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Mientras de puertas para afuera los partidos sostienen un discurso pro paridad e inclusión de mujeres en los escenarios políticos y de poder, hacia dentro la situación es cuestionable. Al cierre de inscripciones para Congreso en diciembre de 2021, El Espectador alertó que, pese a los compromisos hechos en varios espacios, incluido este diario, las colectividades y coaliciones no cumplieron con listas 50-50. Esto teniendo en cuenta que hacía apenas un año se aprobó el nuevo Código Electoral, que exige la paridad en las listas de elección a corporaciones, y había un entendimiento en la opinión pública y política sobre la necesidad de que más mujeres fueran electas y, más importante aún, que su participación fuera efectiva y real.
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Para las elecciones del pasado 13 de marzo, las mujeres fueron casi el 40 % de las candidatas y para el Congreso 2022-2026 serán alrededor del 30 % de las legisladoras, logrando, más de 10 años después, una meta que se había fijado con la Ley 1475 de 2011, más conocida como la Ley de Cuotas. En la conquista por los derechos de las colombianas y la irrupción en espacios de poder cualquier avance hay que celebrarlo, pues han sido a través de pasos pequeños, pero contundentes.
Sin embargo, esos logros han sido “a pesar de” y no “gracias a” los partidos, los cuales no cumplen con las medidas de acción afirmativa establecidas, como la Ley de Cuotas, que no solo establece un mínimo de mujeres candidatas, sino que dispone de unas exigencias a nivel económico para impulsar, incluir y formar política y electoralmente no solo a las mujeres, sino a otros grupos históricamente marginalizados y subrepresentados, como los jóvenes y las poblaciones étnicas.
Por primera vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigaciones a las organizaciones políticas por incumplimiento del artículo 18 de la Ley 1475, que obliga la destinación del 15 % de los recursos estatales percibidos para “la formación y capacitación política y electoral, así como para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político”. Es un 5 % por cada grupo especial. En este artículo nos concretaremos exclusivamente en las mujeres.
Manipulación de la Ley de Cuotas
Antes de entrar en detalles sobre el financiamiento y si los partidos cumplen o no con la destinación del 5 % de los recursos estatales para incluir a las mujeres, es importante entender el panorama con relación a la Ley 1475 de 2011, que además de disponer cuota, también pone unas exigencias en cuanto a la inversión, como se dijo. Esto un poco para instruir cómo unas acciones puntuales responden a la cuota y pueden extenderse a desconocer o ignorar otras disposiciones igual de importantes para la participación efectiva de las mujeres.
Transparencia por Colombia, en un informe sobre corrupción y género, presentó un caso de estudio sobre candidaturas marginales que afectan la participación efectiva de las mujeres, a la luz de la Ley 1475. Más allá de tildar a los partidos de corruptos por utilizar a las mujeres para cumplir con la cuota del 30 %, la organización insiste en que hay unas prácticas de abuso de poder y manipulación de la normativa que, en el caso particular, va en detrimento de los derechos políticos de las mujeres y, en algunas situaciones, como las expuestas en el nombrado documento, por desconocimiento y desinformación, que no las exime de responsabilidad, algunas candidatas terminan con investigación por no cumplir con la rendición de cuentas de sus campañas. Según algunos testimonios recogidos por Transparencia por Colombia, no sabían de la obligatoriedad de presentar los estados financieros y las colectividades nunca las ilustraron en el asunto. ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos de asegurarse que todos sus avalados cumplan con la ley, pese a las escasas opciones de que tengan algunos de ganar?
“Los partidos y movimientos políticos incurren en actos impulsados por la manipulación en la selección de candidaturas para cumplir con la cuota de género, en el incumplimiento de la destinación de los recursos para la inclusión y formación de las mujeres y evaden al no reconocerse como actores esenciales para promover la participación y representación política de las mujeres”, es una conclusión general a la que se llega con la investigación del caso que trata de analizar los efectos en los derechos de las mujeres por prácticas corruptas.
