Crece optimismo entre petristas

¿Cuál es la situación actual de los procesos que se llevan en contra del alcalde Gustavo Petro? ¿De qué recursos judiciales dispone él para su defensa? ¿Qué posición tiene el Estado frente a las medidas cautelares que solicitó Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? Esos fueron los tres interrogantes que la CIDH le transmitió al gobierno colombiano en una carta enviada a la Cancillería el pasado 7 de enero, con el fin de obtener información para decidir si Petro puede recibir o no las medidas cautelares que pidió hace menos de dos meses. El Gobierno responderá hoy, jueves 9 de enero, a través de canales diplomáticos.

En Washington —sede de la Comisión—, los abogados de Petro señalaron a fines de noviembre de 2013 que los derechos políticos del mandatario de Bogotá estaban siendo violados por cuenta de una supuesta persecución ideológica, religiosa y política por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Hoy, la posibilidad de que a Petro se le otorguen esas medidas cautelares es un elemento fundamental en los cálculos de la defensa del alcalde, a quien el pasado 9 de diciembre la Procuraduría destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años, por considerar irregular el cambio del esquema de basuras.

Una decisión en favor de Petro por parte de la CIDH complementaría la estrategia jurídica que se está ejecutando para evitar la salida del mandatario del Palacio Liévano, la cual incluye la petición de que el Congreso nombre un procurador ad hoc para que éste, y no Ordóñez, tenga la última palabra sobre la sanción de Petro; la recusación (pedir que se declaren impedidos) de Ordóñez, la viceprocuradora Marta Castañeda y la Sala Disciplinaria del Ministerio Público, y la reiteración de que es el presidente Santos el único que finalmente tiene la facultad de destituir al alcalde de Bogotá.

En los círculos cercanos al alcalde crece el optimismo de que la CIDH intervenga directamente sobre el fallo de la Procuraduría. “La idea es que la Comisión alcance a ordenar la suspensión del procedimiento administrativo disciplinario hasta que se pronuncie de fondo en el caso”, explica Rafael Barrios, abogado de Petro en el escenario internacional. “Creemos que el plazo perentorio dado nos señala que la comisión está en un trámite ágil para decidir sobre las medidas que hemos presentado. Creemos que van a tomar la decisión, máximo, la próxima semana”, agrega el jurista.

El caso de fondo al que se refiere Barrios es la segunda petición que Gustavo Petro le hizo a la CIDH: que analice si el Estado colombiano podría ser condenado por permitir, o por lo menos hacerse el de la vista gorda frente a la supuesta persecución ideológica, religiosa y política en su contra por parte del procurador Ordóñez. “Como están de por medio los derechos políticos de los votantes y del elegido, se aplica un criterio para agilizar los trámites. Todo el procedimiento se demoraría máximo cuatro años”, asegura Barrios. Un caso en el sistema interamericano, por lo general, dura en promedio siete años.

Fuentes que conocen el sistema interamericano fueron consultadas por este diario y manifestaron que la petición que la CIDH le acaba de hacer al Estado es normal en el desarrollo de una solicitud de medidas cautelares, pues la CIDH necesita recolectar toda la información posible para tomar una determinación. Sostienen, sin embargo, que es un asunto procedimental, que no necesariamente se traduce en que Petro vaya a recibir las medidas.

Este recurso, como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo explica, funciona desde hace más de 30 años como un “instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente”. El año pasado, por ejemplo, recibieron medidas cautelares las Damas de Blanco (esposas de presos políticos cubanos), Carlos Mora (cabo del Ejército colombiano y supuesto testigo de ejecuciones extrajudiciales) y los reclusos de la base militar de Guantánamo (la Comisión exige el cierre del centro de detención).

Si las cosas salen como Petro las ha planeado, mañana la Plaza de Bolívar se llenará con miles de personas dispuestas a protestar contra su destitución. Alfiles del petrismo llevan varios días moviéndose para traer no sólo gente de las distintas localidades de Bogotá sino de todo el país, aunque en la Alcaldía también hay gente poco optimista con el alcance de esta convocatoria. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral anunció que las votaciones del 2 de marzo, en las que el mandato de Petro podría ser confirmado o revocado, contarán con la veeduría de la OEA y la Unasur.