septiembre de 2020, la mujer lo ha denunciado porque, supuestamente, la agredió física y verbalmente en agosto de ese mismo año, cuando estaban con su hijo. Según la presunta víctima, el funcionario de la Contraloría llegó al apartamento donde vivían y, después de tener al niño en sus brazos, empezó a lanzar comentarios agresivos y amenazas contra la mujer. Como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, Álvarez Sanabria es paciente psiquiátrico que padece de depresión, ansiedad y es reactivo y violento.
Asimismo, en su relato la víctima afirma que no era el primer caso de agresión por parte de Álvarez. Según ella, en febrero de 2019, cuando la relación ya había terminado, lo denunció por las agresiones de las que asegura haber sido víctima durante tres años y cuatro meses, cuando eran pareja. La mujer dice que en esa ocasión la denuncia no surtió ningún efecto, pues, de acuerdo con los documentos en poder de este diario, el funcionario la amenazó diciéndole que había hablado con el fiscal para retirar la denuncia, y que si volvía a tomar acciones como esa “la iba a matar”.
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En esa ocasión, Medicina Legal presentó un informe sobre el caso que denunció Yubin Yenei Ramón y expuso que la presunta víctima tenía diversos factores de riesgo: Dependencia económica y emocional, miedo a represalias, actitud violenta de su presunto agresor y preocupación por la crianza de sus hijos, entre otros. Ante los factores, el Instituto consideró que la mujer estaba “en riesgo extremo, debido a las agresiones físicas, y verbales de las que ha sido víctima por parte de su expareja”.
Tras el informe de Medicina Leal, en diciembre de 2020, un juzgado de Villavicencio decidió otorgarle a Yubin Ramón medida de protección, con la que se le prohibió a Álvarez acercarse a menos de 100 metros de la presunta víctima y la custodia de su hijo quedó en cabeza de ella. A pesar de la medida ordenada por el juzgado, los presuntos actos de violencia por parte de Álvarez continuaron. La denuncia más reciente contra el funcionario de la Contraloría es de diciembre de 2021.
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El último acto de violencia habría ocurrido a finales de noviembre de este año, cuando, según Ramón, entre ella y Álvarez decidieron hacer una reunión en una finca para celebrar el cumpleaños de su hijo. Según la mujer, el niño había amanecido enfermo, por lo cual le pidió al funcionario que le devolviera algo del dinero del alquiler de la finca para atenderlo, a lo cual él le habría respondido nuevamente humillándola por su condición económica y diciendo que solo le daría el dinero cuando se vieran en el lugar con el niño.
Tras discutir por el tema, la mujer aceptó ir a la finca donde sería el cumpleaños, y allí, según ella, la esperaban los familiares de Danny Álvarez, entre los que había varios niños primos de su hijo. Horas más tarde, entrada la noche, al sitio llegó el funcionario de la Contraloría, quien aún tenía la orden de permanecer a más de 100 metros de ella, pero Ramón no le prestó atención, pues, de acuerdo al relato que le dio a la Fiscalía, lo tomó como algo “normal entendiendo que la familia de él estaba allí”. El hombre fue a saludar a su hijo y a llevarlo a dormir a una de las habitaciones, pues, según la mujer, ya era tarde y dejó que se lo llevara al interior de la casa.
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Al ver que Álvarez no regresaba, la presunta víctima ingresó a la casa y abrió la puerta donde estaban el hombre y el niño, pero se percató que su hijo seguía despierto y le dijo a su expareja que se lo diera para dormirlo, a lo cual él respondió con violencia, algo que, en esta ocasión, la mujer no soportó más y lo atacó. Ante esto, de acuerdo con lo dicho a la Fiscalía, el hombre lanzó al niño a la cama y empezó a ahorcar a Ramón. En ese momento, la niñera del hijo de Álvarez se dio cuenta de lo que pasaba y comenzó a gritar, alertando a los demás asistentes a la fiesta.
Según lo dicho al ente investigador, Álvarez salió de la habitación ahorcando a la mujer para después lanzarla a la piscina, allí los invitados lo detuvieron y ayudaron a sacarla del agua, mientras que el hombre gritaba que se iba a llevar al niño. Según el relato entregado a la Fiscalía, el hombre se llevó a la niñera y a su hijo en su carro, mientras que la mujer contactó a los padres del funcionario, quienes le dijeron que lo mejor sería esperar a que amaneciera, además que no había ningún problema, ya que la cuidadora del menor estaba con ellos. Horas después, el hombre entregó el niño a los abuelos para que se lo devolvieran a su madre.
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Ante las múltiples denuncias, la Policía inició una serie de entrevistas a los familiares de Álvarez, presuntos testigos de las agresiones, quienes, de acuerdo al expediente, decidieron guardar silencio acogiéndose al artículo 33 de la Constitución, que dice: “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad”. Con la repetición de los actos de violencia y por el silencio de los familiares del funcionario de la Contraloría, el abogado de la víctima, Julián Quintana, le dijo a este diario que “parece ser que también va a haber acusación en los otros casos”.
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