Para Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, esta realidad puntual sobre manipulación de la Ley de Cuotas es una práctica riesgosa, que podría terminar en un riesgo de corrupción. “La definición de la corrupción es manipular un bien que tienes adjudicado para buscar un beneficio particular por encima del general. En este caso, si el partido político tiene el poder de conformar sus listas, y de hecho sabe que para poder participar en la política necesita conformar listas con determinada cuota de mujeres, pero lo que hace es que, a través de manipulaciones y desinformación, incluye a esas mujeres en las listas y después no hacerse responsable por ese proceso de formación, sino que las operacionaliza o las instrumentaliza para cumplir con la cuota, diríamos que ahí hay un riesgo grande. Es una acción que no está siendo congruente con los precedentes de participación, que obviamente está llevando a que estas mujeres se les empiece un proceso de investigación en el tribunal electoral por no cumplir con las normas. Y en ese momento es cuando uno dice: ¿el partido dónde está?, ¿por qué las manipuló para que fueran parte de las listas y no las acompañó en su proceso de rendición de cuentas?”.
Los partidos no están cumpliendo con el 5 %
“El actual sistema de acceso al poder político para las mujeres presenta varias barreras, formales e informales, que limitan las posibilidades de participación política de las mujeres, siendo el acceso a recursos para financiar sus campañas y promover su formación y liderazgo, una de estas. Lo anterior impide el desarrollo de competencias electorales en igualdad de condiciones”, se lee en el informe “Acceso a recursos para la inclusión de las mujeres en política”, de Transparencia por Colombia. Según dicho documento, las brechas a nivel económico son: 1. Poca destinación de recursos para la inclusión de las mujeres en la política. 2. Poca claridad sobre la destinación de los recursos estatales para tal fin. 3. Falta de equidad en el acceso a los recursos para las campañas políticas. 4. El sector privado destina menos a mujeres. 5. Las organizaciones no apoyan en igual medida las campañas de las mujeres.
Desde hace años, Transparencia por Colombia le ha puesto el ojo a cómo y en qué los partidos están invirtiendo el 5 % de los recursos estatales que reciben para la inclusión de las mujeres, dispuesto por la Ley 1475 de 2011, como una medida para entender esas brechas. Y la situación parece no cambiar. El último informe sobre el tema, correspondiente a los años 2019 y 2020, demuestra que de 14 colectividades analizadas, solo cuatro cumplieron en 2019 (año de elecciones regionales) y apenas tres en 2020 (ver gráfico). “Lo que estamos viendo es un patrón que ya hemos venido analizando de tiempo atrás, en términos de cómo se financian las campañas de hombres y mujeres.
Para estas elecciones, según como van los conteos, las mujeres son el 30 % de los electos. Esta información que ofrecemos es una oportunidad para que entiendan cómo está el escenario para las candidatas y qué medidas hay que adoptar para alcanzar equidad en los cargos de representación, teniendo en cuenta el Código Electoral, que aún no sale de la Corte Constitucional”, dijo Sandra Martínez.
Hay que apuntar, además, que la ley señala que un 5 % de los recursos públicos serán destinados a los partidos que tuvieron mujeres electas en corporaciones o cargos uninominales. “El incluir este porcentaje también es una forma de fomentar el interés desde las organizaciones políticas para que haya más mujeres elegidas, lo que a su vez debería contribuir a que haya menos candidaturas marginales y/o simbólicas de las mujeres dentro de listas a corporaciones públicas”. Este incentivo parece no alentar a los partidos para buscar mujeres competentes y prepararlas para que resulten electas. Es decir, para los comicios de marzo, si las mujeres no hubieran sido el 30 % de las electas, sino, por ejemplo, el 50 %, las colectividades y coaliciones recibirían más dinero que por los hombres electos.
De acuerdo con datos analizados por Transparencia, en 2019 y 2020 los partidos recibieron en promedio 4,24 % de recursos estatales solo por tener mujeres elegidas, es decir, más de $5.570 millones. “Disponer de recursos específicos por mujeres elegidas es una manera de fomentar la participación política de ellas, puesto que al incluir un enfoque de género en la definición de estos montos se espera que estos repercutan en los procesos de selección de candidaturas, y en el interior de las estructuras partidarias para hacerlas más incluyentes. Esta cifra no es significativamente alta y da cuenta de la importancia de reforzar los mecanismos de apoyo a las candidaturas de mujeres para asegurar su acceso efectivo a la política”, comenta el informe.
