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La primera sesión del Concejo de Bogotá se alejó mucho del aura meramente protocolaria que algunos le asignan. El 1 de enero, a las 3:00 P.M. los 45 nuevos concejales de la ciudad tenían la posibilidad de elegir a los 3 miembros de la junta directiva de la corporación. Ese era el principal punto del día y se comenzó a desarrollar tras la acostumbrada presentación de los cabildantes y sus propuestas para la ciudad.
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Como se auguraba, el presidente del Concejo iba a ser alguien de la bancada del Nuevo Liberalismo, partido que tiene ocho curules y es el grupo con mayor número de candidatos junto a la Alianza Verde. En efecto, 44 concejales, salvo Juan Daniel Oviedo, quien votó en blanco, decidieron elegir Juan Javier Baena, del Nuevo Liberalismo.
El problema vino después con la designación del primer vicepresidente de la corporación. De acuerdo con el Estatuto de Oposición, presente en la Constitución y reglamentada en 2018, esta posición debe ser ocupada por un miembro de las bancadas declaradas en oposición al gobierno de turno. Para este caso, los 7 cabildantes del Pacto Histórico y Juan Daniel Oviedo, abiertamente declarados en oposición, eran los legalmente opcionados para ocupar esta oposición.
No obstante, esto no se dio así. De manera sorpresiva, cuando todo apuntaba a que Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, iba a ocupar la primera Vicepresidencia, el concejal Emel Rojas postuló a Rolando González, del Partido Radical, que probablemente se declararía como partido independiente. Finalmente, fue González el elegido para ocupar este cargo y no otro cabildante de la oposición.
Evidentemente, la bancada del Pacto saltó en cólera y denunció que el nombramiento de Rolando González, y el de Julián Espinoza (Alianza Verde) como segundo vicepresidente, lo cual, además de dejar por fuera a la oposición de la mesa directiva, viola el principio de paridad de género que establece el reglamento del Concejo de Bogotá. Sin embargo, el nombramiento de los tres cabildantes como los directivos de la corporación, a pesar de ser ilegítimo, desde el punto de vista político, no estaría evadiendo el componente jurídico del Estatuto.
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Así lo explicó Andrés Torres, abogado especialista en derecho electoral. El jurista explica que la norma, en efecto, establece que los partidos de oposición tienen el derecho a ocupar la norma directa de las corporaciones regionales del país. Sin embargo, para tal efecto, “deben declararse en oposición inmediatamente un mes después de haberse instalado las sesiones en el Concejo de Bogotá”.
Esto quiere decir que cualquiera de las bancadas electas y pertenecientes a la Corporación, deben radicar una petición al Consejo Nacional Electoral para que se les reconozca, como oposición del gobierno o en curso, o en cualquiera de los otros dos estatus establecidos por la norma —independencia o gobierno—.
Pese a lo anterior, dado que la elección de la mesa directiva se da en el primer día del año, cuando es imposible radicar una solicitud frente al CNE de tal naturaleza, hay dos caminos a seguir por parte de las corporaciones, en este caso el Concejo de Bogotá:
“La primera, es que el presidente electo someta a votación el aplazamiento de esta elección para la segunda semana del mes, cuando los horarios administrativos del CNE permitan realizar este proceso de inscripción que estipula el Estatuto de Oposición. La segunda, es que en franca lid política, en respeto de la norma y del flujo correcto de la democracia, el Concejo tome la decisión de elegir la mesa directiva conforme a los principios constitucionales”, explicó el experto. Y aunque el presidente Baena intentó aplazar la decisión, 30 de los 45 concejales votaron en contra.
Otra de las posibilidades, según la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, se implementó hace 4 años, cuando el entonces presidente del Concejo y ahora alcalde, Carlos Fernando Galán, decidió aplazar la elección del vicepresidente para que un miembro del partido Cambio Radical, que tenía la intención de declararse en oposición, ocupara el cargo.
Dado el inconveniente en los tiempos burocráticos, el jurista Torres, consultado por este diario, explica que la jurisprudencia electoral, establece que para la segunda legislatura del Concejo, es decir, la que comenzaría el próximo año, “sería ineludible la elección de un miembro de las bancadas a la mesa directiva de las corporaciones u asambleas departamentales”.
Por ende, dado el mecanismo jurídico mediante el cual funciona el Estatuto, el Pacto Histórico deberá aguardar a la próxima votación para acceder a la mesa directiva. Entre tanto, miembros de la bancada, e incluso el propio Presidente Gustavo Petro, anunciaron que demandarán la elección de Sánchez y Espinoza. El Jefe de Estado, fue más lejos, y dijo que radicaría la demanda frente Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
Habrá que esperar hasta qué punto trascienden las acciones jurídicas con las que la oposición defenderá su derecho constitucional. Mientras tanto, en el transcurso de las sesiones que tengan lugar en el Recinto de los Comuneros, tendrán una cancha desequilibrada, en la medida en que la junta es la que decide el orden del día sobre los proyectos y controles políticos a debatir. Solo queda fiarse de la palabra del presidente Juan Javier Baena, quien afirmó que será imparcial y equilibrará las cargas en la corporación durante esta primera legislatura.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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