Lo que invierten los partidos en inclusión de mujeres
Más allá de mirar si los partidos cumplieron o no con la destinación del 5 % para la inclusión de las mujeres, hay que ver en qué los invirtieron. Los aspectos que impulsa la Ley 1475 de 2011, para la promoción de las mujeres es la formación en estrategias de comunicación, electoral, política, publicaciones y otros gastos, siendo este rubro en el que más reportan inversión. En 2019, el rubro “otros gastos” redundó en los $911’287.697 y, en 2020, en $436’591.780, siendo el segundo valor, después de formación política.
Transparencia por Colombia se dio a la tarea de revisar a dónde se iba el dinero de “otros gastos” y otros rubros que parecen no responder a su propósito, que es la de formar a las mujeres en diferentes ámbitos para prepararla política y electoralmente: pago de salarios y honorarios, transporte (pasajes o gasolina), gastos contables, alimentación (refrigerios, desayunos, almuerzos, compra de víveres), artículos decorativos (arreglos florales, tarjetas del Día de la Mujer, regalos para los niños en Navidad) y pago de seguridad social y parafiscales.
“El pago de salarios y honorarios, así como el de seguridad social y parafiscales son gastos administrativos que deberían estar reportados con el código 201, “gastos administrativos”. Asimismo, los gastos de transporte deberían estar reportados con el código 205, “gastos de transporte”, al igual que los gastos en artículos decorativos que deberían ser reportados con el código 202, “gastos de oficina y adquisiciones. Llama la atención encontrar gastos reportados como servicios prestados para la entrega de regalos navideños para niños vulnerables, así como gastos relacionados a la celebración al Día de la Mujer, como arreglos florales, alfajores, tarjetas y monederos. Este tipo de gastos no tienen relación con la participación política de las mujeres ni contribuyen a aumentar el número de mujeres que obtienen cargos de elección popular”, destaca el informe.
Sandra Martínez concluye: “De fondo, realmente creo que estamos evidenciando un problema significativo y es que, de alguna manera, hay un discurso que es casi una retórica de la inclusión de la mujer, de la valoración, pero en la práctica no hay congruencia. Y eso nos lleva, quizás, a un problema más de fondo, y es a la violencia de género, que en la participación política también se ve. Esta idea de que las mujeres tienen que dedicarse a unas actividades y los hombres a otras. Y cuando la mujer se presenta en escenarios masculinizados lo tiene más difícil. Entonces hay una serie de barreras, estigmas y prejuicios desde lo cultural, social, político y económico que hay que abordarlos, porque solo con las medidas institucionalidades y normativas no las vamos a superar”.
Una verdadera inclusión efectiva de las mujeres demanda la articulación de estrategias que no solo atraviesan lo formal, sino lo educacional. Eso no significa que en los colegios deban enseñar la Ley 1475 y las herramientas para la inclusión de la mujer, sino que parte de un entendimiento colectivo y social de la necesidad y la importancia de que las colombianas también estén en los espacios de poder, compitiendo para llegar a estos en condiciones de igualdad y tomando decisiones, sin sentir la presión de la obligación normativa.
Cifras sobre la inclusión y financiación de mujeres
– $5.576 millones recibieron los partidos en 2019 y 2020 por mujeres electas en 2018 y 2019. Esta suma representa el 4,2 % de los recursos estatales percibidos.
– 2,2 % fue lo que los partidos destinaron en 2019 y 2020 para la inclusión de mujeres. Esto es $2.949′669.687 menos recursos que los recibidos por mujeres electas.
– 54 % de los gastos para la inclusión de las mujeres en 2019 están destinados a “otros gastos”, que corresponden a regalos, transporte, entre otros.
– 34 % de los gastos para la inclusión de las mujeres en 2020 están destinados a “otros gastos”, que, como en 2019, corresponden a regalos, transporte, entre otros.
– 77 % menos reciben las mujeres en donaciones por parte de empresas.
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